El PP tacha de "barbaridad legislativa" el 'impuesto a los ricos' y asegura que el TC "lo tumbará seguro"

Los conservadores no dudan en asegurar que el Tribunal Constitucional "tumbará seguro" el tributo por diferentes motivos. El primero de ellos porque, como adelantó EL ESPAÑOL-Invertia, Hacienda llevará el gravamen al Congreso de los Diputados incorporándolo a través de una enmienda en la proposición de ley que recoge otras dos nuevas figuras tributarias: el impuesto a la banca y a las energéticas. 

Ese texto ya se encuentra en la Cámara, en fase enmiendas a la totalidad, un trámite que se espera que supere sin sorpresas. Las prisas del departamento de María Jesús Montero por recaudar el gravamen a las grandes fortunas en 2023, ha llevado al Ejecutivo a incorporarlo a este proyecto, que se aprobará -previsiblemente- en noviembre.

Según explican en el principal partido de la oposición, se trata de una nueva "artimaña" de la coalición. Recientemente trasladaron su malestar por el abuso que hace el Ejecutivo de los reales decretos, los trámites de urgencia y las proposiciones de ley. 

Génova argumenta que con estos mecanismos Moncloa evita la supervisión de organismos preceptivos, como el Banco de España o la CNMV. Detallan que aunque el impuesto a las grandes fortunas se redacta en el Ministerio de Hacienda, se tramita a través de un texto que lleva la firma de PSOE y Podemos, lo que anula cualquier veredicto institucional. 

Invasión de competencias

"Eso es una barbaridad", resume una fuente del equipo de Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP. Según apunta, esta forma de proceder del Gobierno supone "un fraude de ley", porque además de rehuir la supervisión institucional, también reduce a la nada el debate en la Cámara Baja.

Los populares denuncian que el Gobierno "está cercenando el poder legislativo" y estudian pedir amparo ante la Justicia para poner coto al uso desmesurado de los citados instrumentos legislativos. 

Génova considera que la enmienda para aprobar el impuesto es "un agravante más". Ya que, a falta de conocer los detalles, dan por segura una invasión de competencias autonómicas: "Tenemos una Constitución que hay que cumplir, se está gravando un mismo hecho imponible", denuncian desde el equipo económico del PP. 

En las últimas semanas, tanto la Comunidad de Madrid como la Junta de Andalucía han anunciado acciones legales ante el TC. Ambas autonomías tienen bonificadas Patrimonio y aducen que la figura tributaria del Gobierno es "desleal y desproporcionada".

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En el PP interpretan que el recurso anunciado por Isabel Díaz Ayuso y Juanma Moreno tiene visos de prosperar. Y, es más, ya vaticinan que será un Gobierno de Feijóo el que tenga que arrostrar con las consecuencias en un futuro: "Lo van a tumbar seguro. Y lo que va a pasar es que lo va a cobrar el Gobierno de Sánchez pero ¿quién lo devuelve? Feijóo cuando llegue a la Moncloa". 

Tal y como ha adelantado este periódico, Hacienda pretende además que el gravamen afecte a las grandes fortunas ya en 2022, de manera que los contribuyentes afectados lo tendrán que abonar en 2023. Esto, subrayan fuentes populares, "busca anular por completo la bonificación de Patrimonio en Andalucía, que sería efectiva al menos un año". 

Es decir, que el anuncio estrella de Juanma Moreno en el ámbito fiscal caerá en saco roto. "Si el Gobierno aprobara su impuesto a partir del 1 de enero de 2023, los andaluces al menos se habrían ahorrado Patrimonio en el 2022. Pero Hacienda quiere anular ese efecto", resume un dirigente popular.