El final del curso político antes del verano se ha convertido en un campo de minas para Pedro Sánchez, que en las próximas semanas debe afrontar, entre otros retos, dos plenos monográficos en el Congreso sobre los escándalos que han dinamitado su relación con sus socios independentistas.
El 26 de mayo el presidente comparecerá ante la Cámara para informar sobre el caso Pegasus, por el espionaje a líderes independentistas y también a miembros del Gobierno. Dos semanas después, intentará explicar el cambio de posición del Ejecutivo en relación con el Sáhara Occidental.
En ambas ocasiones, ERC, Bildu, Junts, la CUP y, en menor medida, el PNV y Más País, intentarán poner contra las cuerdas a Pedro Sánchez.
Es muy probable que antes de estas comparecencias ante el Parlamento, Sánchez haga una visita a Barcelona para reunirse con Pere Aragonès, en un intento por recomponer la relación. La idea es celebrar un encuentro que a su vez propicie una reunión de la llamada mesa de diálogo, entre representantes del Gobierno central y del Ejecutivo catalán.
La difícil relación del Gobierno con sus socios, que atraviesa el peor momento de la legislatura, volverá a ponerse en evidencia en el Debate sobre el estado de la Nación, que Pedro Sánchez se ha comprometido a celebrar antes de que concluya el actual período de sesión.
Ante lo apretado del calendario, el portavoz socialista Héctor Gómez ha dejado entrever la posibilidad de habilitar la última semana de julio. En este caso, las Cortes presenciarán un debate -el de mayor altura, que debe servir para hacer balance de la acción de Gobierno durante el último año- con la mitad de los españoles de vacaciones y, por tanto, con un impacto menor sobre la opinión pública.
La última vez que se celebró el Debate sobre el estado de la Nación fue hace siete años, en febrero de 2015, aún con Mariano Rajoy como protagonista. La repetición de elecciones anticipadas y la pandemia de coronavirus ha mantenido suspendida esta práctica parlamentaria desde entonces.
Las fechas clave
La primera parada con fecha en el calendario del particular viacrucis que espera al presidente del Gobierno tendrá lugar el jueves 26 de mayo, cuando comparecerá en un Pleno monográfico para informar sobre el escándalo de Pegasus.
Sánchez ha intentado allanar el camino esta semana forzando la destitución de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pero este gesto no satisface, en absoluto, a los socios independentistas del Gobierno.
Los portavoces de Unidas Podemos y ERC, Pablo Echenique y Gabriel Rufián, han insistido en reclamar una comisión de investigación y la desclasificación de documentos reservados del CNI sobre el espionaje a líderes independentistas.
Entre los espiados está el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés: el CNI interceptó sus comunicaciones en otoño de 2019, coincidiendo con los disturbios violentos coordinados por Tsunami Democràtic.
Unidas Podemos mantiene desde el propio Ejecutivo una evidente campaña para cobrarse la cabeza de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Respecto a la posible desclasificación de documentos del CNI, el portavoz socialista Héctor Gómez ha indicado que el Gobierno "colaborará si hay una petición judicial" al respecto.
La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, lamentó esta semana que el presidente Sánchez demore otras dos semanas sus explicaciones en el Congreso por el caso Pegasus, a la vez que criticaba los gestos de apaciguamiento hacia ERC. A su juicio, queda claro que "los independentistas catalanes y vascos son los que mandan".
El Sáhara, en junio
La Mesa del Congreso ha demorado aún más la prometida comparecencia de Pedro Sánchez sobre el cambio de posición del Gobierno respecto al Sáhara Occidental, que se solemnizó en el encuentro oficial que el presidente celebró el pasado 7 de abril con Mohamed VI en Rabat.
También en este debate monográfico, que se celebrará entre el 7 y el 9 de junio, Sánchez se encontrará solo frente a sus socios: incluso Unidas Podemos le ha acusado de "traicionar" al pueblo saharaui.
La interceptación de los teléfonos móviles de Sánchez y los ministros Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska con el programa Pegasus se produjo precisamente en 2020, coincidiendo con la crisis diplomática con Marruecos por la entrada del líder polisario Brahim Ghali en España.
El calendario del mes de junio tiene aún tres fechas marcadas en rojo para el Gobierno. Pedro Sánchez se ha fijado el 12 de junio como fecha límite para cerrar el acuerdo con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Aunque el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Relaciones Institucionales del PP, Esteban González Pons, desarrollan una discreta negociación, que el anterior equipo de Pablo Casado mantuvo bloqueada, lo que está claro es que el acuerdo no llegará hasta después de las elecciones andaluzas.
Es el 19 de junio cuando los andaluces están convocados a las urnas. Si se confirma el triunfo arrollador de Juanma Moreno que auguran las encuestas, Pedro Sánchez acudirá aún más debilitado al Debate sobre el estado de la Nación, asediado por sus socios y con el calendario electoral en su contra.
El mes de junio se cerrará con la Cumbre de la OTAN de Madrid (se celebra los días 29 y 30 de junio), en la que los socios de la Alianza trazarán su nueva estrategia de defensa, marcada por la ofensiva de Vladímir Putin contra Ucrania.
Es una ocasión para que Pedro Sánchez muestre su perfil de líder internacional como anfitrión. Pero, de nuevo, los hará sin el apoyo de medio Gobierno: Unidas Podemos pide que la OTAN se disuelva y que sustituya esa cumbre por otra para la Paz en Ucrania.
El nuevo líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentará poner en evidencia la deslealtad de los socios del Gobierno presentando a Sánchez una propuesta de acuerdo sobre la defensa nacional.