No llegó al río la sangre de la ruptura, pero sí de la discrepancia más fuerte que ha vivido hasta ahora el Gobierno de coalición. Apenas unas horas después de que el PSOE presentara en solitario su propia reforma de la Ley de Libertad Sexual, conocida como sólo sí es sí, el Ministerio de Igualdad ha contraatacado acusando a sus socios de querer volver "al Código Penal de La Manada", esto es, quitarle lo que consideran la esencia de la norma.
La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha rechazado frontalmente la propuesta del Ministerio de Justicia, activada in extremis para evitar la oleada de rebajas penitenciarias –casi 400– a agresores sexuales. El problema, asegura la número dos del ministerio, es que la reforma de los socialistas podría abrir la puerta a una "segunda oleada" de revisiones a la baja que hasta ahora no estaban contempladas.
En concreto, el miedo que reina en el ministerio de Irene Montero es que se revisen todos los casos que los tribunales han rechazado analizar tras la entrada en vigor de la ley. La razón jurídica sería que, al introducir una nueva disposición de derecho transitorio que no estaba presente en la ley actual, los jueces que rechazaron revisar las penas en un primer momento tengan que cambiar el criterio y volver a analizar los casos.
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"Desde luego, lo que no se puede permitir el Gobierno es dar la mínima opción a que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones", ha subrayado la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, en la sede del ministerio.
El objetivo del Ministerio de Igualdad, que lleva negociando con Justicia desde mediados de noviembre, es seguir trabajando en un acuerdo que "evite el retroceso que se está planteando en este momento" y defender que la falta de consentimiento –y no la violencia y la intimidación– siga siendo el elemento que defina una agresión sexual.
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En el ministerio, ha apuntado Rodríguez Pam, se sienten "tristes" y "preocupadas", pero van a insistir en la necesidad de un acuerdo porque el regreso al anterior modelo supone "un retroceso para los derechos de las mujeres" y la vuelta "a la revictimización de tantas mujeres que han sufrido una agresión sexual".
Los dos partidos en el Gobierno están de acuerdo en subir las penas de la ley, pero chocan en la fórmula jurídica para hacerlo y en las formas políticas sobre cómo argumentarlo. En el Ministerio de Justicia de Pilar Llop creen que estas subidas se deben vincular a la violencia o la intimidación; en Igualdad, por contra, creen que esta vinculación afecta a la esencia de la ley, que es poner el foco en el consentimiento de la víctima y no en la forma de agresión sexual.
Vuelta al modelo anterior
El envite político que rodea al sólo sí es sí no se decidirá del todo –quizá ni siquiera– hasta que queden desveladas las cartas de cada partido durante su tramitación en el Congreso. En este escenario sólo hay dos salidas posibles: o que el PP preste su apoyo al PSOE (cosa que ya han ofrecido); o que Unidas Podemos llegue a un acuerdo con sus socios.
En cualquier caso, la segunda opción está lejos de ocurrir. Los morados creen que el cuadro penológico y el espíritu de la ley del PSOE recuerda peligrosamente a las propuestas del PP, que quiere derogar el sólon sí es sí. Si esto ocurre, argumentan, es porque el PSOE también quiere hacerlo pero no se atreve a confesarlo.
La propuesta del Ministerio de Justicia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, agrega un nuevo párrafo al artículo 178 de la ley. Dice así: "Si la agresión se hubiera cometido empleando violencia o intimidación o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad, su responsable será castigado en todo caso con la pena de 1 a 5 años de prisión [cuando no haya penetración] y de 6 a 12 años [cuando sí la haya]". Ahora bien, si no existe esa violencia, la pena será de 1 a 4 años, separando claramente ambos casos.
El argumento de Igualdad es que no hay tanta diferencia con lo que propone el PP. Bajo el texto del PSOE el delito básico de agresión, el caso de "agresión con acceso carnal" y el agresiones agravadas las penas serían exactamente iguales a las del PP. La única diferencia es que el PSOE prevé una horquilla mayor si existiera violencia, intimidación o anulación de la voluntad y el PP, en cambio, sólo considera violencia o intimidación.