Derogar al Concordato de la Santa Sede, eliminar la financiación de la Iglesia Católica y expropiar los colegios religiosos para integrarlos en la red pública. Son las tres medidas que Podemos defiende para, en palabras de fuentes oficiales de la formación morada, "poner fin a las agresiones sexuales a menores" por parte de la institución religiosa, cifrados en más de 445.000 según el Defensor del Pueblo.

El partido liderado por Ione Belarra ha respondido así al último informe encargado a Ángel Gabilondo, presentado este viernes en el Congreso de los Diputados, en el que se estima que el 1,13% de la población actual mayor de 18 años ha sido víctima de pederastia en el ámbito religioso en nuestro país, tanto por parte de sacerdotes (0,6%) como de laicos que trabajan en las instituciones de la Iglesia (0,4%).

Así, Podemos recoge el testigo del Defensor del Pueblo y reclama acabar con el actual Concordato de la Santa Sede, el cual garantiza un régimen de privilegios del Estado a la Iglesia. Según señalan fuentes del partido, esta dinámica habría (redactada en 1953 y modificada dos veces en los años 70) contribuido a "dinámicas de ocultación y encubrimiento de agresiones sexuales a menores de edad".

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Del mismo modo, los morados han pedido retirar toda la financiación pública a la Iglesia, a la que definen como "la mayor trama pedófila conocida hasta la fecha". "Es necesario cortar toda fuente de financiación pública a la Iglesia, incluidas exenciones y beneficios fiscales", detalla un portavoz del partido.

Por último, la tercera reclamación es acabar con la red de centros educativos religiosos e integrarlos en la red pública. El motivo, aducen, es que "una institución que reiteradamente ha ocultado y silenciado abusos sexuales a menores está inhabilitada para gestionar centros escolares". Esta declaración política, no obstante, todavía no se ha materializado en ningún registro parlamentario, para el cual necesitarían el visto bueno de Sumar.

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Podemos, asegura el mismo portavoz, ha hecho suyas las reclamaciones de las 487 víctimas consultadas por el Defensor del Pueblo y ha pedido, en línea con Gabilondo, que se cree un fondo estatal para compensarlas y denunciar cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo. Este fondo estaría financiado directamente con recursos de la Iglesia, no de dinero público.

Según el Informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, encargado por el Congreso hace un año y medio, sólo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico. 

El Informe apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema". En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

No obstante, al mismo tiempo, apunta que también se han detectado buenas prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".