Dos caras de la misma moneda. Así podría definirse la relación que Partido Popular y Vox mantienen en la Comunidad de Madrid (cara) y en Andalucía (cruz). Y es que mientras Isabel Díaz Ayuso tiene bien encaminadas las negociaciones para aprobar los Presupuestos autonómicos de 2022, la formación a la derecha de los populares ha tumbado este miércoles las cuentas públicas de Juanma Moreno, aun y a costa de votar junto a la izquierda radical.
Una tesitura que resulta cuando menos llamativa, teniendo en cuenta que el primer gran acuerdo entre ambos partidos, condenados a entenderse para que la derecha gobierne en España, se produjo en Andalucía en enero de 2019, cuando Vox facilitó con sus votos la llegada de Moreno al Palacio de San Telmo, poniendo fin a casi cuarenta años de sucesivos gobiernos socialistas.
Pero desde entonces, la relación de Vox con los populares andaluces se ha ido degradando poco a poco desde la investidura, a la par que Isabel Díaz Ayuso se ha convertido progresivamente en la presidenta popular más cercana -en postulados y en relaciones personales- con la formación que ahí lidera Rocío Monasterio.
Hay, al menos, seis motivos que explican las diferentes relaciones que las formaciones de Pablo Casado y Santiago Abascal, amigos enfrentados desde el duro discurso del líder popular en la moción de censura de Vox, mantienen ahora mismo en ambas autonomías.
Los 6 motivos
1. Los tiempos electorales. Tumbar el Presupuesto andaluz dificulta la gestión y es un primer bloqueo que precipita que Juanma Moreno pulse el botón electoral si al presentar iniciativas se produce una situación de parálisis por falta de apoyos. Una tesitura impensable en la Comunidad de Madrid, para la que no se prevén elecciones hasta mayo de 2023.
Andalucía celebró sus comicios el 2 de diciembre de 2018 y el cambio del gobierno, tras 37 años de poder socialista, se materializó el 18 de enero de 2019. Tiene que celebrar sus elecciones autonómicas en noviembre de 2022, salvo adelanto electoral, que es lo que viene demandando Vox desde hace seis meses.
Una posibilidad cada vez más cercana, al punto de que el nuevo partido -inscrito el pasado mes de septiembre en el Ministerio del Interior- España Vaciada ya está preparando su implementación de cara a estar listos a una nueva llamada a las urnas.
2. Cuestión aritmética. Juanma Moreno se convirtió en presidente de la Junta de Andalucía obteniendo los peores resultados de la historia del PP andaluz: 26 escaños frente a los 33 del PSOE-A. Los 21 que obtuvo Ciudadanos hicieron que pudiera formar gobierno gracias al apoyo externo de los 12 asientos que obtuvo Vox.
En este sentido, y pese a que los escaños de Vox en Madrid y Andalucía fueron similares, la debilidad que tiene Juanma Moreno no la tiene Isabel Díaz Ayuso, mucho más fortalecida tras quedar a un diputado de lograr la mayoría absoluta, sumando más escaños que las tres izquierdas juntas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y sin depender de los liberales.
3. Acuerdos cumplidos. Vox justifica que han votado "no" a los Presupuestos porque Moreno no ha cumplido con lo pactado. En Andalucía, Vox firmó un acuerdo de investidura con el Partido Popular que no exigió rubricar en Madrid. El 9 de enero de 2019, ambas formaciones firmaron un documento de 37 puntos que el PP y Cs se comprometían a cumplir a lo largo de la legislatura.
El incumplimiento de 17 de estos puntos, asegura Vox, es lo que ha venido esgrimiendo hasta hace una semana para no apoyar los presupuestos, pese a que una gran mayoría de ellos, solicitados por la formación de Santiago Abascal, no se pueden cumplir porque escapan del ámbito competencial de una comunidad autónoma. Se trata, entienden por tanto los populares, de un acuerdo trampa.
Isabel Díaz Ayuso, sin embargo, se ha esmerado más a la hora de cuidar a sus socios. Y aunque no ha cedido a todas sus pretensiones, sí que ha tenido numerosos guiños hacia ellos. En la sesión de investidura, Rocío Monasterio advirtió de que su apoyo vendría condicionado por, al menos, tres exigencias: reducir el Gobierno regional a 7 consejerías, cerrar Telemadrid y derogar las leyes LGTB.
Tres propuestas de máximos que no han sido aplicadas tal cual, pero sí atendidas o moderadas: el Ejecutivo se redujo de 13 a 9 consejerías, se anunció la auditoría de la cadena regional y Ayuso ya se ha abierto a "revisar" las leyes LGTB de la Comunidad para "poner coto a las denuncias falsas" y que éstas "no causen más perjuicio a las verdaderas víctimas", así como "evitar más daño a inocentes".
4. Los Presupuestos. Vox ha favorecido la aprobación de tres presupuestos consecutivos a Juanma Moreno, siendo el último prorrogable en caso de no aprobar el cuarto, que es lo que finalmente ha acabado sucediendo: Vox ha roto la entente cordiale con el Gobierno andaluz, consciente de que el tiempo juega a favor del PP, que bajo la marca de Juanma Moreno, unido a una buena gestión, crece en las encuestas desde la mayoría hacia la mayoría absoluta.
En Madrid, lo cierto es que el entendimiento entre Partido Popular y Vox para la aprobación de los Presupuestos está siendo más complicado de lo que ambas formaciones habían imaginado en un primer instante, aunque en ningún caso peligran.
Y todo porque la formación que dirige Rocío Monasterio ha puesto tres "líneas rojas" que desde la Puerta del Sol consideran "inasumibles": la derogación de las leyes LGTB, la gratuidad de la educación en todos los niveles y, ahora, medidas en torno a la "seguridad" de los centros de menas.
En concreto, Vox propone la derogación completa de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Unas normas aprobadas en su día por el Gobierno popular de Cristina Cifuentes que, según Rocío Monasterio, tratan de "imponer una ideología".
Desde el Gobierno regional, sin embargo, son partidarios de una modificación que "ponga coto a las denuncias falsas". Esto es, cambiar la redacción del artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como del 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia. Concretamente, los puntos que recogen la "inversión de la carga de la prueba".
La otra condición que pone la formación de derecha dura, y que podría plantear más problemas en las negociaciones, es la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Una medida que desde Vox consideran que haría "mejor la vida a quienes más lo necesitan", pero que desde el Partido Popular rechazan por "insostenible": costaría, según cálculos del Ejecutivo, 700 millones de euros.
La idea original del Gobierno autonómico era cerrar un acuerdo antes de la presentación del proyecto, que tuvo lugar el pasado 27 de octubre desde Puerta del Sol, pero lo cierto es que éste aún no ha sido posible y seguramente se produzca a través de la tramitación parlamentaria, vía enmiendas parciales, antes de fin de año.
5. Rifirrafes. Desde hace seis meses, Vox exige que se celebren elecciones anticipadas en Andalucía y ha endurecido de manera paulatina su discurso contra Cs, y, sobre todo, contra el PP, a quien acusa ahora de que da lo mismo que gobierne el PP que el PSOE.
En su intervención en el Parlamento andaluz el pasado miércoles, el portavoz de Vox, Manuel Gavira, justificó su voto negativo asegurando que "no son los presupuestos que Andalucía necesita", y acusó al PP de haberlos elaborado y presentado "para culpar a Vox" de no salir adelante cuando los rechazan tras tener el Ejecutivo andaluz "la oportunidad de propiciar un cambio en Andalucía que no ha llegado".
El portavoz desechó la idea lanzada, aseguró, desde el Ejecutivo andaluz, pues han querido desde hace semanas "hacer creer" que "Vox es responsable" de que los presupuestos andaluces no salgan adelante. Eso ha sido así "hasta la semana pasada", cuando la filtración del audio de Juan Marín "ha demostrado que no es verdad. El tiempo nos ha dado la razón". Porque, puntualizó Gavira, "hemos estado 3 años anteponiendo los intereses de los andaluces".
La diferencia es sutancial a la relación existente entre la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio. Más allá de algún rifirrafe puntual en la Cámara regional, ambos partidos han reiterado en numerosas ocasiones su buena predisposición para llegar a un acuerdo sobre los Presupuestos de 2022. Pero algunas exigencias maximalistas de la formación a la derecha del PP son el único escollo a superar para la aprobación de las cuentas públicas.
6. Expectativas electorales. Andalucía es un territorio tan sentimental como estratégico para Vox. Fue la primera comunidad autónoma de España en la que logró representación institucional, es la más poblada de España y sus resultados son en buena parte extrapolables a los de las próximas elecciones generales.
Andalucía es, además, territorio de cambio, no como Madrid, que viene siendo gobernada por el Partido Popular desde hace más de dos décadas. Por eso, y antes de que se consolide Juanma Moreno, Vox quiere elecciones anticipadas.
Unas elecciones anticipadas que, además de impensables en este momento, sólo beneficiarían a Isabel Díaz Ayuso. Si hoy se celebraran las elecciones, según la última encuesta publicada por Sigma Dos en El Mundo, la presidenta madrileña arrasaría con un 46,2% de los votos y se quedaría, con 66 escaños, al borde de la mayoría absoluta. Vox, con el 9,3% de las papeletas, mantendría sus 13 escaños.
Porque en Andalucía, de convertirse Vox en llave para obtener la Junta si desaparece Ciudadanos, va a exigir entrar por vez primera en un gobierno, cosa que no exigió en Madrid. Y que tampoco podría exigir en 2023, a tenor de las encuestas, que barruntan una victoria arrolladora de Isabel Díaz Ayuso en una vuelta a las urnas.