"No sólo por Puigdemont": Moncloa ve la amnistía como "alivio" a los cientos de implicados en el procés

El Gobierno teme que la sombra de Carles Puigdemont sea demasiado alargada. Tanto que el olvido de sus delitos oculte el que, dicen, será "el verdadero sentido de la amnistía" que la Moncloa negocia con Waterloo: el alivio penal de todas las multas, inhabilitaciones y penas de prisión para los cientos de anónimos encausados durante el procés. A la alta, y aunque las cifras todavía no están claras, ERC y Junts dicen que podría haber hasta 3.000 personas en estas circunstancias.

"No se trata sólo de Puigdemont, sino de todos los demás", señala una fuente socialista a EL ESPAÑOL. A sus ojos, y a raíz de la aplicación de los indultos a los líderes en 2021, sería un sinsentido que los grandes responsables del procés estén en la calle sin cargos, mientras que a la mayoría de "los pequeños [...] les ha tocado la pedrea". "Hay que resolver un problema de jefes e indios", resume. 

Con "indios", la fuente hace referencia a aquéllos que fueron detenidos, investigados o condenados por las pequeñas acciones de aquellos días, que iban desde abrir colegios hasta poner urnas u organizar patrullas. Muchos de ellos acabaron siendo condenados por desórdenes públicos, daños contra la seguridad vial y atentado contra la autoridad.

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La condonación de los delitos a estos octubristas anónimos es, a ojos del PSOE, la única manera más o menos segura de salvar el enorme precio político que el partido ha pagado a cambio del apoyo de Junts. Así lo reconocen en privado los altos cargos del socialismo consultados por este periódico, cohibidos por la ley del silencio que Pedro Sánchez instauró hace ya dos meses y medio.

El Gobierno tendrá que hacer la cuadratura del círculo para equilibrar un texto que sirva a la vez como borrón de los delitos del procés y como ley justificable por el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido. Políticamente, el desafío no será menor, y supondrá redactar una exposición de motivos que no asuma a pies juntillas ni el relato del independentismo ni el del Estado, pero que tampoco cuestione la actuación de ninguna de esas partes. 

Este argumentario que explica el Ejecutivo se pretende hacer coincidir con resoluciones de la Mesa de Diálogo con Cataluña, que se reunió tres veces la pasada legislatura, con participación sólo de ERC, y que avanzó en algunos acuerdos relativos a desjudicialización.

En el caso de la amnistía, Moncloa intentará que a ley sea coherente con esas referencias y aluda "al interés general", esto es, cerrar las heridas del procés sin justificar la autodeterminación, como reclaman los independentistas, pero con garantías para el Estado. Así, los socialistas intentan convencer a ERC y Junts de una exposición de motivos que renuncie explícitamente a la unilateralidad y admita que lo que se hizo en 2017 estuvo muy mal y no volverá a ocurrir. 

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"A quien le pese"

"Hay más opciones de acuerdo que de repetición electoral", se sincera otro miembro del Gobierno. "Le pese a quien le pese", dice. Esto último lo dice en referencia al fuego amigo de históricos del PSOE como Felipe González, Jordi Sevilla o Emiliano García-Page, opuestos a la amnistía como mecanismo para habilitar la legislatura.

En la esquina contraria del cuadrilátero se encuentra otro peso pesado, José Luis Rodríguez-Zapatero, decisivo en la anterior campaña electoral y actual punta de lanza mediática del PSOE. Frente al silenciamiento de los González, Sevilla y Page, el último expresidente socialista ha emergido como la ametralladora ideológica del partido con la que, de plató en plató, justificar la amnistía y construir los cimientos argumentales de la Moncloa. 

Todo sea dicho, desde que es presidente del Gobierno, Sánchez nunca ha llegado a sangrar realmente a causa de las críticas internas. Quizá los únicos ejemplos sean el frenazo a la primera mesa de diálogo con relator, que le exigía ERC, y la modificación unilateral de la ley del sólo sí es sí a principios de año ante el reproche general del partido y de la opinión pública. Nada más. 

En el puente de mando de Ferraz todo el mundo está contagiado por la seguridad de Sánchez, pero en los maitines regulares de Moncloa no todo el mundo rema en la misma dirección. Incluso entre los más convencidos del nuevo bloque plurinacional hay miedo a que Puigdemont pegue un volantazo de última hora y dé al traste con los planes del Gobierno, que quedaría seriamente dañado tras meses de promesas incumplidas y amnistías a medio hacer. El calendario se agota el 27 de noviembre.