La Fiscalía Europea investigará si David Madí, exjefe de gabinete de Artur Mas, intentó lucrarse con el reparto de los fondos europeos Next Generation EU, tras mantener una reunión de "pequeño comité" con Iván Redondo, entonces jefe de gabinete de Pedro Sánchez, en la sede de la patronal catalana Fomento del Trabajo.
La Audiencia Provincial de Barcelona ha confirmado la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, de remitir a la Fiscalía Europea los pinchazos telefónicos en los que Madí expresaba esta intención.
La Guardia Civil interceptó el pasado 6 de mayo una conversación telefónica en la que Madí relataba a uno de sus socios, Joan Ferrán Oliva, que había asistido a una "reunión de pequeño comité con Iván Redondo y nos explicó allá... eso será una merienda de negros [...] son 140.000 millones".
Esta es la cifra que, en total, corresponderá a España de los fondos europeos Next Generation EU: la mitad como ayudas a fondo perdido y la otra mitad de forma de créditos.
Una "merienda de negros"
En el pinchazo telefónico, el exjefe de gabinete de Artur Mas expone su intención de hacer negocio asesorando a empresas para que puedan optar a estos fondos europeos: "Al final, entrarán [los proyectos] por varias puertas. Entrarán vía ministerios, pero también vía Comunidades Autónomas y patronales, ¿vale?".
Gracias a la información que había recibido de Iván Redondo en "pequeño comité", David Madí propuso a su interlocutor ofrecer este servicio de asesoramiento a través de la firma RSM Spain Consultores, de la que Joan Ferrán Oliva es apoderado.
"Ahora, todo es un poco confuso, pero habrá para las empresas toda la oportunidad de gestión de los fondos y de presentar proyectos para los fondos europeos", explica en la conversación David Madí a su socio. "El negocio yo creo que está en un success fee discreto para ayudarlos a presentar proyectos".
pinchazo
Y más adelante, añade: "La idea es ayudarlos y canalizarlos. Es decir, lo que tendríamos que hacer es: 'oye, escucha, nosotros te aportaremos proyectos para que presentéis' y entonces hablaremos con ellos, de qué forma los queréis, cómo lo hemos de presentar... nosotros hacemos un poco de oficina de tramitación para nuestros clientes".
Una comisión por éxito
El término success fee alude al porcentaje que David Madí y su socio cobrarían en forma de comisión, en caso de que su labor de asesoramiento tuviera éxito y los proyectos fueran financiados finalmente por el Gobierno de Sánchez con los fondos europeos.
La investigación del caso Volhov, que instruye el juez Joaquín Aguirre, ha puesto de manifiesto que David Madí actuó como uno de los cerebros del proceso de independencia del 1-O, en contacto permanente con los máximos responsables de la Generalitat.
Pero al mismo tiempo, pretendía lucrarse con el reparto de los fondos europeos Next Generation EU, actuando como asesor de las empresas que solicitaran al Gobierno central la concesión de estas ayudas.
El juez Joaquín Aguirre acordó el pasado 28 de julio remitir el contenido de la conversación interceptada a la Fiscalía Europea, para que analice si constituye un indicio de los posibles delitos de "defraudación de subvenciones y ayudas europeas".
En "pequeño comité"
La defensa de David Madí presentó un recurso contra esta decisión, en el que argumenta que a la citada reunión con Iván Redondo en el Fomento del Trabajo asistieron cerca de 60 miembros de esta patronal, de cuyo consejo asesor forma parte el ex jefe de gabinete de Artur Mas.
De la conversación telefónica interceptada, añade el recurso, no se desprende que Madí pretendiera cometer un desvío ilícito de fondos públicos, sino únicamente prestar un servicio profesional remunerado asesorando a las empresas que opten al Plan de Recuperación.
Oriol Soler, Xavier Vendrell, David Madí y Josep Lluís Alay (de izquierda a derecha) son algunos de los detenidos por el desvío de dinero de la Diputación a Tsunami Democràtic.
La defensa de Madí también consideró que el juez instructor no es competente para denunciar estos hechos ante la Fiscalía Europea, sino que debería hacerlo en todo caso la Fiscalía General del Estado, que dirige Dolores Delgado, de acuerdo con el artículo 13.3 de la Ley orgánica 9/2021.
En un auto dictado el pasado día 23, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Sección 21 de la Audiencia Provincial de Barcelona rebate estas alegaciones y confirma la decisión tomada por el juez. Así lo habían solicitado las asociaciones constitucionalistas, representadas por el abogado José María Fuster Fabra, que ejercen la acusación particular en el caso Volhov.
Fraude en las subvenciones
La Ley Orgánica 9/2021 atribuye a la Fiscalía Europea, a través de su delegación en España las competencias para la investigación y acción penal sobre delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la UE, y en particular "los delitos contra la Hacienda Pública de la Unión, defraudación de subvenciones europeas, blanqueo de capitales y cohecho que perjudiquen los intereses financieros" de la UE.
La Audiencia Provincial recuerda que la instrucción del caso Volhov ha puesto en evidencia "la presunta comisión de ilícitos referentes a la corrupción política-económica, es decir, a presuntos desvíos de caudales públicos y blanqueo de capitales, y presuntos fraudes de subvenciones, en los que participaría David Madí con otros investigados".
"Siendo así", añade la Audiencia Provincial, "no puede extrañar que el juez a quo, al tener conocimiento de la comunicación transcrita, y ante la sospecha de que el investigado pudiera concertarse con su interlocutor para obtener subvenciones europeas con ánimo defraudatorio, acordara denunciarlo sin dilación indebida ante el órgano competente".
La Sección 21 de la Audiencia destaca en su auto un fragmento de la conversación interceptada a Madí: "Hay que establecer un canal para entrar... yo formo parte de Foment y tuvimos una reunión de pequeño comité con Iván Redondo... esto será una merienda de negros... son 140.000 millones".
Facturas falsas
En consecuencia, la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la decisión del juez Joaquín Aguirre de informar a la Fiscalía Europea sobre estos hechos, para que analice si debe abrir una investigación oficial.
El sumario del caso Volhov revela que el exterrorista de Terra Lliure y exdirigente de ERC Xavier Vendrell propuso a David Madí asociarse para hacer negocio con los test rápidos del coronavirus contratados por la Generalitat, que en aquel momento presidida por Quim Torra.
El exjefe de gabinete de Artur Mas no sólo está imputado en el caso Volhov. Los informes que la Agencia Tributaria ha elaborado para el juez del caso 3% acreditan que el empresario Oriol Carbó (dueño de la productora Triacom Audiovisual, participada en aquel momento por el grupo Mediapro de Jaume Roures) pagó mediante facturas falsas más de 500.000 euros a David Madí y su mujer, Sandra Buenvarón Gimeno.
Oriol Carbó utilizó sus dos sociedades personales, Orieu 110591 SL e Inversions OCS 210163 SL, para pagar en 2011 y 2012 un total de 91.000 euros a la esposa de Madí por supuestas labores de "asesoramiento jurídico, fiscal y contable" que nunca se han acreditado.