Las evidencias que la Guardia Civil ha remitido al juez instructor del caso Volhov, Joaquín Aguirre, demuestran que Carles Puigdemont, Marta Rovira, Toni Comín y el resto de fugitivos de la Justicia por el proceso del 1-O siguen moviendo los hilos de la Generalitat de Cataluña a cientos de kilómetros de distancia. Desde sus refugios en Bélgica y Suiza.
Los principales nombramientos y decisiones adoptados por la Generalitat durante los últimos tres años han sido sometidos previamente a consulta -bien por videoconferencia, o con visitas exprés a Waterloo y Ginebra- ante Puigdemont y el resto de "exiliados", tal como acreditan los pinchazos telefónicos ordenados por el juez.
La Guardia Civil también atribuye a una decisión de Carles Puigdemont el proyecto Identicat de "identidad digital soberana" -hoy recurrido por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional- impulsado con fondos públicos de la Generalitat por el actual vicepresidente, Jordi Puigneró.
Según los informes enviados al juez por la Guardia Civil, este proyecto está impulsado por Carles Puigdemont desde Waterloo y busca implantar la "república digital" para llevar a cabo la progresiva desconexión de la Administración catalana respecto al Estado.
La "república digital"
Si se hace realidad, "permitiría el voto digital de los ciudadanos catalanes mediante la creación de documentos de identidad digitales [a imitación de los implantados por el Gobierno de Estonia] y realizar otra serie de trámites en una Cataluña independiente", señala el informe policial.
La Guardia Civil sospecha que el proyecto Identicat de la Generalitat utilizaría "servidores situados en paraísos digitales, pudiendo estar sirviéndose de bases de datos públicas catalanas, con altas probabilidades de haber vulnerado la protección de datos de los ciudadanos".
Más de cuatro años después del fallido golpe del 1-O, las principales decisiones de la Generalitat siguen pasando por Waterloo y Ginebra (Suiza). Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez revelan que Alba Vergés (que fue consejera de Salud de la Generalitat hasta junio de 2021) ni siquiera nombró a los principales cargos públicos de su departamento, sino que éstos fueron designados desde Bélgica por Toni Comín, que permanece huido de la Justicia y hoy ocupa el pomposo cargo de "vicepresidente del Consell de la República" presidido por Puigdemont.
Así lo revela la propia hermana de Toni Comín, Betona Comín, en una conversación telefónica interceptada por la Guardia Civil el 28 de septiembre de 2020. De este modo, dos de los máximos responsables del Departamento de Salud de la Generalitat en plena pandemia (el secretario de Salud Pública, Josep Maria Argimon, y el director del Institut Català de la Salut, Marc Ramentol) habían sido designados por un fugitivo de la Justicia desde Bruselas, a 1.300 kilómetros de distancia de la sede del Palau.
La trama corrupta de ERC
Pero también jugó un papel determinante en la Consejería de Salud durante la pandemia Marta Rovira, desde su "exilio" en Ginebra. Dos de los imputados en el caso Volhov, David Madí (asesor y exjefe de prensa de Artur Mas) y Xavier Vendrell (exconsejero de Gobernación del Tripartito y exterrorista de Terra Lliure) intentaron vender a la Generalitat 5 millones de test Covid a un precio de 10 euros por unidad (lo que les ofrecía un margen de beneficio del 50%).
Con el fin de consumar este negocio, Xavier Vendrell se puso en contacto con Marta Rovira (quien desde 2017 se oculta de la Justicia española en Suiza), a la que pidió que intercediera ante el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Los indicios recogidos por la Guardia Civil señalan que la venta no se llegó a realizar.
En otro pinchazo telefónico, Vendrell revela a Sergi Sol (exjefe de gabinete de Oriol Junqueras) que "ha vuelto a hablar con Puigdemont" y le ha dicho que "hay que hacer presidente a Pedro Sánchez, aunque sea gratis". Esta conversación se produjo semanas antes del pacto de investidura encabezado por PSOE y Unidas Podemos.
Las constantes injerencias de Carles Puigdemont desde su "exilio" en Waterloo llegan a provocar un tremendo malestar entre los propios dirigentes de su partido como la alcaldesa de Calella, Montserrat Candini (que fue senadora por CiU entre 2011 y 2015).
Fragmento de la transcripción de la conversación telefónica intervenida por orden del juez.
En una conversación grabada el 3 de septiembre de 2020, Candini revela que Artur Mas ha encargado a Puigdemont que se encargue de las "relaciones internacionales" del ámbito soberanista, pero "quiere dirigir Cataluña desde 1.700 kilómetros".
La alcaldesa muestra su indignación por la cobardía que a su juicio mostró el "caudillo Puigdemont" al huir a Bélgica tras la declaración de independencia de octubre de 2017: "Es él. Él se salvó [y decía] que nosotros nos salvaríamos jurídicamente", pese a lo cual decenas de cargos de la Generalitat fueron imputados por el Supremo y el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por su participación en el golpe del 1-O.
Fragmento de la conversación telefónica interceptada por orden judicial.
Pero la injerencia del fugitivo de la Justicia no se limita a los asuntos de la Generalitat. En otra conversación grabada el 2 de septiembre de 2020, el empresario Toni Fusté (Iniciatives Events SL) explica que "tuvo una reunión con Puigdemont el 11 de agosto", en la que el expresidente le negó que estuviera tras la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Barça, si bien reconoció que "es el único candidato que ha ido a verlo a Bélgica".
Aunque uno de los dirigentes más reacios a la figura de Puigdemont es el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, quien en una conversación interceptada el 6 de marzo de 2020 advierte que ERC "no puede estar cayendo en las trampitas de Waterloo" y rechaza que su partido se incorpore al "chiringuito" del Consell de la República.
El informático de Waterloo
En conversación con Sergi Sol y Xavier Vendrell, Rufián explica que acudió al acto celebrado en Perpiñán en febrero de 2020 para verse con Puigdemont, quien le confesó que se siente "ofendido con gente leal" que le ha dado la espalda.
Rufián se muestra escéptico porque cree que buena parte de los independentistas que acudieron a Perpiñán a ver a Puigdemont votarán a Junts, en vez de a ERC (en las elecciones autonómicas de febrero de 2021 que llevaron a Pere Aragonès a la Presidencia de la Generalitat).
La Guardia Civil señala que ha jugado un papel fundamental en el proyecto Identicat de "identidad digital" de la Generalitat el informático Jaume Cabaní, que al mismo tiempo sería el encargado de la ciberseguridad de Òmnium Cultural y de montar la infraestructura de telecomunicaciones de Puigdemont en su "casa de la República" de Waterloo.
Dos de los hombres de confianza de Puigdemont en Waterloo, el empresario José María Matamala y el informático Jaume Cabani, en una imagen captada por la Guardia Civil en Barcelona el 29 de enero de 2020.
Cabaní abandonó Cataluña para instalarse en Bruselas. El análisis de sus movimientos bancarios indica que ha recibido al menos 85.000 euros de una plataforma de bitcoins del Reino Unido y ha efectuado pagos a los abogados de Puigdemont: 1.542 euros a Paul Beckaert (que inicialmente asumió la defensa del expresident en Bélgica para evitar su extradición) y 11.000 euros al despacho Nesselhauf en Alemania.
Dado que ha fijado su residencia en Waterloo, y a la luz de sus movimientos bancarios, la Guardia Civil cree que Jaume Cabaní sería también uno de los encargados de canalizar los donativos recogidos por el movimiento independentista para mantener los gastos de Puigdemont y el resto de fugitivos de la Justicia en el extranjero.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, investiga en el caso Volhov el desvío de fondos públicos de la Generalitat para pagar los gastos de estos huidos de la Justicia en el "exilio". El abogado José María Fuster Fabra ejerce la acusación popular en la causa, en representación de Sociedad Civil Catalana (SCC) y otras asociaciones constitucionalistas.