Un total de 44 terroristas de ETA desfilarán en las listas electorales de EH Bildu para las próximas elecciones autonómicas, municipales y forales del 28-M en el País Vaco y Navarra. Siete de ellos fueron condenados por asesinato. Tanto Vox como el colectivo de víctimas de ETA, Dignidad y Justicia, exigen la ilegalización del partido vasco. La Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia si investigar el caso.
El partido de Santiago Abascal defiende que se trata de un "deber moral" y de un "compromiso en defensa de las miles de víctimas de ETA, a las que EH Bildu desprecia". La legalización del partido comandado por Arnaldo Otegi, según Vox, sería una "afrenta imperdonable no solo a las víctimas directas, asesinados o familiares, sino a todos los españoles, víctimas indirectas de la trayectoria criminal de ETA".
Ahora, y dejando a un lado la moralidad de Bildu a la hora de elegir a sus candidatos, se cuestiona si es posible ilegalizar al partido por tener entre sus listas a casi medio centenar de vinculados con el entorno de ETA.
El capítulo II de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, estipula que serán inelegibles todos los condenados "por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
Estos 44 condenados no tienen inhabilitado el derecho de sufragio pasivo, por lo que la ley permite que conformen las filas de Bildu.
En este sentido, la misma ley establece en el capítulo VI que, en todo caso, "los partidos políticos, las federaciones o coaliciones de partidos, y las agrupaciones de electores no podrán presentar candidaturas que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido". También señala que se tendría en cuenta si una de las finalidades del partido consistiría en "apoyar la violencia o el terrorismo" y que permitan "considerar dicha continuidad o sucesión".
De acuerdo a esta ley, Bildu se apoya en la disolución total de ETA en 2018 para presentar en sus listas a los 44 condenados de la banda terrorista.
Miembros encapuchados de ETA tras anunciar el "cese definitivo de la violencia".
Vacío legal para la ilegalización de EH Bildu
Sin embargo, hay un vacío legal en la jurisdicción española que permitiría solicitar la ilegalización de la formación abertzale. La Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos.
El capítulo II de la normativa establece que se podrá declarar ilegal un partido cuando este incluya "en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un amplio número afiliados a organizaciones o entidades vinculadas a un grupo terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra estos conducentes a su expulsión".
El siguiente apartado de la Ley de Partidos marca que también se podrá disolver si las personas que "componen, rigen, representan o administran" un partido, "apoyan la violencia o el terrorismo" y fuera posible la "continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución".
Una de las patas por las que se sostiene la lista electoral de Bildu es su amparo en la disolución de ETA como justificación de la legalidad del partido. Este resquicio legal puede concluir en la legitimación o no de la coalición vasca.
¿Quién puede declarar ilegal un partido político?
La Ley de Partidos manifiesta que la esfera competente para declarar ilegal un partido y su consecuente disolución es el Tribunal Supremo, el Gobierno y el Ministerio Fiscal.
El Congreso de los Diputados o el Senado podrán instar al Gobierno para que lo solicite. No obstante, la relación entre PSOE y EH Bildu hace improbable la ilegalización de la izquierda vasca.
¿Qué dicen PP y PSOE al respecto?
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este viernes en un acto en Toledo "hacer algo" con la lista de Bildu. "¿De verdad que no vamos a hacer nada, que vamos a mirar hacia otro lado, después de lo que hemos sufrido? Esto no es normal, ¡denunciémoslo!". También ha retado a los candidatos del PSOE a exigir a Pedro Sánchez que rompa con Bildu.
Por otro lado, la ministra de Igualdad, Irene Montero, mostró el pasado 10 de mayo su "máximo respeto" a EH Bildu y aseguró que "es un partido democrático que elige sus listas", tras conocer a los 44 exmiembros de ETA.
¿Quiénes son los siete condenados por asesinato de Bildu?
La coalición nacionalista cuenta siete condenados de la banda terrorista por delitos de sangre. Uno de ellos es Agustín Muiños Dias, alias Tinin, número 6 en la lista a la alcaldía de Legutiano (Álava). Fue condenado a 29 años prisión por asesinar en 1983 a José Antonio Julián Bayano.
Continúa la lista con Begoña Uzkudun Etxenagusia, número 3 en la lista del Ayuntamiento de Régil (Guipúzcoa). En 1989 fue condenada a 18 años de cárcel por el asesinato de José Larrañaga Arenas, exconcejal del ayuntamiento de Azcoitia.
Otro de los terroristas de Bildu es Juan Ramón Rojo González, número 21 en la lista al Ayuntamiento de Irún (Navarra). En 1996 fue condenado a 30 años de cárcel por el asesinato de Francisco Gil Mendoza.
Lander Maruri Basagoiti (arriba), de joven y ahora; y Juan Ramón Rojo, en una imagen antigua y una actual.
Lander Maruri Basagoiti, suplente en la candidatura de Ciérvena (Vizcaya), también fue condenado en 2001 a 16 años de prisión por cómplice del asesinato del guardia civil José Manuel García Fernández. Ahora, Maruri Basagoiti se presenta como candidato en la misma ciudad en la que asesinaron al agente.
Así, el siguiente condenado de ETA por asesinato es Asier Uribarri Benito, cuarto figurante de Bildu al Ayuntamiento de Maruri-Jatabe (Vizcaya). Fue condenado en 2001 a 16 años de prisión por ser cómplice del asesinato de García Fernández junto a Maruri Basagoiti.
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La fila de etarras sigue con Juan Carlos Arriaga Martínez, número 3 en la lista al Ayuntamiento de Berrioplano (Navarra). Fue condenado en 1989 a 29 años de prisión por asesinar al comandante del Ejército de Tierra Jesús Alcocer Jiménez.
El séptimo y último, por el momento, acusado de asesinato de ETA, Antonio Torre Altonaga, alias Medius, segundo suplente de la lista a la alcaldía de Munguía (Vizcaya), condenado en 1981 a 20 años de cárcel por colaborar en el asesinato de Andrés Guerra Pereda y Alberto Negro Viguera.