La resistencia de los ministros jueces impidió que el acuerdo del CGPJ se firmara el martes

Félix Bolaños y Esteban González Pons han mantenido cinco reuniones, han hablado por teléfono una veintena de veces y han intercambiado cientos de mensajes escritos desde que el pasado 10 de octubre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo acordaron en la Moncloa abordar el último intento para renovar el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional.

Llegaron a redactar un texto de acuerdo que, según Bolaños, ya estaba cerrado totalmente y que, según el PP, estaba a falta de que el presidente del Gobierno y el líder de la oposición cerraran dos detalles para hacerlo público.

Tan cerca estuvo el pacto que iba a firmarse y ser anunciado el martes. No se hizo ese día porque ese mismo día el representante del Gobierno planteó una objeción técnica que tenía que ver con la situación de los tres jueces que en este momento son ministros, según el PP.

Concretamente, el Gobierno transmitió al PP que Fernando Grande Marlaska (Interior), Pilar Llop (Justicia) y Margarita Robles (Defensa) plantearon internamente en el Gobierno su objeción a uno de los puntos del acuerdo que señala que los jueces que pasen a la política tendrán que estar dos años en excedencia y, posteriormente, deberán volver a concursar.

[Diez claves de la ruptura: entre las presiones al PP y el arma política que Feijóo le da a Sánchez]

Por eso, se aplazó la firma del martes y ese día se pactó una modificación del acuerdo por la cual esos jueces ministros seguirían en situación de servicios especiales, con obligación de volver a puestos donde no dicten sentencias durante dos años. Por ejemplo, Marlaska podría volver a la Audiencia Nacional, pero tendría que estar dos años en puestos administrativos antes de dictar sentencias de nuevo. 

La redacción inicial del acuerdo provocó inquietud dentro del Consejo de Ministros, porque hubiera supuesto que algunos de esos jueces ministros tuvieran que salir del Gobierno para no ser perjudicados por la ley.

Ahora no hay limitación y, por ejemplo, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo se reincorporó a la Audiencia Nacional con la única limitación de tener que abstenerse cuando se traten asuntos vinculados a su gestión en el Gobierno.

Robles asegura que ella nunca puso objeciones y que, de hecho, aseguró el jueves que no le preocupaba cómo le afectaría lo que se incluyera en el pacto sobre la vuelta de política a la Justicia. El PP explica que se les transmitió como posición de los tres.

El miércoles, los dos interlocutores volvieron a hablar por teléfono y acordaron otro de los detalles que quedaba pendiente, dejando para los dos líderes el cierre de otro punto que, en principio, no presentaba problemas.

Una vez subsanados ese detalle y el problema técnico, Gobierno y PP pactaron que el acuerdo se pudiera anunciar este viernes, tras una reunión entre Sánchez y Feijóo. Sin embargo, entremedias se mezcló la voluntad del Gobierno de modificar el delito de sedición y la posterior decisión de Feijóo de romper las conversaciones.

A finales de la semana pasada el texto del acuerdo estaba casi cerrado, con vocales titulares y suplentes, a falta de algún detalle y con voluntad de firmar el 25 de octubre.

El lunes, González Pons ya transmitió a Bolaños su inquietud por las informaciones que señalaban que el Gobierno quería rebajar las penas para el delito de sedición. Especialmente, por una información de El País que señalaba que se reduciría a la mitad esa pena.

Según el Gobierno, el ministro tranquilizó a Pons y le explicó que esa reforma no se haría. Por eso, Cuca Gamarra, portavoz del PP, dijo en Antena 3 que ambos temas no estaban relacionados.

Sin embargo, el Gobierno explica que nunca le dijo a Pons que no se aprobaría la reforma de la sedición. Asegura que le transmitió que es la misma posición de siempre, es decir, que no hay mayoría suficiente para sacarla adelante y que no hay ningún texto elaborado.

La inquietud volvió el jueves por la mañana en una llamada del interlocutor del PP al ministro de Presidencia, en la que obtuvo idéntica respuesta. Quedaron en que por la tarde Sánchez y Feijóo hablarían por teléfono.

Poco después, la ministra de Hacienda y número dos del PSOE, María Jesús Montero, dijo en la tribuna del Congreso que el Gobierno enviaría al Parlamento esa reforma. Luego matizó la ministra, pero el PP insitió ante el Gobierno en su inquietud.

La tarde del jueves, el presidente del Gobierno llamó al líder del PP y éste volvió a preguntar. Según los populares, el presidente fue claro en asegurar que el delito de sedición se modificará.

Moncloa explica que la conversación terminó sin que Feijóo expresara su voluntad de romper. Incluso, asegura que quedaron en verse el miércoles 2 de noviembre.

Al acabar la conversación, el líder del PP consultó con dirigentes del partido y con varios barones regionales, como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno y Alfonso Fernández Mañueco, entre otros, y todos apoyaron la decisión de romper las conversaciones, según fuentes de Génova.

Algunos de ellos, como Ayuso, ya habían pedido antes a Feijóo que no siguiera adelante con las negociaciones.

El negociador del PP, Esteban González Pons, tuvo que salir de la presentación de un libro del exministro José Manuel García-Margallo en Valencia para conocer la decisión del líder de su partido.