El mismo día en el que Oriol Junqueras ha afirmado que "todas las vías", incluida la unilateral, que permitan votar por la independencia de Cataluña "son democráticas", el Gobierno ha cerrado la puerta a la celebración de cualquier tipo de referéndum, incluido uno pactado. 

El ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Félix Bolaños, ha advertido este martes que un referéndum en Cataluña "es contrario a nuestra Constitución" y que, por tanto, "no se puede celebrar". De esta forma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza las pretensiones de ERC, que quiere un referéndum en el que con una participación del 50% y el 'sí' del 55% se declare la independencia de Cataluña. 

"No va a haber un referéndum ni por la vía pactada ni por la vía unilateral", ha sentenciado Félix Bolaños en TVE, que considera que un referéndum "supone cronificar el conflicto" y "dividir a la sociedad catalana". "Y nosotros estamos en hacer todo lo contrario", ha añadido, insistiendo en que un referéndum en Cataluña "no lleva a nada" y aleja la idea de una Cataluña "próspera y de futuro".

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Bolaños ha recordado a ERC que lo que se firmó en la mesa de negociación entre el Gobierno de España y el de Generalitat de Cataluña fue "hacer política dentro de la ley y de la Constitución". "Esto es algo que puede parecer una obviedad, pero es que en 2017 no se hizo así", ha dicho. 

En esta línea, Bolaños se ha mostrado convencido de que todos los españoles "reconocen" que la política que está haciendo el Gobierno "está siendo útil" para la convivencia de Cataluña y su relación con España.

"Es una política valiente y de tomar decisiones sobre un problema que heredamos nosotros cuando llegamos al Gobierno", ha remarcado. 

Rebaja de la malversación

Sobre la rebaja del delito de malversación pactada por PSOE y ERC, Bolaños ha sostenido que "ninguno" de los hechos cometidos en Cataluña en 2017 quedan despenalizados porque todos ellos están ahora penalizados con nuevos delitos como el de "desórdenes públicos agravados" o "el desvío presupuestario irregular"  y "tendrá que ser el Tribunal Supremo quien decida si procede a alguna revisión de las penas".

Además, ha defendido esta reforma del Código Penal bajo el argumento de que está "analizada por expertos", que "responde" a las necesidades de "la España de 2022" y que es una homogeneización con los códigos penales y las leyes del resto de países europeos. 

Bolaños ha subrayado que para los corruptos la situación será peor cuando entre en vigor la reforma: "Si se trata de un delito de malversación porque hay lucro personal o de un tercero será la malversación agravada y si ha habido un desvío presupuestario de una partida será un delito también penado con hasta 4 años de cárcel. Será un juez quien tenga que determinarlo".

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Preguntado acerca de si el PSOE está reformando el Código Penal para beneficiar a condenados por el procés, Bolaños ha insistido en la homogeneización con Europa y en la "desproporción" que tampoco daba "respuesta a la España de 2022". "Y ya de paso intentamos terminar la obra que supone desinflamar el procés y pasar página de esos hechos tan lamentables que ocurrieron", ha apuntado a renglón seguido.

También ha aprovechado para pedir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que explique cuál es su modelo para Cataluña. "¿El proyecto del PP es volver a 2017? Porque fue una catástrofe", ha cuestionado.

Así es la reforma 'exprés'

En la reforma exprés se diferenciará entre tres tipos distintos de malversación y no dos, como se esperaba en un primer momento. El tercero, que es el que beneficiará a los condenados y encausados por los hechos del 1-O, contempla penas de 1 a 4 años de prisión e inhabilitación especial de 2 a 6 años y abre la puerta a que algunos, los de menor relevancia, ni siquiera entren en la cárcel.

Se diferenciará de otros dos tipos de malversación. El primero, el más grave según el texto, mantiene las penas tal como están actualmente cuando hay malversación con apropiación. Esto es, cuando hay ánimo de lucro personal o a terceros.

El segundo caso distingue la malversación de uso, que son aquellos casos en los cuales se hace un mal uso de los recursos públicos pero sin voluntad de apropiárselos. La intención es penar estos casos con penas que vayan de los 6 meses a los 3 años de prisión y de 1 a 4 años de suspensión de trabajo público.