El Gobierno de Carlos Mazón garantizará por ley la libertad de las familias valencianas para elegir en qué lengua estudian sus hijos y preparara un ambicioso marco normativo que entrará en funcionamiento el próximo curso escolar (2024/2025).

Pero el sistema educativo valenciano empezará a cambiar este mismo año con una reforma por vía de urgencia de la ley del Plurilingüismo, aprobada por el expresidente socialista Ximo Puig, y que se basa en un modelo de porcentajes. Este modelo exigía un mínimo de ambas lenguas cooficiales como vehiculares con la incorporación del inglés.

Ahora, Educación suprimirá de manera urgente la obligatoriedad de impartir al menos el 25% de las asignaturas en valenciano en las comarcas castellanohablantes, aunque entrará en vigor el próximo curso escolar.

Con el cambio, se acaba con la obligatoriedad de dar en valenciano materias como Historia o Matemáticas a los alumnos de las zonas históricamente castellanohablantes.

En paralelo, la Generalitat Valenciana trabaja ya en una reforma más profunda en la que el eje central será la libertad de elección de las familias.

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El objetivo del Ejecutivo de PP y Vox pasa por acabar con "la imposición" del valenciano y blindar la enseñanza en castellano. Las medidas de Educación pondrán punto final a la política lingüística desplegada por PSOE y Compromís en los últimos ocho años.

El nuevo modelo se basará en la libre elección. "El que quiera estudiar en valenciano, que lo haga, todas las asignaturas si quiere. Se llama libertad de elegir", dijo el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en una comparecencia reciente en el Parlamento autonómico.

No obstante, según confirmaron al diario EL ESPAÑOL fuentes de la Conselleria de Educación, el PP no tiene previsto reformar la ley de usos y enseñanza del valenciano, tal y como exige su socio Vox. Esta ley fue aprobada hace 40 años y determina qué municipios son de predominio lingüístico valenciano y cuáles de castellano. 

De esta manera se cierra la puerta a cambiar la consideración de ciudades como Alicante para que pase de zona valencianohablante a zona castellanohablante. Vox lo pidió en el Ayuntamiento de esta ciudad a través de una declaración institucional. Pero finalmente la retiró porque, según el portavoz del partido de Santiago Abascal en el consistorio, Mario Ortolá, el Consell trabaja "en la reforma para eliminar la imposición lingüística". 

En esta línea, desde el grupo parlamentario de Vox en Les Corts señalaron este lunes que "en el acuerdo de gobierno hay un pacto por la libertad educativa" y subrayaron que "ahora hay que estudiar la forma de articularlo".

Cambios en la ley

Los primeros cambios en la ley de plurilingüismo se harán por vía de urgencia, a través de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat, la conocida como Ley de Acompañamiento. Se debatirá a finales de este año en la Cámara autonómica y PP y Vox tienen mayoría. 

La principal novedad es la eliminación del valenciano como lengua vehicular obligatoria de asignaturas distintas a la materia lingüística en las comarcas castellanohablantes. En estas zonas ya no será obligatorio impartir al menos una materia de carácter troncal en valenciano. También se elimina el mínimo del 25% de las horas lectivas destinadas a los contenidos curriculares en valenciano.

El conseller de Educación en el inicio de curso escolar el pasado septiembre. EE

La norma afectará a los alumnos de Educación Infantil, Primaria, Eso, Bachillerato y Formación Profesional, de los centros públicos y privados, y se pondrá en marcha el próximo curso, el de 2024-2025.

Serán los propios centros los que tendrán que decidir si mantienen la aplicación de sus proyectos lingüísticos vigentes o si los modifican para que las materias que se estaban impartiendo en valenciano empiecen a darse en castellano, a propuesta del consejo escolar. En este supuesto, el alumnado tendrá que cursar como "mínimo indispensable" la asignatura de valenciano.

Porcentajes

La actual ley valenciana del plurilingüismo aprobada en 2018 por el gobierno anterior, compuesto por PSPV-PSOE, Compromís y Podemos, introdujo un cambio sustancial en la política lingüística.

Hasta ese momento, los alumnos podían elegir entre la línea en valenciano o en castellano. La nueva normativa modificó estas opciones y dejó en manos de los centros (consejos escolares) la programación del peso de cada uno de los dos idiomas en la planificación académica.

La ley establece que el tiempo mínimo destinado a los contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales es del 25% de las horas efectivamente lectivas. 

La contradicción se produce porque la ley de usos y enseñanza del valenciano de 1983 permite que los alumnos de las comarcas reconocidas como castellanohablantes puedan pedir la exención del valenciano.

Precisamente, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, calificó este hecho de "sinsentido". Criticó que un alumno que vive en una zona castellanohablante esté exento de examinarse de valenciano, pero se vea obligado a recibir alguna materia troncal en valenciano.

"No es lógico y eso hay que corregirlo desde ya. Por eso incluiremos una modificación puntual de la ley de Plurilingüismo a través de la ley de Acompañamiento de este año para corregir esta anomalía", anunció durante su comparecencia en Les Corts para explicar sus proyectos para la legislatura.

"Frente a un modelo de imposición proponemos que se incentive al alumnado que estudia valenciano, certificándole de manera automática el nivel correspondiente cuando finalice los estudios", defendió.

En este sentido, apostó por que el valenciano se conozca, se hable, se valore y "se ame como elemento enriquecedor y seña de identidad propia", pero "sin olvidar que la riqueza de esta comunidad pasa también por reconocer la particularidad de zonas castellanohablantes y valencianohablantes".