La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido un duro enfrentamiento con la portavoz de Vox en la Asamblea regional, Rocío Monasterio, en medio de las negociaciones que ambas dirigentes mantienen para la aprobación de los Presupuestos del próximo año. ¿El casus belli? La derogación de las leyes LGTB.
La disputa ha comenzado cuando Monasterio ha utilizado su turno de palabra en la sesión de control al Gobierno para pedirle a la presidenta regional que "no tenga miedo a la izquierda" y "sea valiente" para suprimir las llamadas leyes de género, que es una de las reivindicaciones monolíticas de la formación.
Esta constituye, además, una de las exigencias que Vox pone para aprobar las cuentas públicas, junto a la gratuidad de la educación de los 0 a los 3 años y el correcto tratamiento del problema de "seguridad" que generan los centros de menores no acompañados. "¿Tiene usted miedo a que la izquierda diga que es usted xenófoba o va a ser valiente?", ha retado Monasterio a Ayuso.
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, interviene en el pleno celebrado este jueves en la Asamblea de Madrid.
La presidenta ha respondido con contundencia y ha asegurado no necesitar "lecciones de nadie": "Yo con 65 escaños sumo más que las tres izquierdas juntas, sin necesitar a Vox, así que créame que no sólo no tengo miedo sino que no dejo de trabajar para evitar que las políticas sectarias lleguen a la Comunidad de Madrid".
En cuanto a las peticiones de la formación de derecha dura para aprobar los Presupuestos, Díaz Ayuso ha pedido que "no se ofenda" a las familias "homosexuales y transexuales" con la "monserga de siempre": "Una cosa es que mejoremos las leyes y otra es que vayamos por la vida ofendiendo".
Con respecto al problema de "seguridad" que, en palabras de Monasterio, existe por culpa de los centros de menores no acompañados (a los que se ha referido como "soldados" instruidos para "atracar a la gente en la calle"), la presidenta ha recordado que el Gobierno regional "no tiene competencias" en esta materia: "Siempre están con el tema de la seguridad para sembrar el miedo; yo estoy obligada por ley a acoger a estos menores y darles tutela. ¿Qué quiere, que prevarique?".
Pese a este enconado intercambio de palabras, Díaz Ayuso ha instado a Monasterio a "que nos entendamos en una mesa de diálogo" y se ha mostrado convencida de que "nos vamos a entender": "El pleno de hoy se celebra porque ustedes lo han querido. Una y otra vez su suman a la izquierda para intentar desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid".
Negociaciones duras
Lo cierto es que el entendimiento entre Partido Popular y Vox para la aprobación de los Presupuestos está siendo más complicado de lo que ambas formaciones habían imaginado en un primer instante. Y todo porque la formación que dirige Rocío Monasterio ha puesto tres "líneas rojas" que desde la Puerta del Sol consideran "inasumibles": la derogación de las leyes LGTB, la gratuidad de la educación en todos los niveles y, ahora, medidas en torno a la "seguridad" de los centros de menas.
En concreto, Vox propone la derogación completa de las leyes de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid y la de Protección Integral contra LGTBfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual. Unas normas aprobadas en su día por el Gobierno popular de Cristina Cifuentes que, según Rocío Monasterio, tratan de "imponer una ideología".
Desde el Gobierno regional, sin embargo, son partidarios de una modificación que "ponga coto a las denuncias falsas". Esto es, cambiar la redacción del artículo 48 de la Ley de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación, así como del 66 de la Ley de Protección Integral contra la LGTBfobia. Concretamente, los puntos que recogen la "inversión de la carga de la prueba".
La otra condición que pone la formación de derecha dura, y que podría plantear más problemas en las negociaciones, es la gratuidad de la educación de 0 a 3 años. Una medida que desde Vox consideran que haría "mejor la vida a quienes más lo necesitan", pero que desde el Partido Popular rechazan por "insostenible": costaría, según cálculos del Ejecutivo, 700 millones de euros.
La idea original del Gobierno autonómico era cerrar un acuerdo antes de la presentación del proyecto, que tuvo lugar el pasado 27 de octubre desde Puerta del Sol, pero lo cierto es que éste aún no ha sido posible y seguramente se produzca a través de la tramitación parlamentaria, vía enmiendas parciales, antes de fin de año.