La ministra de Igualdad, Irene Montero, tiene prácticamente vetada la entrada a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Moncloa, que es quien decide qué miembro del Gobierno comparece cada martes ante los medios, ha vuelto a apartar a la número 2 de Podemos de la presentación de la Ley de Paridad (oficialmente, Ley de Representación Paritaria), de la cual es coproponente.

Hace dos meses, cuando la ley llegó por primera vez al Consejo de Ministros, Pedro Sánchez creyó conveniente apartar a Montero de la presentación y delegar en la vicepresidenta Nadia Calviño para presentar la norma. Esa rueda de prensa, celebrada un día antes del 8-M, estuvo marcada por la polémica votación del sólo sí es sí que enfrentó a PSOE y Unidas Podemos en el Congreso; esta vez ha ocurrido exactamente lo mismo, pero en el marco de una campaña electoral.

El Ministerio de Igualdad, que no aparecía en el primer borrador de la norma, sí aparece en este último, que recoge la mayoría de reivindicaciones de Unidas Podemos. La diferencia entre los dos textos radica precisamente en lo que reclamó Irene Montero tras su veto de marzo: el 40% de cada género en órganos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Fiscal y el Consejo General del Poder Judicial.

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Que la ministra de Igualdad no esté en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a pesar de tratar una ley de su negociado supone toda una desautorización para el socio minoritario del Gobierno, que no comparece en Moncloa desde antes de la campaña electoral. La única concesión que ha otorgado el PSOE, en este caso, es incluir al equipo de Montero entre los responsables de la norma, al contrario de lo que ocurrió en su primera versión.

La Ley de Representación Paritaria fija cuotas igualitarias (mínimo un 40% por género) para listas electorales, empresas, Gobierno, ayuntamientos y órganos constitucionales. La justificación para que la presente Calviño y no Montero, asegura la Moncloa, es que también es de su competencia todo lo que afecte a las empresas. 

De hecho, la norma tampoco está redactada por el Ministerio de Igualdad sino por el de Presidencia, es decir, por Félix Bolaños, con aportaciones de otros departamentos. En la primera versión del texto sólo se recogían propuestas de Hacienda, Interior, Justicia y Asuntos Económicos, pero no de Igualdad. Incluidos los órganos constitucionales en el texto, a Moncloa no le ha quedado más remedio que aceptar la concesión.

A pesar de la actualización, y tal y como publicó EL ESPAÑOL, cuatro de los cinco órganos constitucionales o de relevancia institucional en los que el Gobierno quiere imponer la paridad por ley ya se ajustan actualmente, sin necesidad de prescripción legal, a esa situación. Dos de ellos, además, están presididos por mujeres (el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Estado) y en un tercero (el Tribunal Constitucional) la vicepresidenta es mujer.

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El anteproyecto contempla una regla de paridad del 60-40% entre los géneros, no del 50-50. No han sido incluidos ni el Tribunal Supremo ni las presidencias de los órganos jurisdiccionales, que son competencia del Consejo General del Poder Judicial.

Fuentes del Gobierno confirman que el anteproyecto de ley no pasó por la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios de Estado —el llamado Consejillo— el pasado jueves ni se incluyó en la comisión virtual hasta última hora, como dicta el cauce habitual. Durante la primera vuelta de la ley, en marzo, Montero tampoco tuvo noticias del texto hasta horas antes de su presentación en el Consejo.

El Gobierno ni siquiera tiene claro que la Ley de Paridad pueda ser aprobada en esta legislatura. A partir de este martes empezará después su trámite en el Congreso y el Senado, probablemente ya entrado en verano. Los tiempos están ajustados, ya que las Cámaras se cerrarán a principios de octubre para que se puedan celebrar elecciones generales de diciembre.