Más Madrid, la formación que lidera Mónica García, propone la "regulación integral" del cannabis para que los adultos puedan consumirlo sin necesidad de receta médica. La despenalización total de la marihuana, en su argumentario, ayudaría a crear 100.000 puestos de trabajo en toda España y se recaudarían 3.312 millones de euros en impuestos al año.
Así lo asegura la proposición no de ley (PNL) que la filial autonómica de Íñigo Errejón ha presentado en la Asamblea de Madrid para su debate en el pleno de este jueves. En ella se insta al Gobierno de España a elaborar una "regulación responsable" para "combatir el mercado negro, proteger a los menores, garantizar la salud pública y crear una legislación específica bajo criterios laborables, de género, territoriales, sociales y de sostenibilidad".
Pero lo más llamativo de la iniciativa son los argumentos que desliza para derogar el "actual marco prohibicionista, sustentado en una normativa aprobada por Franco en los años 60": colocaría a 100.000 personas y tendría toda una serie de "externalidades positivas" como "la creación de grados universitarios, formación profesional, ferias, turismo rural, tratamientos e incluso una posible exportación".
¿De dónde sacan estos datos Mónica García y Jorge Moruno, su diputado especializado en estos temas? Concretamente de un estudio realizado en 2018 por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) que asegura que se requeriría de la regularización de 101.569 puestos de trabajo para producir los 820.597 kilogramos "necesarios para abastecer la demanda legal". Así se reduciría la cuota del mercado negro al 15%.
La formación que lidera Mónica García en la Asamblea de Madrid no especifica cuántos de esos puestos se crearían exclusivamente en la región. No disponen de dichos cálculos. Por eso han propuesto al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso "la realización de un estudio del impacto económico, sociosanitario y criminológico que tendría la regulación del cannabis".
Más Madrid registra una iniciativa mediante la que pide la regulación integral del cannabis en adultos.
PP y Vox, en contra
Pero esta norma, por lo pronto, no tiene visos de prosperar en la Cámara regional. Ahí Partido Popular y Vox, que ostentan la mayoría absoluta con 78 de 136 diputados, se han posicionado ya en contra. La propia Ayuso ha denunciado este martes en su cuenta de Twitter que las drogas "no son un juego" y "no se pueden banalizar".
Junto a su mensaje, el enlace a un informe de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor (ARRMI) que muestra cómo en 2021, el 60% de los adolescentes internados por orden judicial admitieron haber cometido un delito bajo los efectos de las drogas, siendo el cannabis el estupefaciente más consumido.
El mensaje de la dirigente popular, convertida en azote del Gobierno de Pedro Sánchez de un tiempo a esta parte, no es casual. Y es que llega cuando el PSOE ha reconsiderado su postura sobre la aprobación de la marihuana con uso medicinal.
Debate en el Congreso
El debate sobre la legalización del cannabis lleva tiempo en el debate político, gracias sobre todo al empuje en este sentido de Unidas Podemos y Más País. A favor de empleo terapéutico están también PSOE, Ciudadanos y los nacionalistas, que están impulsando su aprobación en la subcomisión que echó a andar el pasado 16 de febrero en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Pero su consumo sin receta médica sigue contando con la oposición de socialistas y conservadores.
Los partidos que pugnan por la doble legalización del cannabis hablan de que su consumo es un "hecho social generalizado"... Y es que la última vez que el CIS preguntó en este sentido, el 90,1% de los encuestados dijo estar a favor de su uso medicinal. También son mayoría, aunque en menor medida, los partidarios de su uso recreativo (un 49,7% frente al 40% que no lo ve con buenos ojos).
Unidas Podemos, Más País y ERC también critican que su cultivo está regulado actualmente por una ley de 1967 elaborada en los estertores del franquismo. Paradójicamente, aunque España no permite el consumo médico, sí autoriza, cada vez con más frecuencia, un cultivo que va destinado a la exportación.
Esta aparente contradicción es explotada por los grupos partidarios de la legalización en los debates parlamentarios. Pero el argumento económico ha sido hasta ahora el menos explotado. O el explotado con menos acierto. Una diputada de Podemos, Lucía Muñoz, sembró la polémica hace escasos días por sostener que ésta ayudaría a solucionar el problema de la España Vaciada.
"Con una España que cada vez se vacía más, que se tengan incentivos para generar que haya una actividad económica es positivo", aseguró Muñoz. En este sentido, desde Más Madrid consideran que la medida sí ayudaría a "diversificar el cultivo y fortalecer al campo". Todo ventajas...