El Gobierno sale en tromba en defensa de la amnistía y Junts, en apoyo de la "vía unilateral"

La XV legislatura nació formalmente el día después de las elecciones generales, echó a andar el 17 de agosto y se graduó durante la investidura de Pedro Sánchez, pero no ha podido empezar de verdad hasta esta semana, una vez la Ley de Amnistía ha sido aprobada. Y así, apenas veinticuatro horas después de que la Comisión de Justicia del Congreso tramitase la polémica norma, Pedro Sánchez y Félix Bolaños se echaron a la espalda la tarea de defenderla en público.

El presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes encabezaron este viernes la tarea de promocionar las bondades de la ley que les abre el voto de Junts en el Congreso y, por tanto, todas las mayorías por encima del bloque de la derecha. El precio a pagar: amnistiar a los condenados y encausados por su actuación en el procés independentista catalán.

Sánchez habló a España desde Chile, donde se encuentra de viaje oficial, para defender que la medida "supera las consecuencias judiciales" que se arrastran desde 2017. Fue un mensaje en atril. El énfasis lo puso, al igual que hizo Bolaños en un maratón por los medios de comunicación, en "la reconciliación" y en "construir convivencia".

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El ministro de la Presidencia, que se había ido a dormir el jueves con el maquillaje de TVE, madrugó el viernes para estar en la SER, se desayunó en Onda Cero y, de ahí, dio el salto a los platós de laSexta.

"Hay personas que, de buena fe, tienen dudas, pero que se darán cuenta con la aplicación de la ley, que es una herramienta imprescindible para que superemos una etapa negra y empecemos una nueva etapa donde la concordia, donde la reconciliación, donde los acuerdos entre diferentes tienen que presidirlo", defendió.

Esta salida en tromba a favor de la amnistía encontró el único contrapunto, dentro del PSOE, en la figura de Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha se dijo "incapaz" de sentirse orgulloso de lo que calificó como "un chantaje" y "una mala ley". "El delincuente no puede exigir que se considere que la democracia española es un sistema opresor", señaló.

Pero la principal enmienda a la tesis de la reconciliación y la convivencia mantenida por Sánchez y Bolaños la expresó Junts, el partido de Carles Puigdemont, por boca de su presidenta y también de su portavoz.

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"No podemos renunciar a la vía unilateral viendo como actúa el Estado que está en frente", manifestó Laura Borràs, en el mismo plató al que minutos después acudiría Bolaños.

Por su parte, Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, fue tajante: "La vía unilateral no está descartada". Y añadió que es "legítimo y democrático" tratar de alcanzar "la autodeterminación". Además, quiso dejar claro que cuando regrese Puigdemont a España "volverá un presidente de la Generalitat en el exilio", replicando el relato de Companys.

El tono beligerante de estas intervenciones y su trasfondo, que no es otro que el de considerar que España no es un Estado democrático, ponen en entredicho los cantos a la reconciliación que el PSOE lleva abanderando desde la investidura. Quizás por ello, Bolaños puso el énfasis en la necesidad de dar "tiempo" para poder ver resultados.

El plan de los socialistas siempre ha pasado por que Borràs y Puigdemont les brinden los Presupuestos Generales del Estado a cambio de su diligencia para cambiar el texto de la ley. También para adaptarlo a las circunstancias cambiantes de la Justicia.