La coalición Sumar ha pedido a la ministra Teresa Ribera que impulse un plan similar al aprobado esta semana por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni, para limitar la instalación de plantas solares fotovoltaicas en suelo rural.
En una proposición registrada en el Congreso de los Diputados, Sumar solicita al Ministerio de Transición Ecológica un programa de planificación energética que endurezca los requisitos para aprobar estas instalaciones.
Sumar no ha llegado tan lejos como el Gobierno italiano de la ultra Giorgia Meloni, que el lunes aprobó un decreto que prohíbe por completo instalar sistemas fotovoltaicos con módulos en suelo clasificado como agrícola.
Pero según la propuesta de Sumar, la apuesta del Gobierno por las energías renovables no puede salir adelante a cualquier precio, ni allí donde suponga un importante impacto paisajístico o ambiental.
En concreto, la coalición que lidera la vicepresidenta Yolanda Díaz pide limitar el porcentaje máximo de suelo agrícola que se puede destinar a este uso en cada municipio y prohibir la instalación de megaplantas solares en zonas ambientales protegidas.
Sumar señala que la instalación de proyectos fotovoltaicos a gran escala debe aprobarse sólo de forma excepcional en suelo rústico. Por el contrario, propone dar prioridad a los suelos degradados o de "baja productividad agrícola" para estos usos.
De hecho, la coalición critica en su iniciativa parlamentaria la apuesta de Andalucía por las energías renovables.
"En Andalucía", señala la exposición de motivos, "ya son un millar de proyectos de megaplantas de energías renovables los que convierten los territorios de nuestros pueblos en zonas de sacrificio. La expansión masiva y desordenada de energías renovables supone la ocupación de centenares de miles de hectáreas con plantas energéticas (si sumamos las plantas solares y las eólicas)".
El 'plan Meloni'
"Muchas de estas plantas de energía renovable", agrega la coalición Sumar, "impactan en áreas de alto valor ecológico, agrícola, paisajístico, social y cultural, y son hábitat y refugio de una singular comunidad de flora y fauna en buena medida exclusiva de estos espacios andaluces".
Pero Sumar también alude a los casos de Extremadura y Castilla-La Mancha: "La
expansión descontrolada de estos campos sobre suelo agrícola", argumenta la coalición, "puede tener un impacto ambiental negativo, como la erosión del suelo por la falta de vegetación y la pérdida de biodiversidad". También puede suponer una amenaza, dice Sumar, para "la soberanía alimentaria y la tasa de empleo local".
Por ello solicita que, para aprobar cualquier proyecto de energía solar fotovoltaica en el medio rural, se exija un informe técnico de impacto medioambiental que incluya medidas para "minimizar la erosión del suelo y la pérdida de fertilidad, proteger la biodiversidad local, minimizar el consumo de agua, e integrar los campos fotovoltaicos en el paisaje de manera armoniosa".
SOS Rural aplaude la idea
"Hemos puesto fin a la instalación salvaje de paneles fotovoltaicos en el suelo", proclamó el lunes en rueda de prensa el ministro italiano de Agricultura, Francesco Lollobrigida (quien hace tan sólo una semana asistió a un evento organizado por Vox en Castilla y León). Su plan ha asumido las exigencias que venían planteando las principales asociaciones agrícolas del país para proteger los terrenos de cultivo, frente al avance de las energías renovables.
La asociación SOS Rural ha aplaudido en España la iniciativa del Gobierno de Meloni y ha destacado que "Italia sienta un precedente que nos anima a seguir denunciando los abusos de políticos y multinacional frente a agricultores y ganaderos desunidos, débiles y aplastados por regulaciones leoninas y kafkianas".
En cambio, distintas entidades ecologistas han denunciado que el plan de Meloni pone en peligro su compromiso de triplicar en seis años la capacidad instalada de energías renovables, que su Gobierno adquirió la semana ante la reunión de ministros de Energía del G7.
No obstante, la estrategia del Gobierno de Meloni incluye una diferencia sustancial, ya que quiere impulsar la instalación de minirreactores para conseguir a medio plazo que el 20% de la energía producida por el país sea de origen nuclear.
No a la nuclear
"Un gran sueño surge de la posibilidad de producir en un futuro no muy lejano energía limpia e ilimitada a partir de la fusión nuclear", anunció Meloni el pasado fin de semana en una convención organizada por la Asociación de Científicos Italianos.
Primero la Comisión, y luego el Parlamento Europeo, aprobaron en 2022 considerar las centrales nucleares como energía verde. Una medida que permitirá romper la dependencia de Europa del gas ruso, mientras se prolonga la guerra de Ucrania.
Sin embargo, esta es una línea roja que no quiere atravesar la actual ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya ha sido confirmada como cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas del 9-J.
En contra del criterio de la UE, el Gobierno español no sólo mantiene su negativa rotunda a potenciar la energía nuclear, sino que está avanzando en el calendario para cerrar las centrales que aún se mantienen activas.