El Gobierno da por concluida la Mesa con Cataluña pero ERC pide que debata su referéndum

Las fuentes consultadas no descartan una última reunión próxima de la mesa, pero en todo caso para constatar que ya se han alcanzado los acuerdos previstos, es decir, los referidos a lo que llaman “desjudicialización del conflicto” con Cataluña y también medidas de política lingüística que ya están en marcha. Esos acuerdos se han negociado en secreto desde la tercera reunión de la mesa, el pasado mes de julio.

El Gobierno considera que ha logrado que ERC renuncie a la unilateralidad y los independentistas mantienen su aspiración de la autodeterminación, pero conscientes de la dificultad. Moncloa siempre se ha negado a esta petición y atribuyen las peticiones a la retórica independentista.

La formación que preside la Generalitat de Cataluña que preside la Generalitat de Cataluña ha dado a conocer este lunes su nueva hoja de ruta, que pasa por llevar las condiciones de un nuevo referéndum de "autodeterminación" a la Mesa de diálogo con el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, al dar por sentado que éste "ha reconocido la existencia de un conflicto político entre Cataluña y España".

Así se establece, a grandes rasgos, en la ponencia política del 29º "congreso nacional" de ERC, que se someterá a votación de sus bases el próximo 28 de enero.

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Además, el Gobierno quiere que 2023 quede despejado de asuntos que puedan provocar conflicto de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo, y las generales de diciembre.

“A partir de entonces, si Pedro Sánchez sigue como presidente, empezará otra legislatura y se repartirán de nuevo las cartas”, explican estas fuentes al ser preguntados por la posibilidad de que, más adelante, los independentistas puedan plantear nuevas reivindicaciones.

Los socialistas aseguran que la reforma del Código Penal no busca facilitar la incorporación a las instituciones de Oriol Junqueras, sino que el objetivo es, sobre todo, aligerar las penas que puedan imponerse a una treintena de altos cargos pendientes de juicio por desviar dinero público a la celebración del referéndum ilegal.

Sostienen que unas altas condenas para esos altos cargos podrían provocar de nuevo situaciones de tensión e incidentes en Cataluña.

La hoja de ruta de Sánchez para Cataluña incluye rebajar la tensión y, según fuentes socialistas, ya se ha conseguido dividir al independentismo. La tesis que maneja es que el procés terminará definitivamente el día que haya un presidente de la Generalitat no independentista, es decir, socialista.

Reforma negada

Este jueves, el Pleno del Congreso aprobará previsiblemente la reforma de los delitos de sedición y de malversación. Los diputados del PSOE votarán el dictamen de la comisión sobre una reforma que durante meses fue negada por el Gobierno y la cúpula de los socialistas.

De hecho, muchos de ellos explican, con cierto desconcierto, que durante mucho tiempo siguieron al pie de la letra los argumentarios que recibían de Moncloa y de Ferraz en los que negaban tal posibilidad.

Los portavoces del Gobierno, empezando por el presidente Pedro Sánchez, mantuvieron primero la tesis de que esa reforma no se podía hacer por carecer de apoyo parlamentario. Sin embargo, como se ha demostrado ahora, sí existía es mayoría.

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Incluso, hace año y medio el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, elaboró un texto de reforma del Código Penal que cambiaba todos los delitos que no están acompasados con Europa, incluida la sedición o los de opinión. El texto se frenó y se guardó en un cajón hasta ahora.

Desde julio, tras la anterior reunión de la Mesa de diálogo, el Gobierno trabajaba en secreto con ERC en la reforma de la sedición y también de la malversación. Sin embargo, el Gobierno y el PSOE lo negaban para explicar que se pronunciarían cuando hubiera una propuesta concreta de ERC sobre la malversación.

Ese argumentario fue repetido por todos los dirigentes del PSOE y sus diputados.

Así fue hasta que hace una semana, el presidente del Gobierno admitió que se trabajaba en reducir las penas de la malversación. Esos mismos dirigentes socialistas recibieron y repitieron el argumentario que se remite a la legislación europea y a la reforma que el PP de Mariano Rajoy hizo en 2015 para penalizar la malversación sin ánimo de lucro.

El siguiente giro fue la enmienda de ERC, el pasado viernes, bajando la pena a tres años, y la del PSOE creando el delito de enriquecimiento ilícito. De esa forma, los socialistas podían presentar luego la propuesta de cuatro años para la malversación sin lucro.

El domingo, Moncloa y el PSOE filtraron un acuerdo con Unidas Podemos sobre la malversación, sin que los morados lo negaran en todo el día. Este lunes, Unidas Podemos se ha desligado de ese supuesto acuerdo, pero votará a favor.

Este último giro ha provocado malestar entre los socialistas por considerar que sus socios se han quitado de enmedio en el último momento.

Este jueves la mayoría del Congreso, sin PP, Vox y Ciudadanos, votará lo que hasta hace sólo un mes Moncloa y el PSOE negaban que fueran a hacer.