Bruselas recibe un informe con 6 vulneraciones graves de libertades y derechos lingüísticos en Cataluña

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el grupo de control del Estado de Derecho de Bruselas ya cuenta con un demoledor informe que muestra los "ataques a las libertades civiles en Cataluña".

El dosier repasa seis violaciones de derechos y libertades fundamentales, junto con "la advertencia de que es necesario frenar" estos incumplimientos, como las del derecho a recibir el 25% de la educación en la lengua oficial materna.

En el día en el que la Generalitat aprobaba un decreto que, nuevamente, desoye las resoluciones del Supremo en defensa del castellano como lengua vehicular, la Comisión recibía toda la información del caso. "El español, en más del 90% de las escuelas catalanas, es residual", denuncia el documento, al que ha tenido acceso este periódico [consulte aquí el dosier en PDF]. 

Tanto Von der Leyen como la vicepresidenta de Valores y Transparencia, Vera Jourova, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, recibían el informe. En ocho páginas, recoge ejemplos de al menos seis derechos y libertades fundamentales que estarían violándose en Cataluña en "más de cuarenta años de políticas sociolingüísticas identitarias excluyentes con cultivo exclusivo del catalán".

Éstos son el derecho a la igualdad de trato, el derecho a la educación, la libertad de expresión, la libertad ideológica, la libertad de asociación y la libertad de cátedra. Una situación "cronificada" que está tomando, "de forma paulatina, naturaleza sistémica", según el texto.

El informe, elaborado por la oficina de la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundua (eurodiputada de Ciudadanos), describe con 12 ejemplos concretos, y documentados, estas conculcaciones de derechos y libertades.

Mandato a la Comisión

Pagaza fue también quien impulsó un mandato a la Comisión para que Bruselas se implique y haga implicarse al Gobierno de España a "hacer cumplir" las leyes en las Comunidades Autónomas. Y más en concreto, para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se responsabilice de que la Generalitat de Cataluña aplique la sentencia que cifra en un 25% de enseñanza en español como lengua vehicular.

Fue en la evaluación anual al Informe de la Comisión sobre el Estado de Derecho en 2021, un documento muy crítico que lamentaba la "poca concreción" de las recomendaciones del comisario Reynders, la "ausencia de plazos" tasados para los Estados incumplidores y la falta de un "instrumento de sanción".

Maite Pagazaurtundua, ante la entrada a la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Cs

Desde este lunes, ese mandato que exige al Gobierno comunitario que castigue al español si no defiende el Estado de derecho, haciéndolo cumplir a "entidades subestatales" como las autonomías, ya tiene soporte fáctico y documental sobre el que basarse. Precisamente, en el día en el que una nueva pirueta legislativa trata de perpetuar el "identitarismo excluyente", tal como lo describe el dosier.

En la mañana de este lunes, Pere Aragonès convocaba de manera extraordinaria una reunión de su Govern. El president aprobaba de urgencia un decreto que sustituía a la ley acordada por ERC, Junts, PSC y Comuns la semana pasada para "dar respuesta" a la sentencia del 25% de la escuela en castellano. La norma paralizada en el Parlament, gracias a la acción conjunta de Cs, PP y Vox.

La ley también había sido impulsada de manera urgente, por el procedimiento de la lectura única: registrada un martes, pretendía ser aprobada un jueves. Un texto breve en su redacción -dos artículos- y en su tramitación -dos días- que lograba el histórico mérito de tener más interpretaciones que artículos y de servir para lo mismo, lo contrario y ambas cosas a la vez:

Según las versiones, pretendía "dar cumplimiento" a la sentencia del TSJ catalán -ratificada por el Supremo- del 25% de castellano en la escuela; servía para soslayar esa resolución judicial, a pesar de ya ser firme, utilizando el "subterfugio lingüístico" de llamar "curricular" al español, pero no "vehicular"; o -como antítesis de todo lo anterior- para "sacar el debate de las lenguas de la lucha política".

Respectivamente, ésas eran las explicaciones del soberanismo (ERC, Junts y Comuns); del constitucionalismo (Cs, PP y Vox) y del socialismo (PSC).

Y así se denuncia en el citado dosier, que llama la atención sobre los "indicadores de deterioro del Estado de derecho en España". Según su interpretación -que apoya en casos concretos-, se toleran "manifestaciones de ultraidentitarismo en entidades subestatales, que rememoran el espíritu de las que llevan a cabo los gobiernos ultra identitarios de Hungría y Polonia".

Los derechos y libertades

El informe denuncia la "discriminación en la enseñanza obligatoria, contraviniendo las
recomendaciones de la Unesco sobre la lengua materna". Y cita expresamente la exclusión de "la lengua común española como lengua vehicular", incumpliendo leyes y sentencias judiciales.

Precisamente ante esto, la respuesta de la Generalitat ha sido ir, de nuevo, "en sentido contrario".

Manifestación contra el fallo del TSJC del castellano en las escuelas. EP

De hecho, el decreto era presentado este lunes por la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, como un texto legal que quiere "ayudar a proteger a las direcciones de los centros escolares" en el refuerzo del modelo nacionalista y monolingüe de escuela catalana, con unos requisitos que no se aplicarán siguiendo "parámetros numéricos ni porcentajes". 

En este punto, Pagaza cita el caso del menor de Canet de Mar (Barcelona) que sufrió amenazas y acoso severo en las redes sociales, y físicamente, tras haber logrado que la Justicia imponga la medida cautelar de que reciba al menos un 25% de clases en castellano. El texto se detiene con especial énfasis en la hostilidad, acoso y "bullying institucional" hacia las familias.

Además, se recuerdan los casos en que órganos de gobierno de las Universidades públicas catalanas han emitido declaraciones "con sesgo nacionalista que violan la neutralidad ideológica" o que "se han negado a reconocer a una asociación de estudiantes constitucionalistas". 

También se denuncia el acoso violento que han sufrido grupos de estudiantes como los de S'ha acabat!, a los que "no han protegido el ejercicio de estos derechos". O las numerosas organizaciones de profesores que han denunciado "la evidente sumisión" de los rectores universitarios al poder político nacionalista.

Según Pagaza, "no hay ultraidentitarismo o identitarismo excluyente aceptable", y ése debe ser el punto de partida para la Comisión. Bruselas "debe actuar con firmeza utilizando todos los instrumentos a su alcance cuando se producen situaciones como éstas, favorecidas por gobiernos o, como en este caso, entidades subestatales, sin intervención en contra del gobierno del Estado miembro".

El dosier consta de una carta y un anexo con sentencias, referencias y hemeroteca que convierten este informe en el más completo e inapelable que se han presentado ante las instituciones comunitarias. En este sentido, Pagaza recuerda que el artículo 19 del Tratado de la UE establece que "está prohibida cualquier tipo de discriminación, ya sea por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual".