El PSOE anuncia una reforma legal para multar a quien pague por sexo y penalizar burdeles

El PSOE recuperará su iniciativa para combatir la explotación sexual a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, que en la pasada legislatura planteaba castigar a todo aquel que se lucre de la prostitución ajena y multar a los hombres que pagan por sexo.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, avanzó este jueves en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados que el PSOE registrará "próximamente" una proposición de ley en la Cámara Baja para incluir en el Código Penal la tercería locativa, que consiste en castigar a quien se lucre de destinar un inmueble o cualquier otro espacio para que otra persona ejerza la prostitución, aun con su consentimiento.

Fuentes de Igualdad han precisado que el punto de partida de esa proposición de ley es el texto que las socialistas registraron en el Congreso en mayo de 2022, que decayó por la disolución de las Cortes para la celebración de elecciones anticipadas.

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En ese texto, el PSOE planteaba castigar a todo aquel que se lucre de la prostitución ajena (esto es, todo tipo de proxenetismo), subir las penas relativas a estos delitos y multar a quienes acudan a la prostitución.

Por su parte, fuentes socialistas han indicado que el Ministerio tiene que valorar la propuesta antes de su registro, "también teniendo en cuenta al Parlamento".

Redondo ha asegurado que este es el "primer paso", aunque "no el definitivo" en la hoja de ruta para luchar contra la trata, si bien la titular de Igualdad no ha incluido este jueves el impulso de una ley integral contra la trata entre las prioridades de su departamento.

"Efectivamente, vamos a ir poniendo ingredientes que hagan que la trata en todas sus manifestaciones sea erradicada", ha subrayado y ha señalado que como socialista, el abolicionismo es el objetivo hacia el que hay que encaminarse, aunque ha reconocido que en esta materia no hay consensos y el PSOE necesita "sumar una amplia mayoría".

Asimismo, ha sostenido que hay que ofrecer una alternativa de vida digna para las 60.000 mujeres que están en situación de prostitución en España, muchas de ellas migrantes, y que necesitan una solución habitacional y de empleo