El pleno de la Eurocámara ha respaldado este miércoles la decisión de Bruselas de clasificar como 'inversiones verdes' la construcción de centrales nucleares y de plantas de gas, al mismo nivel que los parques de renovables. Una medida que se espera que impulse el flujo del dinero y reduzca los costes para estos proyectos durante la transición hacia la neutralidad climática en 2050.

Los detractores de la nuclear y el gas no han logrado reunir la mayoría absoluta necesaria (353 votos) para tumbar la propuesta de Bruselas: se han quedado en 278 votos, frente a los 328 a favor de otorgar la etiqueta 'verde', y 33 abstenciones. El pleno ha revertido así la decisión previa de los comités de Medio Ambiente y Asuntos Económicos, que sí habían aprobado presentar objecciones.

Populares, liberales y derecha radical han apoyado mayoritariamente el plan de Ursula von der Leyen. Por su parte, socialistas, verdes e izquierda radical han votado en contra de incluir la nuclear y el gas en la lista de inversiones sostenibles de la UE (o taxonomía en jerga bruselense).

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La última palabra la tienen ahora los Gobiernos de los 27, que disponen de plazo hasta el 11 de julio para presentar objecciones. Pero se da por descontado que tampoco éstos vetarán la propuesta de Bruselas, puesto que se requiere una 'supermayoría' de Estados miembros (al menos 20 de los 27 que representen como mínimo al 65% de la población de la Unión). 

Una 'supermayoría' que ahora mismo no existe: sólo un número reducido de países se oponen. Entre ellos, Alemania, España, Dinamarca, Austria o Luxemburgo. Estos dos últimos ya han anunciado que llevarán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). También la organización ecologista Greenpeace prepara acciones legales contra Bruselas

La Comisión Europea sostiene que clasificar la nuclear y el gas como energías limpias ayudará a reducir la dependencia respecto a Rusia. La comisaria de Servicios Financieros, Mairead McGuinnes, alegó en el debate previo a la votación que su propuesta es "realista" y "pragmática" en un momento en que varios países están reabriendo sus plantas de carbón por miedo a un corte de suministro por parte del Kremlin.

"Aunque esta propuesta se elaboró antes de la invasión ilegal de Ucrania por Rusia, en realidad nos ayuda a buscar fuentes alternativas de gas, incluyendo el gas natural licuado (GNL), de nuestros socios internacionales. Envía la señal de que apoyamos la inversión en infraestructuras de gas durante nuestra transición. No profundiza nuestra dependencia del gas ruso", dijo McGuinnes.

Sin carácter obligatorio

La taxonomía es un instrumento de clasificación que está dirigido al sector financiero y a los inversores y que no tiene carácter obligatorio. Los Estados miembros seguirán gozando de plenos poderes para decidir su cesta energética: Bruselas no tiene ninguna competencia para imponer una fuente o prohibir otra.

La inclusión del gas y la nuclear (con condiciones y plazos estrictos) pretende redirigir el flujo de dinero hacia la construcción o renovación de reactores y plantas de gas en aquellos países que así lo quieran, en un momento en el que la conciencia ecológica pesa cada vez más entre los inversores. Una inyección de fondos vital para la energía nuclear, puesto que requiere inversiones iniciales multimillonarias.

Los grupos de izquierda sostienen que otorgar la etiqueta 'verde' al gas y la nuclear equivale a un blanqueo ecológico de dos energías contaminantes que no pueden considerarse sostenibles. A su juicio, esta decisión sólo servirá para socavar la credibilidad de la taxonomía de la UE entre los inversores.

Argumentan que el gas no puede clasificarse como inversión verde porque, aunque produce menos emisiones de CO2 que el carbón, sigue siendo un combustible fósil altamente contaminante. Incluir el gas en la taxonomía de la UE supone además un "regalo" para el presidente ruso, Vladímir Putin, que está usándolo como arma de chantaje contra los europeos en su guerra en Ucrania.

En cuanto a la energía nuclear, sus detractores en la Eurocámara alegan que, aunque no emite CO2, genera residuos peligrosos imposibles de eliminar. También se escudan en el riesgo de accidentes como los de Chernóbil o Fukushima. 

El Ejecutivo comunitario rechaza todos estos argumentos y sostiene que su plan constituye "una propuesta pragmática para garantizar que las inversiones privadas en gas y nuclear, necesarias para nuestra transición energética, cumplan criterios estrictos".

"La inversión en renovables ya está priorizada en nuestra taxonomía y es nuestro futuro. Nuestra propuesta garantiza la transparencia, de forma que los inversores sepan dónde meten su dinero", ha dicho la comisaria McGuinness después del voto. Salvo una objección improbable de los Gobiernos, la norma entrará en vigor el 1 de enero de 2023.