El Gobierno descarta endurecer la ley de gestación subrogada pese a sus críticas a Ana Obregón

Los primeros en criticar públicamente a Obregón fueron los miembros del Gobierno. La ministra de Igualdad, Irene Montero, dijo que este tipo de casos son "una forma de violencia contra la mujer". Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, lo calificó de "explotación de la mujer".

Sin embargo, fuentes de Moncloa aseguran a EL ESPAÑOL que el Ejecutivo no tiene intención de endurecer la legislación para evitar que puedan producirse nuevos casos como el de Ana Obregón.

Aunque en España es ilegal este tipo de gestación, nada impide recurrir a otros países donde sí es legal, como EEUU, y registrar al bebé en España.

Eso es lo que ha hecho Obregón. La actriz, de 68 años, consiguió un bebé por este método el pasado 20 de marzo en el centro sanitario Memorial Regional Hospital, en Miami. La noticia se ha conocido este miércoles al publicarse en la revista ¡Hola!

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Los textos que regulan esa práctica en España son las resoluciones del 5 de octubre de 2010 y del 18 de febrero de 2019, emitidas por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Permiten el registro de los bebés nacidos en el extranjero "siempre y cuando existiera sentencia o resolución judicial que acreditara la filiación del menor, así como el cumplimiento de los derechos de la gestante".

La resolución de 2019 se dictó tras una polémica surgida a principios de ese año. Familias españolas que habían recurrido a este tipo de gestación en Ucrania denunciaban que el Consulado español en el país les bloqueaba los trámites para registrar a sus bebés. 

Desde el Ministerio de Igualdad apuntan ahora, en conversación con este diario, que intentaron prohibir la gestación subrogada en el extranjero cuando empezaron a negociar la Ley del Aborto, aprobada recientemente, con el Ministerio de Justicia. Aunque trataron de evitar casos como el de Obregón, acusan al ministerio de Pilar Llop de haberse negado.

"Es verdad que los borradores incluían más medidas, pero las leyes se tienen que negociar en el seno del Gobierno", dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, en mayo de 2022 cuando tuvo que dejar fuera ese aspecto.

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Fuentes del entorno de Pilar Llop subrayan, sin embargo, que la propuesta de Igualdad no tenía encaje técnico y legal, y que una medida así se tendría que haber abordado mediante una reforma del Código Penal o de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no a través de la Ley del Aborto.

El PP vira su postura

A pesar de ello, los dos partidos que conforman el Gobierno se mostraron muy duros este miércoles. Además de la ministra de Igualdad, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge señaló que es "una incongruencia que esto esté prohibido en nuestro país, pero que sí se pueda hacer fuera".

En líneas similares se pronunciaron desde el PSOE. "Es una forma más de esclavitud", dijo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, sumándose a las críticas de María Jesús Montero.

Quien no se ha pronunciado en contra ha sido el Partido Popular, que incluso ha cambiado la postura mantenida por la formación. Cuando en 2017 Ciudadanos presentó una proposición de ley para regular los vientres de alquiler, el PP votó en contra. Ahora, en cambio, respaldan abrir un debate sobre el tema.

Aunque los populares no quieren entrar a cuestionar la ley, consideran que es una realidad que habría que regular de alguna forma. Eso sí, siempre que no haya mercantilización; es decir, que no haya un intercambio económico por la gestación.

"En los consulados de países internacionales se registran como hijos españoles a los hijos de padres gestantes", aseguraban este miércoles desde el entorno de Alberto Núñez Feijóo. Esto significa que "la legalidad va por un lado" y "la situación de hecho, va por otro".