Sánchez acepta ahora someter al CNI a un mayor control político para contentar al PNV

El PSOE ya había rechazado en el pasado esta medida por considerar que una reforma de tal calado tenía que partir del Ejecutivo y no de los grupos parlamentarios, pero ahora la situación es distinta. La debilidad parlamentaria de Sánchez le obliga a tender puentes con los socios de investidura y esta es una norma de especial importancia para el PNV. 

El Congreso de los Diputados aceptó este martes la toma en consideración de la norma que plantean los nacionalistas vascos, que también persigue que el director del Centro pase a depender del presidente del Gobierno y no del ministro de Defensa, como ahora. La intención es fijar de forma más clara las responsabilidades políticas. 

Rodrigo Mínguez

Junts y PNV registran la creación de comisiones sobre los atentados del 17-A y la 'Operación Cataluña'

Se busca igualmente que las actividades del CNI sean autorizadas por un órgano colegiado formado por tres magistrados del Tribunal Supremo, en determinados casos por unanimidad, algo que ahora corresponde a un solo magistrado, para preservar el secreto de las actuaciones. 

Los expertos en Inteligencia consideran que este tipo de reforma puede complicar la actuación del CNI y burocratizar en exceso sus actividades, lo que podría implicar un deterioro en la forma de llevar a cabo sus operaciones. 

Al margen de los expertos, el epicentro de esta reforma busca que las responsabilidades políticas de los servicios de Inteligencia sean asumidas directamente por Moncloa. Desde que Sánchez llegó al Gobierno en 2018, el nombramiento del director o directora pasa por el Ministerio de Defensa, cuya titular es Margarita Robles. 

Si bien es evidente que el presidente del Gobierno avala el nombramiento de un cargo de tal calado, el que no dependa orgánicamente de Presidencia puede servir de cortafuegos en caso de polémica. De aprobarse definitivamente la ley, esto ya no sería así y sería el presidente del Gobierno el que tendría que rendir cuentas en esas ocasiones. 

El PNV ya registró una ley muy similar en 2022 a raíz del caso Pegasus. En ese momento, se conoció que los teléfonos móviles de decenas de políticos en España habían sido espiados con ese programa, que sólo se vende a Estados. Entre los afectados estaba el entonces presidente de Cataluña, Pere Aragonès. 

La entonces directora del CNI, Paz Esteban, fue destituida a raíz de ese caso y el asunto se convirtió en una bestia negra para independentistas y nacionalistas, socios de Sánchez y ahora con más poder del que tenían antes por la debilidad parlamentaria del Gobierno. 

Ballesteros EFE

Los socios de Sánchez exigen ya investigar al CNI por "su implicación" en el atentado de Las Ramblas

A pesar de que los independentistas se pudieron cobrar la cabeza de Paz Esteban, el PSOE y Unidas Podemos votaron en 2022 en contra de la toma en consideración de la norma propuesta por el PNV. También votaron en contra formaciones como PP y Vox, lo que hizo que la norma decayera. 

Desde el Gobierno aseguraban, en privado, que la reforma no les satisfacía por ir en contra de los intereses generales y, en público, que algo de tal calado tendría que partir del Ejecutivo con los correspondientes informes jurídicos y que ya se estaba trabajando en un anteproyecto de ley de información clasificada que abordaría la materia. 

Pero ahora la situación es radicalmente distinta. La debilidad parlamentaria y la necesidad de contentar a unos socios que ayuden a mantener la legislatura en pie han llevado al PSOE y a Sumar a votar esta vez a favor y permitir que la proposición de ley sea tomada en consideración para continuar con su trámite parlamentario. Desde el PSOE se han excusado en que "los tiempos han cambiado" y que hay que actualizar la ley, que tiene 20 años de antigüedad. 

Sin embargo, para el PNV no se trata todavía de una victoria amplia, sino temporal. La toma en consideración no implica que se vaya a aprobar per se y los grupos pueden introducir suficientes enmiendas como para que los propósitos cambien. Además, la tramitación se puede ralentizar.