El Gobierno tiene mayoría garantizada para su ley del aborto y la tramitará para que entre en vigor en 2023

Antes de iniciarse el trámite en el Congreso, sólo PP y Vox rechazan de plano el anteproyecto de ley, prácticamente por todo su contenido. Empezando por la posibilidad de que las mujeres entre 16 y 18 años puedan abortar sin autorización de sus padres. Fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que eliminó esta posibilidad que fue introducida en la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero.

Esa regulación para menores de más de 16 años se estableció para casos extremos en los que los padres puedan obligar a la mujer a seguir adelante con el embarazo. Mientras estuvo en vigor, esta situación se produjo en muy pocos casos vinculados a situaciones de violencia o similares.

Al otro lado del Hemiciclo, apoyan la iniciativa los partidos de izquierdas, a falta de conocer detalles y de discusiones concretas en el trámite parlamentario.

En esa posición de apoyo están PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Más País, Compromís, BNG y CUP, hasta sumar más de los 176 votos que dan la mayoría absoluta. Esa amplia ventaja podría aumentarse incluso si el Gobierno logra sumar los votos de Junts y PdCat.

El PNV está en duda, aunque por la explicación de su portavoz, Aitor Esteban, podrían dar sus seis votos al anteproyecto de ley elaborado por Irene Montero. El PNV apoyó la ley de Zapatero y votó en contra de la modificación de Rajoy que estableció el permiso de los padres para mujeres de entre 16 y 18 años.

Aitor Esteban explicó que sobre el resto del anteproyecto de ley están a la espera de conocer los detalles para expresar una opinión global. Y, en todo caso, las objeciones puntuales podrían debatirse durante el largo trámite parlamentario. Su queja, no obstante, es haber incluido en una sola ley asuntos tan diferentes junto a la interrupción voluntaria del embarazo.

El PNV ya vivió un cierto desgarro interno cuando apoyó la ley de plazos y sus votos fueron decisivos para que se aprobara.

Ciudadanos no rechazó la reforma del aborto, pero su discrepancia se refiere a uno de los aspectos de la norma: la gestación subrogada.

Justicia y Hacienda

Según su portavoz, Edmundo Bal, es el único partido que defiende expresamente los vientres de alquiler y, por eso, rechazan cualquier prohibición o traba como la que incluye el anteproyecto aprobado este martes en el Consejo de Ministros. El borrador inicial incluía una penalización de este tipo de gestación, incluso en los casos en que se hiciera fuera de España, pero el Ministerio de Justicia logró que se eliminara este extremo.

También se ha eliminado la supresión del IVA de compresas y tampones a petición del Ministerio de Hacienda. Los partidos de izquierdas que están dispuestos a aprobar la futura ley lamentan que no se incluya una iniciativa que está expresamente en el acuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos.

La única duda sobre la aprobación del anteproyecto de ley es la del tiempo, es decir, que pueda aprobarse antes del final de la legislatura. Para ello, el Gobierno intentará agilizar los plazos y pedirá que el primer paso, el de la petición de informes no vinculantes al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal, se reduzca a la mitad para que pueda estar listo incluso antes del verano.

El proyecto de ley tendrá que volver al Consejo de Ministros y, posteriormente, ser remitido al Congreso. Eso ocurrirá en septiembre y podría celebrarse el debate de totalidad antes de final de este año.

Luego iría a comisión para el trámite de enmiendas parciales y en el primer semestre de 2023 ir al Senado para un procedimiento similar. Si no hay enmiendas quedaría aprobado. En caso contrario, volvería al Congreso. Las Cortes se disolverán como muy tarde en noviembre de 2023.

Otras leyes, como la llamada del “sí es sí” pasó en marzo de 2020 el primer trámite en Consejo de Ministros, es decir, el mismo que pasó este martes la del aborto. Ese proyecto de ley aún está dos años después en fase de enmiendas en el Congreso y no llegará al Senado antes de otoño.