La Eurocámara ve "lesiva" para la democracia la operación que hará fiscal de Sala a Dolores Delgado

El titular de Justicia, el belga Didier Reynders, deberá decidir si la disposición que, por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, se introdujo esta semana en una norma ya en tramitación en el Congreso es, efectivamente, "un trato de favor" para la exministra, y además, "lesiva para la imagen de imparcialidad de la Fiscalía General". Es más, solicita que se incluya entre las advertencias del próximo "informe sobre el Estado de derecho en España".

El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo ha registrado una pregunta por escrito, a la que ha tenido acceso este periódico, en la que recuerda las continuas amonestaciones que ha sufrido España en los informes europeos sobre el cumplimiento de las normas del Estado de derecho. La Comisión emite estos documentos anualmente, para sacarle los colores a los Estados miembros e incentivarlos a cumplir con los principios y valores de la Unión.

El hecho de que Reynders sea miembro de los liberales, a través de su partido, el Movimiento Reformador, tiene especial peso en este caso. Después de sus advertencias públicas y de haber criticado y forzado la retirada de la Proposición de Ley del PSOE y Unidas Podemos para reducir las mayorías parlamentarias necesarias para la elección del CGPJ, llegó a reunirse con las asociaciones de jueces españoles. 

Su marcaje a la institucionalidad jurídica en España ha sido muy comentado en las instituciones europeas, porque coincidió con las sanciones a Polonia por un caso muy similar -si bien, más grave- de control político del Poder Judicial.

Más allá de que los comisarios europeos no trabajan en función de los partidos ni de los países de procedencia, su relación es muy estrecha con el denunciante. El presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara es el español Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos, partido integrado en la misma familia de Renew en Bruselas.

Un alto funcionario europeo ha comentado a EL ESPAÑOL que "el grado de cumplimiento del Estado de derecho en España es una preocupación en la Unión Europea". Y que el deterioro de las instituciones y la "sospecha de falta de independencia" de las instancias judiciales supone un "serio aviso" que ya ha quedado reflejado en diversos informes públicos.

"España es uno de los grandes países de la UE", añadía este alto dirigente de las instituciones europeas, "y debe tomar conciencia de ello, para su ejemplaridad". Asimismo, fuentes de la oficina de Vázquez explican a este diario que "resulta especialmente grave este nuevo asalto al entorno del Poder Judicial, y este presunto pago a los servicios políticos prestados" a Delgado.  

Informes de amonestación

En los últimos años, son constantes las críticas que ha recibido el Gobierno de nuestro país, los partidos responsables y las instituciones implicadas, por varias deficiencias graves. Esencialmente, por el bloqueo de PSOE y PP a la renovación de un órgano constitucional tan trascendente como el Consejo General del Poder Judicial, y por la "falta de independencia" del Ministerio Público.

También recientemente, el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa emitió su informe anual. En él evalúa cada ejercicio el nivel de cumplimiento de España sobre las recomendaciones de evaluaciones anteriores, a la vista de las deficiencias institucionales en la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad en el Gobierno central y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

El suspenso este año fue brutal. España incumple 19 de las 19 recomendaciones contra la corrupción de una evaluación a la que se somete voluntariamente... sólo "parcialmente" siete de ellas. [Consúltelo aquí en PDF]

Precisamente en eso se ha justificado el Gobierno para la presentación de esta enmienda de una manera tan confusa y ocultista. La ministra de Justicia, Pilar Llop, hubo de salir este miércoles a los pasillos del Congreso a dar una explicación, obligada por su partido, ante el escándalo político y el revuelo mediático que había provocado la publicación de esta iniciativa.

Según la ministra, la decisión de colar esa disposición que beneficia a la fiscal general Delgado -cuyo salto extremadamente polémico desde el Ministerio de Justicia a este cargo ha cargado de sospechas toda su ejecutoria desde entonces- se tomó, precisamente, para defender a España.

En contra de la opinión de toda la oposición, e incluso de sus propios socios del Gobierno, Unidas Podemos, el PSOE alega que convertir de manera automática en fiscal de Sala a toda aquella persona que abandone la Fiscalía General "dota de mayor independencia" a su labor mientras está en el cargo, "porque no debe preocuparse" por su futuro en la carrera.

Críticas judiciales y políticas

De hecho, la iniciativa no ha sido bien recibida por los propios compañeros de la extitular de Justicia. "La carrera fiscal tiene necesidades reales y graves, y no es una de ellas buscar una salida a la fiscal general. No puede ser que la primera preocupación sea dónde colocarla. Y es escandaloso que se haga de tapadillo y al margen de una reforma rigurosa del Estatuto", afirman desde la Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria en la carrera.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales manifestó en un comunicado que la promoción del fiscal general que cese a la máxima categoría de la carrera "no es algo que le haga ninguna falta ni produzca ningún beneficio al Ministerio Fiscal. Solo favorece a quien cesa, acentuándose así la relación del fiscal general con el Gobierno".

La medida es "un despropósito que ahonda en la politización de la Fiscalía", opina la APIF, que espera que "se imponga el buen juicio y la reforma fracase".

Y eso es lo que parece que va a ocurrir, al menos si se escucha al portavoz del Grupo Parlamentario morado, Pablo Echenique.

El socio minoritario del Ejecutivo rechaza de plano la enmienda del PSOE, que además beneficia directamente a una de sus bestias negras, Dolores Delgado, a la que acusó reiteradamente de la "indignidad" de ser "amiga de Villarejo, el de las cloacas", el excomisario acusado de numerosos casos de corrupción y espionaje político: "No estábamos informados. No la vamos a apoyar y nos ha sorprendido que salga la ministra Llop a defender este movimiento que es, como mínimo, extraño".

De la misma opinión son representantes de la oposición de centro derecha, desde Ciudadanos hasta Vox. Así, el liberal Edmundo Bal critica que "nada de esto hubiera ocurrido si PP y PSOE hubieran votado, en 2018, a favor de la ley que impulsó Ciudadanos para garantizar la independencia de la Fiscalía General... o en esta legislatura, en la que la volvimos a presentar y la rechazaron, esta vez, el PSOE y Unidas Podemos".

Por su parte, el portavoz de Justicia del Grupo Popular del Congreso, Luis Santamaría, señaló que ésta es "una enmienda hecha a la medida la ministra 23 del Gobierno". Y que el PSOE ha querido "encubrir la maniobra de ascenso" a Delgado incluyéndola "en una ley de contenido económico".

La diputada de Vox Macarena Olona se sumó a la crítica al tuitear que la enmienda es un ascenso para Dolores Delgado cuando cese como fiscal general. "No tienen vergüenza", apostilló la también abogada del Estado.