"Hemos ganado en todo, la idea es acabar con este régimen español": euforia en Junts tras el acuerdo

"El PSOE lo ha comprado todo", opina, a cambio de los siete votos de Carles Puigdemont, para que Pedro Sánchez sea investido.

La España que se viene es distinta, pase lo que pase en adelante. Incluso si no hay investidura por algún avatar del destino, como que no haya acuerdo final con el PNV. "Eso es imposible", apunta una fuente de la negociación. "Nos necesitamos mutuamente".

Pero España va a ser distinta porque ese preámbulo del acuerdo firmado este jueves por Santos Cerdán y Jordi Turull, subalternos de Sánchez y Puigdemont respectivamente, significa que el PSOE admite que en 1714 se le arrebató la soberanía "secular" a Cataluña, con los Decretos de Nueva Planta.

Y que hay una "nación catalana". Y que el Tribunal Constitucional cercenó en 2010 el Estatut legítimo, votado por ese cuerpo soberano… y que, por tanto, hay derecho de autodeterminación.

Lo último es la conclusión de cualquiera que haya leído el documento. Y, por supuesto, la de los negociadores de Junts, que han entregado sus votos sólo cuando el PSOE ha aceptado que no renuncian ni a la unilateralidad ni a la legitimidad del referéndum ilegal de octubre de 2017. 

Por eso España va a ser distinta: "Sí, la idea de fondo era acabar con una determinada idea del régimen español", explica esta fuente independentista, "cosa que Esquerra no quiso y ni el PNV ni Bildu quieren. Nosotros no sé si queremos o no, pero el Estado no nos ha dejado alternativa".

Ahora, queda el registro de la proposición de ley de amnistía, que se hará entre este viernes y el lunes en el Congreso de los Diputados. Ésa es la clave para poder cumplir con las condiciones de Carles Puigdemont. Después de trabajar "toda la noche", entre el miércoles y el jueves, según fuentes socialistas, se llegó al acuerdo y la norma se llevará de inmediato a la Cámara Baja para su tramitación, que tiene que ser previa al debate de investidura.

La negociación estaba prevista acabarla el jueves pasado, entre Madrid y Barcelona, según fuentes internas del proceso.

Pero el asunto se alargó porque el equipo de Puigdemont, liderado por Gonzalo Boye -su abogado defensor en la causa penal por la que tiene una orden de busca y captura en España y por la que se le levantó la inmunidad como europarlamentario-, había detectado "ciertas imprecisiones" en el contenido del articulado pactado en la tarde del martes 31 de octubre por Pedro Sánchez y Pere Aragonès (ERC), president de la Generalitat.

Colaboración de los jueces

El borrador final de la norma salido del pacto de los socialistas y los republicanos no incluía "todos los casos" que exigía el expresident fugado en Waterloo.

"Pasaron de no querer hablar de lawfare a admitirlo", añade uno de los negociadores de Junts. ¿Y cuándo ocurrió eso? Justo después de que el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón anunciara la imputación de Puigdemont y de Marta Rovira por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic.

Hasta ese momento, el PSOE se resistía a aceptar el concepto de la persecución judicial por motivos políticos. Y ahora acepta que las conclusiones que elaboren las comisiones de investigación que pactó para lograr los votos que necesitaba para hacer a Francina Armengol presidenta del Congreso marquen el perímetro final de la amnistía.  

"Hemos ganado todo, pero no lo habríamos hecho sin la colaboración del Poder Judicial español, que se ha metido en fuera de juego", desarrolla un miembro del partido de Puigdemont. "Se les ha ido la mano, demasiada prepotencia".

La necesidad de negociar hasta altas horas de la madrugada venía condicionada por otra clave temporal. Y es que los siete votos de los diputados de Junts, necesarios para la investidura de Sánchez, sólo estarían garantizados si el expresident fugado en Waterloo podía exhibir otro "hecho comprobable". En este caso, el sello de entrada de la proposición de ley en el Registro del Congreso y su calificación por la Mesa.

"Aún no es independencia"

La primera parte ya se ha cumplido, y la segunda está garantizada desde aquel 17 de agosto, con el acuerdo del PSOE con Junts y con ERC para la confirmación de la Mesa. La mayoría de miembros del órgano de gobierno del Congreso (5 de PSOE y Sumar frente a 4 del PP) asegura la tramitación del texto.

Es más, si se cumple lo indicado por hasta tres fuentes cercanas a la negociación, lo previsible es que primero, la Mesa califique la proposición de ley de amnistía; y después, la Junta de Portavoces apruebe la convocatoria del pleno de investidura para los días 15 y 16 de noviembre.

"El acuerdo político estaba cerrado desde hace 10 días", y sólo falta la amnistía, apuntaba una fuente de Junts en la noche del miércoles. Lo que redunda en eso de que los socialistas de Sánchez aceptaron el relato indepe desde el principio, porque si no, Puigdemont "ni se sentaba a negociar". 

De hecho, así lo había informado este diario, dando por hecho el pacto de Puigdemont con Sánchez sobre "identidad nacional" y con verificador internacional. Y con la firma puesta y los trámites de las consultas a la militancia ya superados, sólo falta el anuncio del pacto con el PNV. 

Pero la "victoria" de Junts, como culmina la citada fuente, "no significa necesariamente la independencia, sólo hemos cambiado el escenario" de España. "Lo otro", el referéndum y esa victoria, "no está a la vista de momento".