Un juzgado de Barcelona investiga si fueron obtenidas de forma ilegal varias de las pruebas que sirvieron para abrir la pieza 27 de la causa Tándem sobre la Operación Cataluña, el supuesto complot del comisario Villarejo para sacar a la luz la corrupción de la familia Pujol.
Si la juez de la Ciudad Condal confirma esta acusación, podría provocar que se invaliden varias de las actuaciones desarrolladas en la causa que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.
No obstante, una juez de Andorra ha abierto ahora otra investigación paralela para determinar si varios mandos policiales del Gobierno de Mariano Rajoy presionaron a la Banca Privada Andorrana (BPA) y su filial, el Banco de Madrid, con el fin de obtener información sobre cuentas bancarias de Artur Mas, Oriol Junqueras y la familia de Jordi Pujol.
El excomisario Villarejo, a la salida de la Audiencia Nacional en una imagen reciente.
La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona tomó declaración el pasado 2 de junio al antiguo responsable de la agencia de detectives Método 3, Francisco Marco, como querellado, acusado de un delito de revelación de secretos. En su informe dirigido a la juez, la Fiscalía aprecia indicios de este delito en su actuación.
En su declaración, Marco reconoció que incluyó en su libro sobre la Operación Cataluña varios e-mails sustraídos entre 2017 y 2020 de la cuenta de correo electrónico de un antiguo detective de Método 3, Julián Peribáñez.
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En uno de estos correos, fechado el 2 de octubre de 2017, Peribáñez solicitaba a un informador datos sobre las actividades del entonces líder de Podemos, Pablo Iglesias, en Venezuela. Otros e-mails aluden a un viaje que Peribáñez realizó a Grecia en enero de 2020 para desarrollar una investigación privada como detective.
Además de incluirlos en su libro, Francisco Marco aportó estos correos electrónicos como prueba en la denuncia que presentó contra el comisario José Manuel Villarejo el 9 de junio de 2020 ante la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, que provocó la apertura de la pieza 27 del caso Tándem (llamado caso Villarejo) sobre la Operación Cataluña.
La diputada Alicia Sánchez-Camacho.
Marco fue detenido por la Policía Nacional el 18 de febrero de 2013 junto a otros empleados de Método 3 por realizar la grabación del restaurante La Camarga, en la que Victoria Álvarez (exnovia de Jordi Pujol Ferrusola) desveló a la entonces presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, que la familia Pujol ocultaba cuentas millonarias en Andorra.
Francisco Marco acusa en su denuncia a Villarejo de detención ilegal porque, alega, la grabación de La Camarga había contado con la aprobación de Alicia Sánchez-Camacho.
No obstante, dos antiguos detectives de Método 3 declararon el pasado 9 de junio de 2021 ante el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón que la grabación había sido encargada por el entonces líder del PSC, José Zaragoza. La Policía Nacional concluyó en un informe, en agosto de 2013, que el PSC había pagado a Método 3, al menos, 1.750 euros por este trabajo.
Uno de los detectives de Método 3, Alejandro Borreguero, fue el encargado de acceder al interior del restaurante para colocar un florero con una grabadora en la mesa en la que iba a celebrarse el encuentro. Mientras tanto, Peribáñez permanecía en el exterior para tomar fotografías de las dos comensales.
El diputado del PSC en el Congreso José Zaragoza.
El responsable de Método 3 señala en su denuncia que, en agosto de 2012, Villarejo usó la identidad falsa de Francisco Javier Hidalgo Estévez para abordar a Victoria Álvarez, con el fin de convencerla de que declarase ante la UDEF. Esta maniobra permitió a la Policía iniciar la investigación sobre la fortuna oculta de la familia Pujol.
Siempre según la denuncia, Villarejo habría utilizado otra identidad falsa, Manuel Pérez Villar, con el fin de ganarse la confianza de Javier de la Rosa, haciéndose pasar por agente del CNI. Francisco Marco sostiene que De la Rosa cobró 250.000 euros de los fondos reservados a cambio de entregar a la Policía información sobre la familia Pujol, mediante un contrato con la agencia de detectives de Villarejo, Cenyt.
Francisco Marco sostiene en su denuncia que el comisario Villarejo impulsó la operación policial contra Método 3, con el pretexto de la grabación de La Camarga, para apropiarse de los expedientes de todas sus investigaciones (que afectaban a dirigentes de Convergència, ERC, PP y PSOE, pero también a numerosos empresarios).
De hecho, en el registro de la vivienda de Villarejo en la finca El Montecillo, la Policía halló un pendrive que contenía la base de datos de la agencia de detectives.
La venganza de Villarejo
En el mismo sentido, Marco indica que el objetivo de Villarejo era destruir Método 3, para eliminar a un competidor de su propia agencia de detectives, Cenyt. No obstante, Método 3 había despedido a su plantilla y declarado su disolución voluntaria debido a dificultades económicas en noviembre de 2012 (como consta en el Registro Mercantil), tres meses antes de la operación policial.
Marco también acusa a Villarejo de haber difundido el rumor de que su madre y fundadora de la agencia Método 3, Marita Fernández Lado, mantenía una relación sentimental con un hermano del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba.
Así mismo Francisco Marco indica que, poco antes de ser detenido, un miembro de la unidad de información de la Policía le amenazó haciéndose pasar por agente del CNI: "Salva a Alicia o te callaremos". También acusa a uno de los antiguos detectives de Método 3, Julián Peribáñez, de haber facilitado al equipo de Villarejo documentación interna de la agencia.
Marco incluyó en su denuncia documentos procedentes de varios mensajes extraídos del correo electrónico de Peribáñez entre septiembre de 2019 y enero de 2020, para acreditar la connivencia de éste con los colaboradores del comisario Villarejo. En uno de estos emails, fechado en 2020, Peribáñez recibió una recomendación de la Embajada de España en Grecia, para realizar una investigación privada en aquel país.
Relevación de secretos
El jefe de Método 3 también incluyó información de estos e-mails sustraídos en su libro sobre la Operación Cataluña, mientras que otros fueron publicados en la web que dirige Dina Bousselham, quien fue asistente de Pablo Iglesias en el Parlamento Europeo. La web tiene su sede social en el despacho de abogado de Enrique Santiago, actual secretario de Estado de Agenda 2030, en el Ministerio que dirige Ione Belarra.
A raíz de estos hechos, Julián Peribáñez interpuso una querella contra Francisco Marco por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos, que instruye el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona.
En su declaración como querellado, el pasado 2 de junio, Marco explicó que le entregó estos correos electrónicos Antonio Tamarit, quien tras abandonar Método 3 montó su propia agencia de investigación junto a Peribáñez.
Sin embargo, Peribáñez abandonó en marzo de 2018 su participación en la sociedad que compartía con Tamarit, quien siguió accediendo de forma irregular a sus correos electrónicos personales al menos hasta enero de 2020, tal como acreditan los documentos.
Venta de la marca
Debido a que Francisco Marco mantenía una deuda de cerca de 200.000 euros con sus antiguos empleados, el Juzgado de lo Social número 23 de Barcelona adjudicó a Antonio Tamarit en julio de 2020 la marca "Método 3" en el proceso de liquidación de la agencia de detectives.
Sin embargo, Tamarit volvió a vender esta marca comercial meses después a Marita Fernández Lado, madre de Francisco Marco, para que pueda reabrir su agencia. Peribáñez sostiene en su querella que esta transacción forma parte de los pagos realizados por la familia Marco a Antonio Tamarit, a cambio de la entrega de los correos electrónicos sustraídos de su cuenta.
Si la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona confirma que Francisco Marco y Antonio Tamarit cometieron un delito de revelación de secretos en la obtención de los emails, esto podría provocar la nulidad de estos documentos como prueba en la pieza del caso Tándem sobre la Operación Cataluña, así como de las actuaciones judiciales que se hubieran derivado de ellos.