Carles Puigdemont ha vuelto a desafiar a la Justicia española este lunes, al participar en un acto de innegable carga política en el sur de Francia, a apenas 20 kilómetros de la frontera con España, junto a otros cinco presidentes de la Generalitat: Pere Aragonés, Quim Torra, José Montilla y Jordi Pujol Soley.
Sólo el expresidente Artur Mas ha eludido asistir al homenaje al músico Pau Casals celebrado, con motivo del 50 aniversario de su muerte, en la abadía de Sant Miquel de Cuixà, en Codalet (Francia). Aunque los mensajes de fuerte calado político que han lanzado casi todos los participantes han eclipsado el trasfondo cultural de la celebración.
El actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha recalcado que el acto de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) ha tenido que organizarse fuera de España, "a causa de la represión que todavía dura", ha asegurado.
Aunque la elección de la población de Cadalet, en el sur de Francia, para acoger este homenaje tiene una segunda lectura: hoy está más cerca que nunca el regreso de Puigdemont a España, si prospera la exigencia de una amnistía generalizada, que ERC y Junts han planteado para apoyar la investidura de Sánchez.
A pesar de que el Tribunal General de la UE (TGUE) confirmó el pasado 4 de julio que Puigdemont ya no tiene inmunidad como eurodiputado, el fugitivo de la Justicia puede viajar por toda Europa sin temor a ser detenido... pero no puede pisar España, donde sí sería arrestado y conducido ante el juez.
Esto se debe a que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha decidido no reactivar todavía la euroorden de detención de Puigdemont, a la espera de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre su inmunidad.
Llarena ha decidido esperar, porque Puigdemont tiene de plazo hasta el 15 de septiembre para recurrir ante esta última instancia la decisión de la Eurocámara de retirarle su inmunidad como parlamentario.
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En una providencia dictada el pasado 27 de julio, el juez instructor recuerda que cualquier euroorden que se dictara ahora contra Puigdemont podría quedar automáticamente suspendida, si este decide recurrir ante el TJUE. Por tanto, Llarena ha decidido esperar a que se pronuncie este organismo, antes de reactivar la orden internacional de detención.
Después de que el PSOE derogara el delito de sedición y rebajara el de malversación, a cambio de que ERC le apoyara los Presupuestos Generales del Estado de 2023, el juez Pablo Llarena firmó el pasado 12 de enero un nuevo auto de procesamiento de Puigdemont y los cuatro exconsellers que permanecen huidos de la Justicia (Lluís Puig, Toni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira) para adaptar su situación a los cambios en el Código Penal.
Dado que ya no puede acusarlos de sedición, el juez imputa a los cinco fugitivos por un delito de desobediencia, que puede acarrear penas de multa e inhabilitación, pero no de cárcel.
Sin embargo, Llarena ha decidido mantener a Puigdemont, Antoni Comín y Lluis Puig imputados por un delito de malversación en su modalidad más grave (la apropiación de fondos públicos por cuantía superior a 250.000 euros), pese a la reforma del Código Penal impulsada por el PSOE y sus socios.
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Por ello, el magistrado decidió mantener en vigor la orden de busca, captura e ingreso en prisión para los tres exresponsables de la Generalitat, en caso de que pongan un pie en España.
La Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional (integrada por tres magistrados) rechazó el pasado 9 de agosto el recurso que Puigdemont y Comín habían presentado contra aquella resolución de Pablo Llarena.
El expresidente de la Generalitat sufría así un nuevo revés de la Justicia española, justo cuando su partido, Junts, negocia con el PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
La Fiscalía ya ha anunciado que recurrirá la decisión de la Sala de Vacaciones, para que sea el Pleno del Alto Tribunal (en el que ahora existe una amplia mayoría "progresista") el que resuelva el recurso de Puigdemont.
No obstante, las fuentes jurídicas consultadas por el ESPAÑOL indican que la Sala de Vacaciones del TC no tenía más remedio que resolver el escrito del expresidente de la Generalitat, pues se trataba de una petición de "medidas cautelarísimas" (y por tanto, una decisión urgente e inmediata) y no podía meterla en un cajón hasta el mes de septiembre.