Sánchez busca negociar con Junts a través de la "mesa de diálogo" ya creada con Pere Aragonès

Esa mesa se reunió tres veces con representantes de la Moncloa y de ERC, porque Junts decidió no participar en sus trabajos. En esa mesa empezó a pactarse la reforma legal de los delitos de malversación y de sedición que buscaban favorecer la situación penal de los imputados por el procés independentista de 2017, lo que llamaron la desjudicialización. Luego quedó bloqueada.

También se tomaron otros acuerdos como la extensión del uso de las lenguas cooficiales a diferentes instituciones. Por ejemplo, al Senado donde ya estaba muy avanzado un acuerdo para llevar su uso a algunas sesiones. Ese acuerdo quedará frenado por la disolución de las Cortes y porque el PP ahora tendrá mayoría absoluta amplia en la Cámara Alta.

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Al inicio de esas reuniones, ERC también planteó el referéndum de autodeterminación y la amnistía, tal y como ha anunciado ahora que pedirá Junts. Sin embargo, en esa negociación se desvió primero a los indultos y luego a la reforma del Código Penal.

La negociación se desarrolló de forma discreta, más allá de las reuniones formales. Por ejemplo, entre los responsables de los gabinetes de Sánchez y de Pere Aragonès y también entre el ministro Félix Bolaños y la consejera Laura Vilagrà.

El Gobierno ya ha dicho claramente que la amnistía y la autodeterminación exceden el marco de la Constitución y, por tanto, es imposible que se acceda a ello para lograr la investidura o, posteriormente, en la negociación.

ERC ha expresado su intención de pedir ahora el traspaso de los trenes de cercanías (rodalíes), la rebaja del déficit fiscal de Cataluña y el mantenimiento de esa mesa de diálogo en la que se podría avanzar durante la legislatura.

La 'ley de calridad' de ERC

El Gobierno acepta la posibilidad de lograr ese avance y cree, además, que ninguno de los partidos que pueden facilitar la investidura de Sánchez estará dispuesto a permitir que haya un Ejecutivo de PP y Vox tras unas hipotéticas elecciones repetidas.

Sobre la posibilidad de que haya un frente común independentista entre ERC y Junts, el Gobierno asegura que es difícil, pero cree que sería menos difícil lograr un pacto de investidura. ERC ya ha pactado con Moncloa y renunciado a ese programa de máximos y, además, tiene un cauce de diálogo abierto y bien engrasado con Moncloa.

Aragonès anunció hace unos meses que tras las municipales del 28 de mayo negociaría con el Gobierno una “ley de claridad” para facilitar un referéndum. Estos días aún no lo ha propuesto.

El Gobierno mantiene que la principal dificultad para un eventual acuerdo de investidura es la situación procesal y personal de Carles Puigdemont y el cálculo electoral de los independentistas, pensando en las próximas autonómicas, tras el avance del PSC en las generales a su costa. Y ve difícil forzar una ruptura en Junts, donde Puigdemont mantiene el control.

Por el momento, fuentes parlamentarias dan por hecho que el PSOE facilitará que ERC y Junts tengan grupo parlamentario propio, a cambio de facilitar que haya un presidente del Congreso socialista.

Ese acuerdo es vital para los dos partidos independentistas porque supone más medios económicos y más tiempo de intervención, entre otras ventajas.