Irene Montero en el Consejo de Ministros durante la presentación de la Ley Trans.
Irene Montero desoirá las objeciones del Consejo de Estado a la Ley Trans que "velan por el menor"
El Consejo General del Poder Judicial también pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.
6 julio, 2022 03:23La ministra de Igualdad, Irene Montero, tramitará la Ley Trans haciendo caso omiso a las objeciones que este martes ha planteado el Consejo de Estado. Así lo confirman fuentes de su entorno.
El máximo órgano consultivo del Gobierno ha hecho público su rechazo a que los menores de edad cambien de sexo en el Registro Civil sin un aval judicial.
El Ministerio de Igualdad ha liderado la redacción de la conocida como Ley Trans, que busca, según sus impulsores, reconocer la igualdad real y los derechos de las personas LGTBI, pese a lo cual no ha estado exenta de polémica.
La norma posibilita el cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años. Entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.
"Del informe del Consejo de Estado atendimos algunos aspectos técnicos, pero nada de los derechos fundamentales que incluye la ley", argumentan fuentes del Ministerio de Igualdad a EL ESPAÑOL.
Además, añaden que el informe del Consejo de Estado es muy parecido al que emitió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.
Así, el equipo de la ministra de Podemos hace oídos sordos tanto al dictamen del organismo que preside la exvicepresidenta del Gobierno Fernández de la Vega, como al del CGPJ emitido en abril. El objetivo de la ministra es que el Congreso de los Diputados establezca los cambios oportunos, si hubiera que hacerlos.
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Podemos sabe que en el trámite parlamentario la ley quedará prácticamente igual que ha salido del Consejo de Ministros. Los llamados socios de la investidura (ERC, Más País, Compromís, los Comunes… ) comparten el núcleo duro de la ley.
Las feministas se dividieron a cuenta de la ley. Por un lado, estaban las que apoyaban el cambio de sexo en el Registro Civil sin necesidad de tratamiento médico, porque ello conlleva -aseguran- una despatologización del colectivo. Feministas del PSOE reclamaban, por su parte, que el cambio de sexo legal en el DNI no se permitiera basándose en la libre voluntad de la persona. Se hacían eco de una denuncia histórica feminista según la cual este cambio puede perjudicar a las mujeres que no son trans.
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Este punto en cuestión también ha obtenido la posición contraria del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Al final, Irene Montero ha ignorado a todos. Tal y como queda redactada la ley, la persona que quiera cambiar su sexo lo hará sin registros médicos ni psicológicos, pero sí tendrá que reafirmar su decisión a los tres meses ante el Registro Civil. Es el único punto en el que Montero ha dado su brazo a torcer para, así, conseguir el visto bueno del PSOE.
Irene Montero con una camiseta en la que se puede ver la palabra Mariliendre.
Montero se ha declarado a sí misma la 'mariliendre' del Consejo de Ministros. Y así se presentó el día que se aprobó la Ley Trans. El lema, que en el argot LGTBI hace referencia a la mujer que sólo se relaciona con hombres homosexuales o bisexuales, lucia en su camiseta.
Era su forma de lanzar un mensaje a toda esa facción del Gobierno del PSOE que la acusó de no defender a las feministas por ponerse del lado del colectivo LGTBI, colectivo que exigía demandas que cuestiona el Consejo de Estado.
Las objeciones
El Consejo de Estado considera que no es acertado sostener que la necesidad de una aprobación judicial suponga no tener en cuenta "la madurez de cada menor o su situación".
"Al contrario —replica el organismo—, la flexibilidad con la que se ha concebido el mencionado expediente de jurisdicción voluntaria, en el que (...) el juez comprobará, entre otros extremos, la madurez del menor para comprender y evaluar las consecuencias de su decisión, hacen que dicho procedimiento de aprobación judicial constituya un cauce procedimental especialmente idóneo para valorar las circunstancias de cada caso concreto y, de esta forma, velar por el interés superior del menor".
El Consejo de Estado sí defiende, no obstante, que la "constancia registral del sexo" no tiene por qué "permanecer invariable a lo largo del tiempo". El derecho a la libre determinación sexual de la persona permite modificarla.
Una bandera trans ondea frente al Congreso de los DIputados.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad un informe a finales de abril en el que advertía sobre determinados puntos de la ley que podrían vulnerar derechos de las mujeres. También proponían elevar a los 18 años la edad para que una persona pueda solicitar el cambio de sexo en el registro sin aval judicial.
El órgano de gobierno de los jueces instaba a endurecer así la propuesta del Ministerio de Igualdad, que en su anteproyecto de Ley Trans prevé que a partir de los 16 años no haya limitación alguna.
Para el CGPJ, el anteproyecto contenía disposiciones que "contradicen el derecho fundamental a la igualdad", en la medida en que propician el "indeseado efecto de generar situaciones de discriminación positiva y, por tanto, de discriminación por lo general indirecta de aquellas personas no contempladas en su ámbito subjetivo de aplicación, especialmente significativa respecto de las mujeres no transexuales".
