La agonía sobre la Ley de Libertad Sexual ha terminado por la vía unilateral. El PSOE ha roto las negociaciones con Unidas Podemos y ha registrado su propia Proposición de Ley para reformar el sólo sí es sí sin esperar al socio minoritario. Los dos partidos se dieron 72 horas de margen –del viernes al lunes– como tiempo extra para llegar a un acuerdo, pero ni en la prórroga pudieron afinar un punto en común. Ahora, están en manos de un pacto de última hora o de la oposición.
Al portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, le preocupó especialmente explicar que "no ha negociado nada con la derecha, sólo con el socio [Podemos]" y que volverán a reunirse con ellos y los socios en la fase de enmiendas, "pero no con el PP". En realidad, el PP ha sido el único partido que ha ofrecido sus votos para reformar la ley y, si los morados votan en contra de la reforma, los populares serán imprescindibles.
A ambos lados de la coalición reconocen la ruptura de las negociaciones, pero no del Gobierno. El clima entre los socios es más de tensión que de batalla, con elecciones municipales y autonómicas en mayo y generales en diciembre, y de temor a que la crisis aumente con el paso de las semanas. Como mínimo, a que lo hagan los reproches violentos entre los gabinetes de Pilar Llop e Irene Montero.
[El principal asesor del PSOE para reformar el 'sí es sí' califica de "teatro" el "consentimiento"]
Dos modelos distintos
Los dos partidos en el Gobierno están de acuerdo en subir las penas de la ley, pero chocan en la fórmula jurídica para hacerlo y en las formas políticas sobre cómo argumentarlo. En el Ministerio de Justicia de Pilar Llop creen que estas subidas se deben vincular a la violencia o la intimidación; en Igualdad, por contra, creen que esta vinculación afecta a la esencia de la ley, que es poner el foco en el consentimiento de la víctima y no en la forma de agresión sexual.
La última propuesta del PSOE, a través de Justicia, se produjo el viernes por la tarde y se alargó hasta la tarde del sábado. En Podemos, a través de Igualdad, insistieron en que la solución de los socialistas era, más que un paso adelante, una vuelta a las condenas sexuales que ya existían antes de entrar en vigor la Ley de Libertad Sexual. La conclusión a la que llegaron desde Moncloa y Ferraz es que no tenía sentido seguir en el día de la marmota y rompieron la mesa de negociación en ese momento.
El texto final de Justicia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, agrega un nuevo párrafo al artículo 178 de la ley. Dice así: "Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado en todo caso con la pena de 1 a 5 años de prisión [cuando no haya penetración] y de 6 a 12 años [cuando sí la haya]". Ahora bien, si no existe esa violencia, la pena será de 1 a 4 años, separando claramente ambos casos.
La última propuesta que elevaron desde Igualdad pretendía atajar este problema mediante un "agravante genérico", dicen desde Justicia, que habría disparado algunas penas hasta los 15 años de prisión, en lugar de los 12 actuales. Desde el PSOE creen que la cerrazón del socio minoritario se debe a que Igualdad ha "construido un relato" para no cambiar los aspectos sorpresivos de la ley, que ya cuenta con más de 400 rebajas de condenas.
Si finalmente se aprueba la reforma socialista habrá tres códigos penales vigentes para tratar casos de violencia sexual. Desde el grupo parlamentario reconocen –también lo dice el propio texto de la proposición– que la nueva ley "es sólo de futuro" y que no frenará las rebajas de condenas ni las excarcelaciones de delincuentes sexuales.
Fuentes del Ministerio de Justicia aclaran que no se puede dar el mismo valor "a la violencia que a la violencia extrema" y que los antiguos casos de abuso –por ejemplo, un tocamiento– no se deben regular en el mismo marco que las violaciones, como subtipo. Esto, a ojos de Unidas Podemos, es una prueba clara de que sus socios quieren volver al modelo del PP para diferenciar de facto los dos casos, aunque la ley no lo diga claramente.
El equipo de Irene Montero, por su parte, califica de "totalmente incomprensible" e "intolerable" la propuesta de sus socios, que ya se decidirá más en los pasillos del Congreso que entre los despachos de la Moncloa. Ahora está en mano de la Mesa de la Cámara Baja calificar la iniciativa para llevarla a pleno el martes de la semana que viene. En ambos casos, será representativo ver con qué apoyos cuentan los socialistas y hasta dónde están dispuestos a ceder los morados.