Si hay que hacer caso a las advertencias del entorno de Pere Aragonès, previas a la reunión de este viernes, el president ha debido de arrancar algo más a Pedro Sánchez. Pero tras la rueda de prensa de la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, lo único que se sabe es que el presidente del Gobierno y el de la Generalitat han acordado -en la hora y tres cuartos de encuentro en Moncloa- convocar una Mesa de diálogo en la última semana de julio.
Esta convocatoria no contará con la presencia de los presidentes y se celebrará en Madrid, porque la anterior, el 15 de septiembre, fue en Barcelona. Las fuentes consultadas indican que los equipos lo tienen "todo muy preparado". Aun así, no está confirmado que la cita vaya a tener Moncloa como sede. Fuentes del Gobierno sólo confirman que será en "un edificio institucional".
"Sin contenidos concretos no hay avances", persistía en aclarar un portavoz cercano al president minutos antes de llegar a Moncloa. "De la cita de este viernes debía salir una voluntad clara por parte del Gobierno de España de ir encontrando soluciones y de abordar en serio la resolución del conflicto político". Rodríguez no ha querido confirmar cuáles han sido los avances, pero fuentes de Moncloa confirman que "habrá anuncios concretos" tras la reunión de la Mesa.
Pedro Sánchez y Pere Aragonès se reúnen en Moncloa
A tenor de que la Mesa de diálogo, negociación y pacto estaba "cancelada" hasta ahora, por la "pérdida absoluta de confianza en el Gobierno del Estado" que expresaba el campo independentista, la cita entre Aragonès y Sánchez ha sido un éxito. "Estamos muy satisfechos", ha añadido esta fuente de Moncloa.
Porque las fuentes del entorno del president insistían a este diario en que la voluntad de "volver a intentar el diálogo" era absoluta por su parte, pero que la carga de la prueba estaba en el Ejecutivo español, y que era el que debía "aclarar las cosas".
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Es decir, que Aragonès ha tenido que arrancar algo más de Sánchez. "Lo de hoy era una reunión de fondo donde queríamos ver si están dispuestos a avanzar en cosas concretas, o con una foto ya les vale. Eso es lo que esperábamos".
Porque sus portavoces apuntaban que ya no habría "más mesas sin avances concretos". O lo que es lo mismo, "sin acuerdos previos cerrados", ya que la foto de esta reunión de delegaciones sólo tiene sentido, para Aragonès, "como escenificación pública de un acuerdo ya concretado".
A pesar de que se inauguró el 26 de febrero de 2020, será solamente la tercera edición de este foro. Pero, en principio, una de las dos que están previstas antes de que acabe este año 2022. De hecho, Rodríguez se ha ceñido al contenido del acuerdo de la semana pasada entre Félix Bolaños y Laura Vilagrà, que anticipa una cuarta Mesa antes de enero.
En aquella reunión se avanzó en la "metodología de negociación", y las garantías para la "desjudicialización del conflicto político". Ahora, sin embargo, Moncloa afirma que no se ha hablado de este último asunto. "Sí se ha tratado ese asunto al que usted se refiere", admitió la portavoz sin citar por su nombre al software espía Pegasus, "pero la posición del Gobierno no ha cambiado", zanjó sin más detalles.
Oferta y demanda
La dinámica de esta negociación se ha instalado en que los independentistas piden y el Gobierno de la nación ofrece, aunque, por ahora, no hayan casado oferta y demanda. Sólo de ahí se ve que puedan salir avances, tal como parecen conducirse las dos partes, a la vista del documento firmado por el ministro Bolaños y la consellera Vilagrà, hace una semana, en Barcelona.
Este periódico ya informó, el pasado martes, de que el presidente del Gobierno tenía previsto ofrecerle al president de la Generalitat una rebaja en las penas del delito de sedición. Rodríguez ha asegurado que este tema no se ha tocado.
Tampoco habrían hablado los presidentes sobre el dictamen del abogado general del tribunal de Justicia de la UE, que este jueves daba la razón al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y despejaba el camino para la ejecución de la euroorden por sedición y malversación contra el ex presidente catalán, Carles Puigdemont, y contra sus exconsellers Clara Ponsatí y Toni Comín, fugados en Bélgica desde octubre de 2017.
Parece extraño todo esto, teniendo en cuenta que las dos principales peticiones de Aragonès para esta cita eran lograr avances en "desjudicialización" y "garantías del fin del espionaje".
Moncloa afirma que no ha activado la revisión del Código Penal que tiene pendiente como compromiso desde el inicio de la legislatura -y que incluirá otros retoques-, a la espera de que ERC o el Govern muestren la clara voluntad de apoyar esa vía de "desjudicialización". Una fuente del Consejo de Ministros lo explica así: "Piden cosas concretas, y las tienen, otra cosa es que sean las que ellos quieren".
Según las cuentas de Sánchez -demostradas con creces este jueves en las múltiples votaciones posteriores al Debate sobre el estado de la Nación-, "hay mayoría para sacarla adelante", explica una fuente autorizada.
"Depende de ellos que lo activemos". Es decir, que son los 13 votos de Esquerra en el Congreso los que garantizarían la mayoría absoluta -que, por otro lado, ya tiene asegurada Moncloa- y que Sánchez lo impulsará cuando Aragonès lo demande.
Dos mesas, dos avances
Lo que tenía previsto plantearle el president al presidente era, precisamente, que se convoquen dos Mesas de aquí a final de año. Y que éstas tengan un contenido predefinido de "avances concretos" en la Ley de Secretos -para visualizar la superación del llamado caso Pegasus- y en "el fin de la represión", que es la versión dura de la expresión "desjudicialización" y que debe avanzar en varios frentes.
No sólo en el retoque de las penas por sedición, que facilitaría el regreso de los fugados o exiliados (según el lenguaje de quien los nombre). Sino en la desactivación de los procesos judiciales o administrativos aún abiertos contra cientos de personas por sus responsabilidades en el procés o el referéndum ilegal del 1-O de 2017.
¿Cómo? Podría ser por la vía de un cambio de criterio en la Abogacía del Estado, personada en la inmensa mayoría de ellos. "Pero eso le corresponde decirlo, ofrecerlo, concretarlo al Gobierno del Estado", insisten las fuentes del Govern.
Lo que no tiene Sánchez en mente, en ningún caso, es atender la postura de sus socios de coalición. Unidas Podemos aboga por la simple eliminación del delito de sedición: "Lo que no podemos hacer es derogar esa figura", explica una fuente del Gobierno. "El Código penal tiene que proteger al Estado de los ataques a la Constitución".