Una juez andorrana ha notificado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y a quienes fueran sus ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se les investiga en el Principado a raíz de una querella por las supuestas "extorsiones" a la Banca Privada d'Andorra (BPA) para obtener información financiera de varios políticos catalanes y tratar así de frenar el procés. Todo ello se habría producido dentro del marco de la llamada Operación Cataluña.
Así consta en una resolución al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La querella de la que se deriva esta causa fue presentada por el Institut de Drets Humans d'Andorra, la asociación Drets y el expresidente del banco BPA, Higini Cierco Noguer.
La juez Stéphanie Garcia ha expedido ahora comisiones rogatorias a España para notificar la querella a Rajoy, Montoro y Fernández Díaz y les da quince días para que busquen un abogado para esta causa. Si no lo hacen en ese plazo, la Justicia andorrana les asignará un letrado de oficio. Dicha comisión rogatoria fue enviada a nuestro país, finalmente, el pasado 2 de junio, según consta en la documentación a la que ha accedido este periódico.
Stéphanie Garcia también comunica su condición de querellados a: Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, y a Ignacio Cosidó, quien fuese director general de la Policía entre 2011 y 2016.
"Pongan en conocimiento fehaciente de estas personas que, en el marco de estas diligencias previas, se han admitido a trámite las querellas contra ellos interpuestas", reza la resolución, fechada el pasado 20 de mayo. "En el caso de no localizar a las personas indicadas en las direcciones mencionadas, proceden a averiguar sus domicilios actuales mediante el organismo oficial que proceda", ordena la juez.
La resolución de la juez andorrana.
"Tienen que designar un abogado que ejerza en el Principado de Andorra para que defienda los intereses de los mismos y realice los trámites pertinentes ante la Justicia andorrana. En su defecto, se les asignará uno de oficio", advierte la magistrada.
Garcia también ha acordado remitir de nuevo comisiones rogatorias para el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino y el exinspector jefe del Cuerpo Bonifacio Díez Sevillano, que ya fueron citados en su día en el Principado, pero no acudieron.
Todos ellos, según expone la juez, están investigados en el Principado por los presuntos delitos de coacciones, amenazas, chantaje, extorsión y "creación de un documento falso por parte de funcionario", según figura en el Código Penal andorrano.
La querella
La querella fue presentada por los supuestos delitos de coacciones, amenazas, extorsión, chantaje y falsedad documental y acusa a Rajoy y Fernández Díaz de enviar, desde el año 2014, a agentes de la denominada policía patriótica a presionar a responsables del banco BPA.
"La razón era la de conocer, mediante vías ilegales, una información bancaria secreta, protegida por la legislación andorrana y relacionada con distintos gobernantes de Cataluña y sus familiares", explica la resolución. Entre ellos, se encontrarían el expresidente de la Generalitat Artur Mas, el líder de ERC Oriol Junqueras o la familia de Jordi Pujol.
La querella de la que se deriva esta causa sostiene que el Gobierno español habría extorsionado a los responsables del BPA, amenazándoles con forzar el cierre de la entidad y de su filial española Banco Madrid —ambos ya clausurados— si no facilitaban la información exigida.