"Cuando el diablo no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo". Echando mano del refranero, el presidente de Castilla-La Mancha salió este viernes al paso de las polémicas declaraciones de Alberto Garzón contra las macrogranjas españolas. Así se pronunció minutos antes de la reunión del Comité Federal del PSOE.
El diablo, en esta ocasión, es el ministro de Consumo. Y con ese nada que hacer, el barón socialista critica tanto la falta de competencias del departamento que encabeza Garzón como su escasa capacidad de gestión. "Normalmente, uno está acostumbrado a que los errores van en proporción a la carga de trabajo, pero aquí se invierten las cosas", sentenció Page.
El presidente castellanomanchego no es el único que cuestiona la labor del ministro y lo difuso de algunas de sus competencias, que chocan con las de otros departamentos. El PP, de hecho, pide eliminar el Ministerio de Consumo por "inútil". "Se creó para dar cabida a Garzón tras el acuerdo de investidura", apunta a este diario Milagros Marcos, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Emiliano García-Page
Marcos destaca el que, a su juicio, es uno de los grandes pecados originales de la coalición que ha provocado estos lodos: "Sacaron la Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición del Ministerio de Sanidad y la metieron en Consumo". Y critica que las declaraciones de Alberto Garzón a The Guardian invadiesen terreno del departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, encabezado por Luis Planas: "Él [Garzón] habló de la seguridad en la producción cárnica, que no es competencia suya".
Uno de los cometidos que atribuía a la coalición el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos es la "regulación urgente de los juegos de azar para prevenir y frenar la ludopatía". Así, Consumo limitó el pasado agosto los anuncios de juegos de azar en televisión y radio a las madrugadas y prohibió el patrocinio de equipaciones deportivas, el empleo de bonos de captación o la promoción por parte de personajes famosos.
No obstante, el Estado sólo puede actuar directamente sobre el juego online —lo que, hasta 2019, quedaba en manos de Hacienda—, mientras que son las comunidades autónomas las encargadas de regular otros aspectos como la ubicación de las salas o la gestión de los registros.
La llegada a España de la pandemia de la Covid-19 a principios de 2020 también acrecentó las críticas a Garzón por la falta de competencias de su departamento para rebajar el IVA de las entonces tan ansiadas mascarillas.
Finalmente, el Ministerio de Hacienda comunicó que lo haría a partir de noviembre de ese año. Del 21% al 4%. Garzón celebró entonces esta medida, que facilitaba el acceso a un "bien obligatorio".
Lío de competencias
El Portal de Transparencia del Gobierno atribuye al Ministerio de Consumo las funciones de "propuesta y ejecución de la política en materia de consumo y protección de los consumidores y de juego".
También, otras como la "educación" del consumidor de juegos de azar, la "coordinación de políticas públicas de alimentación saludable" y la "garantía de los derechos" de los consumidores, especialmente, de los vulnerables.
Asimismo, es el encargado del "ofrecer garantías de seguridad alimentaria e información de calidad a las personas consumidoras y agentes económicos del sector agroalimentario español".
Luis Planas, ministro de Agricultura.
Fruto de estas competencias, entre las últimas medidas impulsadas por Consumo, además de la regulación de la publicidad sobre el juego, destacan la subida del IVA al 21% de las bebidas azucaradas o su campaña contra los "estereotipos de género" en los juguetes dirigidos a la infancia.
Sin embargo, las competencias están muy divididas —algunas, transferidas a las comunidades autónomas— en lo relativo a la seguridad alimentaria y la nutrición. La Estrategia Nacional de este ámbito implica al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, al de Consumo y al de Sanidad. El primero maneja asuntos como la "calidad comercial", mientras que el segundo se encarga de "la seguridad alimentaria a nivel de mercado interior" y el último, por ejemplo, de la "importación de alimentos". Asimismo, en este proyecto también intervienen las distintas consejerías autonómicas.
Qué ha hecho
En el Informe de Rendición de Cuentas de 2021, al que el Gobierno ha bautizado como Cumpliendo, destaca también el aumento del plazo de garantía al comprar un producto o la introducción de la "figura de persona consumidora vulnerable" como hitos del departamento de Garzón.
Asimismo, el documento del año 2020 destacaba su intención de poner coto a las líneas telefónicas 902, mediante la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor, aún no materializada.
También, su impulso al Sistema Arbitral de Consumo, un mecanismo extrajudicial para la resolución de conflictos entre consumidores y empresas. Sus fondos aumentan en un 50% en las próximas cuentas públicas, aunque se repartirán entre comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones provinciales.
De cara a 2022, los Presupuestos Generales del Estado contemplan para el Ministerio de Consumo de una partida presupuestaria un 20,36% superior que en 2021, por lo que esta alcanzará los 57,18 millones de euros.
Choques con el PSOE
A la falta de competencias en algunos ámbitos se suma también los choques con los ministerios que están en manos socialistas.
Además del polémico etiquetado NutriScore, que desató un pulso con Planas que acabó ganando este último, Consumo ha protagonizado también líos de competencias con otros departamentos, como Transición Ecológica.
El pasado septiembre, en una entrevista en Cadena SER, Garzón insistió en la propuesta de Unidas Podemos para evitar las subidas del precio de la luz: la creación de una empresa pública de energía y la fijación de precios. Sin embargo, la ministra Teresa Ribera se opone a ella.
En una entrevista, días después, en El País, el presidente Pedro Sánchez aseguró que dicha propuesta se discutió en 2019 y quedó fuera del acuerdo de gobierno entre socialistas y morados. Por ello, dijo, el Gobierno "no se siente concernido por esa propuesta".
Esta semana, tras las declaraciones al diario británico The Guardian en las que Garzón criticaba la calidad de la carne que exportan las macrogranjas, el Ministerio de Agricultura respondió con un escueto comunicado.
"España es un país productor de alimentos de calidad, de reconocido prestigio en los mercados internacionales", rezaba el escrito. "Cuenta con una gran diversidad agronómica en su territorio, de producción convencional y ecológica, donde también conviven modelos de ganadería intensiva y extensiva, que siguen las estrictas normas de producción y bienestar animal de la Unión Europea", añadía.
"En los Estados miembros se aplican los estándares de producción más exigentes del mundo. En lo que se refiere a la producción intensiva y extensiva, ambos modelos conviven y generan empleo y economía en los pueblos españoles", recalcaba.
No es esta la primera polémica sobre la carne que enfrenta a Planas y Garzón. Cuando este último aseguró en televisión que pretendía "cambiar los hábitos de consumo" de los españoles para "adecuar la ingesta de carne a las recomendaciones sanitarias", el socialista salió al paso criticando lo "fuera de lugar" de sus palabras y aseguró desconocer esta campaña hasta ver la entrevista. En ambos casos, Alberto Garzón ha recalcado su defensa del modelo extensivo y tradicional de explotación ganadera.
A pesar de que determinadas actuaciones de Garzón hayan provocado malestar en el Ejecutivo —especialmente, cuando sus competencias lindan con las de Sanidad y Agricultura; ambos, en manos socialistas—, el presidente del Gobierno tiene las manos atadas.
Aunque es su prerrogativa destituir a los ministros —el pasado julio remodeló profundamente su gabinete y se despidió de, entre otros, José Luis Ábalos y Carmen Calvo—, su pacto con Podemos le impide tocar la cuota morada, a la que corresponden cinco de los 23 asientos del Consejo de Ministros.
Según reconocía esta semana un miembro del Gobierno en conversación con EL ESPAÑOL, "Sánchez no puede tocar ahí; los ministros de Unidas Podemos se eligen en Unidas Podemos".