El Congreso de los Diputados ha convalidado este martes (con la abstención de PP, Vox y Cs) el Real Decreto-Ley que amplía la rebaja del IVA de la electricidad al 10% hasta el 31 de abril y del IVA de las mascarillas al 4% hasta el 30 de junio.
Se trata del Real Decreto-Ley 29/2021, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 21 de diciembre, en el que el Gobierno incluyó todo tipo de disposiciones: facilidades para instalar puntos de recarga para los coches eléctricos, simplificación de trámites para incentivar el autoconsumo eléctrico en los hogares, una reforma de la Ley de Cooperativas y la contratación extraordinaria de personal en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha cifrado en casi 2.000 millones de euros el esfuerzo fiscal que el Gobierno ha realizado para abaratar la factura de la luz a las familias, con la rebaja del IVA al 10% (por la que el Gobierno dejará de recaudar 459 millones de euros), la aplicación del tipo impositivo del 0,5% en el impuesto especial sobre la electricidad (467 millones) y la supresión del impuesto del 7% sobre el valor de producción de la energía eléctrica (1.500 millones de euros). Estas medidas estarán vigentes sólo de forma temporal, hasta el próximo 30 de abril.
El Gobierno pretende así "consolidar la protección de los consumidores en un momento en el que el alto precio del gas natural, provocado por tensiones geopolíticas y por el desajuste en el mercado internacional de materias primas, está afectando a la factura de la electricidad", ha señalado Ribera.
"Quemar las calles"
El Gobierno quiere facilitar ahora la instalación de 100.000 puntos de recarga para coches eléctricos hasta 2023. El Real Decreto elimina la solicitud de licencia y obliga a instalar puntos de recarga en la red estatal de carretera, en las estaciones de servicio y en los edificios de nueva construcción que cuenten con zona de aparcamiento.
"Si esta subida de la luz se hubiera producido con un Gobierno del PP y Cs, ustedes estarían quemando las calles", ha constatado la diputada de Ciudadanos Mari Carmen Martínez Granados. A su juicio, las medidas del Gobierno para abaratar la factura "llegan tarde y se quedan cortas".
La diputada de Cs ha aprovechado para pedir al Gobierno que pacte con su parte la reforma laboral y "se aleje del chantaje nacionalista".
La diputada de Vox Mireia Borrás ha sido la más combativa con el Gobierno ante estos anuncios. A su juicio, el Real Decreto-Ley "subvenciona la pobreza energética que el propio Gobierno provoca".
La 'política Disney'
Borrás se ha preguntado por qué los "obreros que van a trabajar en Metro" tienen que subvencionar con sus impuestos los coches eléctricos, que sólo están al alcance de los consumidores con mayor poder adquisitivo: "el Gobierno provoca una transferencia de las rentas más bajas a las más altas, que son las que adquieren este tipo de vehículos".
Mireia Borrás ha pedido a la vicepresidenta Teresa Ribera que "abandone la política de Disney, dimita y recupere algo de la dignidad que este Gobierno ha perdido".
Por su parte, el diputado del PP Juan Diego Requena Ruiz ha considerado que los 525 millones de euros que el Gobierno destina a "subvencionar a las grandes eléctricas" para financiar sus inversiones repercutirán en una nueva subida de la factura de la luz: "Con su voto ustedes son los primeros cómplices del oligopolio eléctrico", ha señalado dirigiéndose al Gobierno y sus socios,
El decreto convalidado este martes corrige los cinco decretos anteriores que Teresa Ribera envió a las Cortes para fomentar las energías renovables, según Requena Ruiz, quien ha calificado esta actuación de "chapuza": "Va a hacer a España irrelevante en Europa y a empobrecer a los españoles".
Promesa incumplida de Sánchez
En representación de Unidas Podemos ha tomado la palabra el líder ecologista Juan López de Uralde, quien no ha dedicado ni una sola palabra al precio de la factura de la luz. López de Uralde ha constatado que los coches eléctricos hoy sólo representan el 4% de la flota de vehículos en España, muy lejos del 15% de la media europea.
Los socios del Gobierno han apoyado la convalidación del Real Decreto-Ley, pero no han ahorrado las críticas por la subida del precio de la luz, que la vicepresidenta Teresa Ribera atribuye a "factores que no dependen de la decisión del Gobierno".
El diputado de Bildu Óskar Matute ha advertido que el precio de gas y de los derechos de emisión de CO2 no va a bajar a medio plazo, debido a la "situación geoestratégica". También ha acusado al presidente Pedro Sánchez de incumplir su promesa, según la cual la mayoría de los consumidores pagarían en 2021 un precio "similar" al de 2018.
El diputado de la CUP Albert Botran ha pedido al Gobierno que "nacionalice" las compañías eléctricas, porque "la energía es un bien público y nadie debería enriquecerse con ella".
La erupción del volcán
Por su parte, la diputada del PSOE Helena Caballero ha destacado que el Gobierno destinará 24.000 millones de los fondos europeos Next Generation al PERTE del vehículo eléctrico conectado. Caballero ha destacado que España hoy es el segundo fabricante de automóviles de Europa y el octavo del mundo. El sector da empleo a 70.000 personas (casi la mitad en Castilla y León, ha señalado) y el Gobierno pretende que suponga el 15% del PIB en el año 2030.
En el mismo Pleno extraordinario, el Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto-Ley 28/2021 que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 17 de diciembre, para mejorar las ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que el Gobierno ya ha "movilizado" 269 millones de euros, del total de 444 millones de euros previstos en ayudas. El decreto mejora la cuantía de estas subvenciones: la ayuda por pérdida de vivienda pasa de los 15.000 euros previstos inicialmente a 60.000.
Bolaños ha enumerado que 6.057 palmeros ya han comenzado a recibir estas cuantías: 79 ya han cobrado la ayuda por pérdida de vivienda, 39 han recibido una casa nueva, 807 han cobrado ayudas del Consorcio de seguros, 1.035 trabajadores se han beneficiado de los ERTE, 726 autónomos han recibido la prestación por cese de actividad y 2.947 agricultores han cobrado una subvención.
Los representantes de Nueva Canaria y Coalición Canaria, Pedro Quevedo y Ana Oramas, han respaldado la convalidación del decreto pero han considerado que estas ayudas son insuficientes. Quevedo ha recordado que los afectados por el terremoto de Murcia cobraron 80.000 euros por la pérdida de vivienda, frente a los 60.000 euros prometidos ahora a los afectados por el volcán de La Palma.