Este martes, la Mesa del Congreso de los Diputados, órgano rector de la Cámara, ha rechazado con los votos en contra de PSOE y Sumar, la petición que ha llevado el Partido Popular de solicitar informes sobre la Ley de Amnistía a dos organismos: el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Los populares han presentado esta mañana un escrito en el que planteaban que el órgano de gobierno de los jueces y los fiscales puedan aportar sus consideraciones técnicas al texto que se tramita en estos momentos en la Cámara, y que tiene por objeto el borrado de los delitos que cometieron los responsables del procés.
Sin embargo, la propuesta que el PP ha elevado a la Mesa ha sido desestimada por la mayoría progresista. Una decisión que, critican en Génova, desmiente la tesis del Gobierno de que la ley de amnistía es perfectamente constitucional. Porque, de ser así, dicen los populares, PSOE y Sumar no habrían puesto impedimentos en que el texto pasara por la consideración de los juristas.
Habitualmente, cuando se tramitan proyectos de ley que proceden del Consejo de Ministros, la Cámara Baja tiene la obligación de pedir informes preceptivos que emiten los órganos consultivos del Estado. Estos informes, eso sí, no son vinculantes, más bien sirven de guía para constatar la legalidad de cada norma, añadir mejoras o, en su defecto, corregir lo errores que pueda contener.
Para el caso concreto de las proposiciones de ley, la Cámara no tiene esa obligación de pedir informes. Así sucederá, por ejemplo, con la amnistía, que no se someterá a ningún examen de los expertos. Se trata de una cuestión legal pero que, a ojos de la oposición, no es moral.
Vía libre en el TC
Según denuncian en el PP, para cuestiones controvertidas, el Gobierno de Sánchez se ha acostumbrado a recurrir a la figura legislativa de la proposición de ley, un mecanismo al que pueden recurrir los grupos parlamentarios y que permite sortear el veredicto de los expertos.
En una norma de la trascendencia y el alcance de la amnistía, el PP considera que es imprescindible contar con la opinión de organismos del Estado como el CGPJ o el Consejo Fiscal. De ahí que, hace unos días, los populares redactaran un escrito en el que planteaban a la Mesa que pidiera los citados informes. Pero este martes el rodillo de la mayoría que tienen PSOE y Sumar se ha impuesto en contra de la voluntad de los populares.
Por otro lado, la Mesa ha remitido a la Junta de Portavoces el escrito de reconsideración que presentó el PP hace una semana contra la calificación de la Ley de Amnistía. Todo apunta a que la Mesa desechará también ese escrito, lo que deja al PP vía libre para pedir el amparo del Tribunal Constitucional, como parece que finalmente sucederá.
Mientras tanto, en el Senado, el PP ya advierte de que suplirá, con creces, todas las prisas y carencias con las que el PSOE está tramitando la amnistía en el Congreso. Con la reforma del Reglamento en la Cámara Alta, el PP puede dilatar los tiempos de la tramitación y, además, puede forzar comparecencias de expertos en la Comisión de Justicia, como adelantó EL ESPAÑOL.
Además, el PP ya ha avanzado que el Senado sí que pedirá los informes de rigor a los órganos consultivos: el CGPJ y el Consejo Fiscal.