Bruselas, el Senado y las protestas multiplican la presión sobre Sánchez contra la amnistía

Y ya de noche, un cruce de cartas entre el comisario europeo Didier Reynders y el ministro en funciones de la Presidencia, Félix Bolaños.

El titular comunitario de Justicia reclamó al Gobierno "información detallada" sobre la amnistía, por las "serias preocupaciones" que levanta la norma.

El también negociador jefe del PSOE para la reelección del presidente le contestó que no hay de qué informar, porque no hay texto, el Gobierno está en funciones y cualquier proposición de ley será cosa del Congreso.

A Bruselas le preocupa que se favorezca a los implicados en el procés independentista de 2017, a cambio de sus votos para la reelección del presidente. Aprecia en esto un "asunto de considerable importancia" para la defensa del Estado de derecho.

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Pero el ministro en funciones de España alega desconocimiento, a pesar de que fue él quien firmó el acuerdo con Oriol Junqueras, hace una semana, en el que el PSOE y ERC incluían la norma, ya redactada. 

"Polonia 2.0"

El beneficiario principal del "alivio penal" será Carles Puigdemont, cuya figura ha sido el centro de los trabajos de la Representación Permanente (REPER) y de los eurodiputados españoles estos años en la UE.

El objetivo de esta "pedagogía" fue, primero, combatir el relato 'indepe' de que España es un "Estado opresor" y, segundo, lograr una mayoría en el Parlamento Europeo que votara a favor de retirarle la inmunidad al prófugo de Waterloo.

"Y ahora, el Gobierno de Sánchez tira todo este trabajo por la borda", apunta Adrián Vázquez, presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, y actual líder de Ciudadanos. "Nadie en Bruselas entiende qué está pasando en España", añade.

Y sobre la respuesta del ministro al comisario, otra fuente europea advierte de que el desafío a Bruselas estaría colocando a nuestro país en un "Polonia versión 2.0", en referencia a las sanciones de la Comisión al país del este por sus "sistemáticos ataques al Estado de derecho" y a los "valores de la UE".

Tres frentes

Para la Comisión Europea, la "futura ley de amnistía" que ya acordó el PSOE con Esquerra Republicana y que ha terminado estos días de negociar con Junts, en Bruselas, es un asunto que causa "serias preocupaciones", dada su relación directa, precisamente, con "los estándares del Estado de derecho". 

Las protestas frente a las sedes del PSOE, muy especialmente el cuartel general de Ferraz, han derivado en graves incidentes, con cargas policiales, heridos y detenidos. En la Cámara Alta, se tramita ya una norma que permitirá a los senadores frenar la vía de urgencia que imponga el Congreso, para que, en lugar de 20 días, una proposición de ley pueda permanecer dos meses a estudio en el Senado.

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Y finalmente, la carta de Reynders "da la medida del enorme enfado que hay en Bruselas" con la posibilidad cierta de que un Estado miembro diseñe una amnistía exclusiva para ciertas personas, como "moneda de cambio" a los votos necesarios para que Sánchez permanezca en el poder. Así lo explica, desde la citada Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, un alto cargo en conversación con este diario.

Sin embargo, aunque visiblemente nerviosas, fuentes del Consejo de Ministros restaban importancia a la carta del comisario de Justicia: "Pide información de un texto legal que no existe", apuntaba un ministro en la noche del miércoles, antes de conocerse la respuesta de Bolaños a Reynders.

"El comisario no afina el tiro", añade un portavoz oficial del PSOE. "El Gobierno no tiene nada que ver. Esta ley va ahora al Poder Legislativo. De hecho, el Ejecutivo no la conoce", trataba de sostener el entorno de Ferraz.

Sin ley presentada

Pero es notorio, según un portavoz de la dirección de los populares europeos, que la Comisión haya entrado en "un asunto interno" de un Estado miembro. Más aún en este caso, cuando lo que reclama el comisario es "información detallada" sobre una proposición de ley que no es que no se haya llevado aún a las Cortes, es que su texto ni siquiera es público.

Así lo admite el propio Reynders en la misiva enviada a los ministros Bolaños y Pilar Llop, titular de Justicia: "De momento, no hay proposición formal, pero el asunto de considerable importancia" para la Comisión.

Sobre todo, por la competencia fundamental del Ejecutivo comunitario, la de guardián de los Tratados de la UE.

El artículo 2 del Tratado principal establece los principios y valores de la Unión, y el imperio del Estado de derecho. Por eso, Reynders recuerda que su labor es "supervisar y defender los valores fundamentales de la Unión en todos los Estados miembros". Y advierte de que "seguirá trabajando con las autoridades españolas para garantizar el respeto del Estado de derecho" en nuestro país.

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"Un comisario siempre se anda con pies de plomo" para medir muy bien que no invade competencias. Y si el de Justicia ha decidido expresar sus "serias preocupaciones" no es sólo por las informaciones en los medios de comunicación, que van desgranando detalles posibles de la norma, sino porque la Comisión "ha sido contactada a este respecto, incluso por un gran número de ciudadanos".

Ésta es una referencia implícita, según las fuentes ya referidas, a la declaración institucional que aprobó el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el pasado lunes, por nueve votos contra cinco. El texto, aprobado en un pleno extraordinario, afirma que la amnistía a los encausados del procés "supone la degradación, cuando no abolición, del Estado de derecho en España".

Con esta declaración solemne, el gobierno de los jueces se convirtió en el primer órgano constitucional que se pronunciaba en contra de la ley de amnistía que Pedro Sánchez negocia para lograr su investidura como presidente del Gobierno. Y fuentes europeas apuntaban, ya este martes, a que "tras el documento aprobado por el Poder Judicial español, se espera que Bruselas exija explicaciones al Ejecutivo español".

"Falsa concordia"

Y así fue, como reclamaba, entre otros, la vicepresidenta del Grupo del PP Europeo en Bruselas, Dolors Montserrat. La también exministra española "celebraba" y "agradecía" el envío de la carta a Moncloa por parte de la Comisión.

Pero, eso sí, Montserrat advertía a Reynders: "Sánchez no es de fiar, como siempre ha demostrado con sus mentiras constantes, por eso el PP estará vigilante en la información que emita a la Comisión Europea".

La dirigente de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo, cuenta con que el presidente en funciones trate de "colar" en Bruselas "el falso relato de que la amnistía es por la convivencia y la concordia". La amnistía no cabe en la Constitución ni en la legislación y el único objetivo es la permanencia de Sánchez en el poder.

Ya no es sólo que la negociación de Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, con el expresident catalán fugado en Bruselas haya estado enquistada toda una semana. Es que corre el calendario, y a 9 de noviembre a los socialistas ya les quedan sólo 13 días para tener el texto de la proposición de ley de amnistía cerrado con los independentistas catalanes, que es la condición clave para que haya una investidura que ahora depende del acuerdo con el PNV.

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A última hora de la noche, una información de elnacional.cat daba por hecho el acuerdo definitivo entre Junts y el PSOE, aunque fuentes socialistas de la negociación aseguraban que "no es así, todavía", y que se trabajaría toda la noche. "Veremos qué sale mañana [por el viernes], si sale". Salió, hay acuerdo, y ahora todo depende de los nacionalistas vascos.

Pero si el 27 de noviembre no hay presidente, se disuelven las Cámaras y se repiten las elecciones el 14 de enero. De modo que el debate de investidura debe empezar como muy tarde, el viernes 24. Para ello, tal como exige Puigdemont, la ley orgánica de amnistía deberá estar calificada y tramitándose el jueves 23. Por lo que el texto debe llevarse al Registro del Congreso no más tarde del miércoles 22, para que a los letrados de la Cámara Baja les dé tiempo a emitir un informe... y que éste sea favorable.