El Gobierno pide a las empresas españolas en Israel que "no contribuyan al genocidio en Palestina"

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, ha advertido por carta a las empresas españolas con negocios en Israel sobre el riesgo de estar contribuyendo al "genocidio en Palestina" y les ha instado a "adoptar las actuaciones necesarias" para evitar su participación "directa o indirecta" en los ataques israelíes a Gaza.  

Desde el Gobierno, los ministerios de Exteriores y Economía desautorizan esta carta y cuestionan la competencia de Bustinduy y de Sumar en este aspecto. Además afirman que desconocían su contenido y que la parte socialista del Gobierno no había sido informada.  

El objetivo de Bustinduy, exdirigente de Podemos y ministro de la cuota de Yolanda Díaz, son dos: que el consumidor sepa cuando compra si contribuye a financiar el genocidio y que las empresas españolas con actividad económica en Israel eviten contribuir a las "flagrantes vulneraciones de derechos humanos que el Estado de Israel está cometiendo en los territorios palestinos ocupados, incluyendo la Franja de Gaza, contra la población palestina".

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El Ministerio de Derechos Sociales destaca que el envío de esta carta forma parte "de una iniciativa que persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina".

"Se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España, que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU", reivindica el comunicado. 

En la carta, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Bustinduy también emplaza a las empresas a informar al Ministerio sobre las "evaluaciones y estudios" que realicen para tratar los principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades o relaciones empresariales para los derechos humanos". 

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Se les invita, "en particular", a consultar con "expertos y expertas en derechos humanos o con grupos potencialmente afectados y con otras partes interesadas" los posibles riesgos que tienen sus negocios en Israel. 

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha solicitado a las empresas "rendir cuentas sobre las medidas" que adopten y el "seguimiento de la eficacia de su respuesta" a los potenciales riesgos que tenían sus actividades sobre los "territorios palestinos ocupados y la Franja de Gaza". 

Bustinduy inicia la carta recordando que el pasado 26 de enero la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pidió a Israel adoptar medidas para evitar un "genocidio" en Gaza. El alto tribunal de Naciones Unidas situado en La Haya advirtió de que había un "patrón de conducta genocida" del Gobierno israelí. 

El dictamen de la CIJ "se sumaba a las resoluciones del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

El Ministerio destaca una resolución de la ONU que "insta a los Estados a adoptar medidas para impedir que las empresas domiciliadas en territorio israelí se abstengan de cometes violaciones graves de los derechos humanos de los palestinos o contribuyan a las mismas".

"El consumidor debe saber si contribuye al genocidio"

Tras esta misiva, Bustinduy ha reivindicado dicha carta y en declaraciones a Efe ha defendido el derecho de los consumidores a saber si cuando compran un bien o un servicio "están contribuyendo" directa o indirectamente a "financiar violaciones de derechos humanos".

Hemos hecho esto porque es un mandato del derecho internacional, también de los objetivos de desarrollo sostenible, y porque hace ya tres meses que la Corte Internacional de Justicia instó a los Estados a tomar todas las acciones que sean necesarias para evitar, impedir y detener el genocidio en curso", ha defendido Bustinduy.

En esta línea, el ministro ha señalado que los actores económicos y las empresas "deben asegurarse de que en todos los puntos de la cadena de valor su actividad no constituye, ni directa ni indirectamente, a violaciones de derechos humanos".

Bustinduy ha puntualizado que, de momento, este procedimiento se encuentra "en el primer paso", es decir, el envío del requerimiento. "En base a las respuestas que recibamos, actuaremos", ha resaltado el ministro, quien asegura que el Gobierno tomará "las actuaciones que sean pertinentes".