El Gobierno aún tiene al menos tres hitos que resolver en las próximas semanas con respecto al escándalo del espionaje con Pegasus: la decisión sobre desclasificar documentos secretos, la comparecencia del presidente en el Pleno del Congreso y resolver el futuro de la directora del CNI. Además, Pedro Sánchez tiene voluntad de reunirse con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, para intentar zanjar el enfrentamiento.
En paralelo, hay otro hito que no depende directamente del Ejecutivo, pero su resultado tendrá trascendencia directa en la resolución del escándalo: la investigación abierta de oficio por el Defensor del Pueblo.
Fuentes de esta institución explican que los técnicos contactaron con el CNI nada más iniciarse su investigación y desde ese momento están teniendo acceso a diferente documentación que, en algunos casos, no difiere de la mostrada por la directora del centro en la Comisión de Secretos del Congreso.
Con esos datos, los técnicos harán una propuesta de informe a Ángel Gabilondo sobre el uso de Pegasus. El Gobierno, obviamente, da por hecho que ese informe reflejará la tesis oficial de que los espionajes se hicieron con autorización judicial, entre otras cosas, porque no hay rastro de que hayan podido ser escuchas ilegales.
Esas fuentes creen posible que el informe final, que no puede incluir referencias secretas, salvo que el Gobierno haya desclasificado antes documentos, haga recomendaciones al Ejecutivo sobre el uso de Pegasus. Por ejemplo, para mejorar los controles sobre esta actividad del CNI.
En cuento a los tiempos, fuentes de la institución explican que la intención es agilizar en lo posible la investigación que se inició hace quince días, para que pueda estar concluida en las próximas semanas.
Pleno del Congreso
Con ese informe, el Gobierno podrá intentar avanzar para zanjar el escándalo. Podrá esgrimirlo el presidente Sánchez en su comparecencia ante el Pleno del Congreso que forzaron los demás grupos parlamentarios.
Esa comparecencia de Pedro Sánchez no tiene aún fecha, pero fuentes de Moncloa la sitúan en las dos próximas semanas, aún en el mes de mayo, y el Gobierno espera poder contar para entonces con el informe del Defensor del Pueblo.
Moncloa, además, sigue valorando si en los próximos Consejo de Ministros desclasifica algunos documentos, por ejemplo, autorizaciones judiciales de escuchas, aunque esta medida cuenta con muchas resistencias en el Gobierno.
Sánchez tiene también pendiente ejecutar el que parece seguro relevo de la directora del CNI, Paz Esteban. Podría llevarlo a cabo con la excusa de abordar una renovación de los servicios secretos como consecuencia del escándalo, de fallos de seguridad en las escuchas a su teléfono y al de Margarita Robles y de las hipotéticas recomendaciones del Defensor del Pueblo. Este relevo sigue siendo rechazado por la ministra de Defensa.