El Gobierno asume que la luz volverá a subir tras el impuesto a las eléctricas: "Eso no podemos evitarlo"

Desde que Unidas Podemos se presentó a las elecciones, en su programa reclamaba un impuesto a las eléctricas. Desde que Pedro Sánchez se abrazó a Pablo Iglesias, apenas 48 horas después de abrirse las urnas, el PSOE se negaba. Hoy, la ministra de Hacienda ya dice a todo el que quiera escuchar que "estamos de acuerdo en que las empresas energéticas tienen que aportar más".

En lo que no hay acuerdo es "en los tiempos", según explica un miembro morado del Gobierno a este periódico. Tampoco "en el instrumento", aclara, por su parte, un ministro socialista. Pero en lo que ambas partes del Ejecutivo no discrepan es en que inventar un impuesto, subirle el tipo a otro o imponer una tasa significará, en todo caso, que suba la factura.

La sensación de desorientación en el Gobierno es total. Porque al mismo tiempo que Pedro Sánchez adelantaba a este miércoles el anuncio de la rebaja en el IVA eléctrico del 10% al 5% "para luchar contra la inflación", desde el Ministerio de Hacienda se estudiaba el mejor modo de subirles los impuestos.

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¿Y hay alguna manera para lograr que ese recargo, sea del tipo que sea, no acabe siendo repercutido en el recibo de cada ciudadano? "No hay un instrumento legal para eso", admiten dos miembros del Consejo de Ministros, uno de cada formación. "En Hacienda tendrán que ver cómo evitarlo", añaden desde el ala morada. "Es un mercado ya muy intervenido, no se podría evitar, el Ejecutivo no puede imponer los precios", responden fuentes del entorno de María Jesús Montero.

¿Así que no es posible evitarlo? "Ya lo perseguiremos. Porque, ¿dónde está escrito que todos los impuestos hay que repercutirlos? Les diremos que no lo hagan y lo perseguiremos si lo hacen". Ésa es la seguridad jurídica de la medida, al menos, de momento y mientras en Hacienda no hallen un modo efectivo de esquivar la posibilidad.

"Política con los impuestos"

"De momento, la idea es hacer ese gravamen sobre los beneficios, al final de la cadena", apostilla este portavoz de Hacienda. El plan del Gobierno, pues, es gravar los llamados "beneficios caídos del cielo" de las empresas energéticas. Con dos objetivos: el primero, efectivamente, que aporten más dinero a las arcas del Estado a cuenta de las "ganancias desorbitadas" que están presentando.

Entre Repsol, Endesa, Iberdrola y Naturgy sumaron un beneficio neto de 11.054 millones de euros en 2021. Es decir, un 226% más que el año anterior, cuando fue de 3.388 millones de euros. Aunque aquel ejercicio fue el de la pandemia, y el consumo cayó un 11,4%, según el BP Statistical Review of World Energy.

El segundo objetivo es dar un mensaje a la sociedad de que "en España se cumple lo que marca la Constitución, de que el sistema fiscal es progresivo" y sirve para proteger a quien menos tiene. "Para nosotros", explica un miembro del Gobierno, "los impuestos son un instrumento de política, y con ellos hacemos política, es decir, enviamos mensajes al conjunto de la sociedad y a los diferentes sectores".

De hecho, lo que sí está claro es que el recargo fiscal se le hará "a las eléctricas y a las petroleras". Así lo ha podido confirmar este periódico en fuentes del Gobierno. Y dado que son dos sectores muy intervenidos, pero con regulaciones diferentes, lo más probable es que la figura impositiva será la de una tasa sobre los beneficios finales.

En todo caso, la medida sigue siendo negociada, dadas las profundas discrepancias entre los ministros del PSOE y de Unidas Podemos. Montero, ministra de Hacienda, ha ordenado a su equipo que intercambie documentos y propuestas con el de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Y aun así, discuten públicamente: hágase un decreto ya, dijo la morada; no se pueden crear impuestos vía decreto, contestó la socialista. Lo haremos con los Presupuestos, apuntó Montero; en esa ley no se pueden crear figuras fiscales, sólo desarrollarlas, repuso Díaz... 

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En todo caso, las eléctricas y las petroleras son los dos sectores concretos sobre los que Moncloa impondrá la nueva imposición para lograr una mayor recaudación y demostrar su naturaleza "de Gobierno progresista". Y es que la concesión del PSOE a los postulados de Unidas Podemos, de hecho, viene recargada por esa exigencia de los morados de dar un giro visible a la izquierda tras el "batacazo" del domingo en Andalucía.

Hacienda prevé, en todo caso, que la medida fiscal no entre en vigor "hasta enero de 2023", tal como explicaba la citada fuente del entorno de Montero. "Porque no es como el IVA, que se aplica automáticamente... las empresas necesitan cerrar cada ejercicio fiscal con unas cuentas coherentes".

Y eso quiere decir, si de verdad es un gravamen sobre beneficios, que las compañías afectadas no tendrán que pagar de más hasta el año 2024. Y para entonces, efectivamente, habrá pasado tiempo: tal vez haya vuelto la recuperación económica y, esto sí es seguro, habrá otro Gobierno en Moncloa.