Estupor en la Eurocámara tras la comparecencia telemática este martes de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro, ante el comité de investigación sobre el programa de spyware Pegasus. Casteleiro ha resaltado que el CNI respeta el ordenamiento jurídico vigente "siempre y sin excepciones" y está sometido a "un estricto régimen de controles", entre ellos la exigencia de autorización judicial previa para actuaciones que afecten a derechos fundamentales.
No obstante, la directora del CNI se ha escudado en su obligación de "secreto" para negarse a responder a la treintena de preguntas detalladas que le han dirigido los parlamentarios sobre el supuesto espionaje a independentistas catalanes o al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Entre los que han interrogado a la directora del CNI se encontraban Carles Puigdemont, fugado en Bélgica desde 2017 y eurodiputado de JxCat, así como los representantes de ERC Diana Riba y Jordi Solé. Los tres han preguntado a Casteleiro si el CNI tiene el programa Pegasus y si les ha espiado a ellos o a sus entornos, tal y como sostiene la investigación de la entidad Citizen Lab. Para su respuesta final, disponía de casi 20 minutos de tiempo.
[La Eurocámara acusa al Gobierno de Sánchez de no colaborar en su investigación de Pegasus]
"He tomado nota de las numerosas preguntas, 28, que me han hecho. El CNI es la única institución que tiene una comisión parlamentaria específica para dar cuenta de sus actividades y solo ante ella puedo hacerlo por el carácter secreto de las mismas que establece la ley reguladora en su artículo 5", se ha limitado a señalar Casteleiro en su tiempo de respuesta.
"De tal manera que por coherencia y por obligación legal, puedo solamente responder insistiendo en que la ley 11/2002 reguladora del CNI recoge textualmente que las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (...) constituyen información clasificada con el grado de secreto", ha insistido la directora de los espías españoles.
"Esta es la obligación legal que impide hablar de las cuestiones relativas al CNI en el Parlamento Europeo, puesto que no lo puede hacer en ningún otro lugar que no sea la comisión de Secretos Oficiales del Parlamento español, tal y como también prevé nuestra ley. Y es que el ámbito de actuación del CNI es la seguridad y la protección de los intereses nacionales, que es la responsabilidad exclusiva del Estado español", alega Casteleiro.
"Puesto que tengo la posibilidad de revisar todas las preguntas e intentar contestar por escrito las que la ley no me exija el secreto, así lo haremos", ha concluido.
Carles Puigdemont saluda al abogado de Junqueras, Andreu van den Eynde, durante la reunión de este martes del comité sobre Pegasus
La respuesta de la directora del CNI ha sido acogida con murmullos y risas entre los eurodiputados presentes en la sala. "No es del todo satisfactorio que ninguna de estas preguntas haya sido respondida, pero esperamos recibir información más elaborada por escrito de la directora del Centro Nacional de Inteligencia español", le ha reprochado el presidente del comité de investigación, Jeroen Lenaers.
La insatisfactoria comparecencia de Casteleiro se ha producido después de que la Eurocámara criticara al Gobierno de Pedro Sánchez por no colaborar en su investigación sobre el uso de Pegasus.
El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre Pegasus dedica un capítulo específico a España en el que se da por hecho que Marruecos es el responsable del espionaje a los teléfonos del propio Sánchez y de los responsables de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles.
El borrador -que todavía está sujeto a enmiendas- también da por demostrada la vigilancia a 65 independentistas catalanes en el marco del denominado CatalanGate y la atribuye al Gobierno de Sánchez. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha admitido (ante la comisión de Secretos Oficiales pero no en la Eurocámara) que controló a 18 de estas 65 víctimas (entre ellas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés) con su correspondiente autorización judicial.
En cuanto al resto de supuestos afectados, "sobre la base de una serie de indicadores, se asume de forma general que la vigilancia de los objetivos catalanes fue realizada por las autoridades españolas, principalmente en conexión con el referéndum de independencia en Cataluña del 1 de octubre de 2017 y los acontecimientos que siguieron", sostiene el borrador. "El Gobierno español fue probablemente el primer cliente en la UE del grupo NSO (el fabricante de Pegasus)", dice el informe de la Eurocámara.