El Gobierno ha llegado a un acuerdo con ERC y se asegura la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022 a cambio de que haya un mínimo de contenidos en catalán, gallego y euskera en plataformas audiovisuales como Netflix y HBO. También el PDeCAT se adhiere al apoyo a las cuentas públicas.
Esta era una de las exigencias que ERC tenía sobre la mesa tras descartar presentar una enmienda a la totalidad a los Presupuestos. El Gobierno, por tanto, obligará a todas las plataformas digitales a cumplir un 6% de cuota de producción de contenidos en las lenguas cooficiales, en el marco de la nueva Ley Audiovisual, que debe de aprobarse antes del próximo 31 de diciembre en el Consejo de Ministros, según los plazos que marca Bruselas.
De esta forma, el 20% de las películas del catálogo europeo, en cumplimiento de la directiva europea, será en catalán, gallego o en euskera. Además, todo el contenido ofertado en las plataformas digitales deberá estar en estas tres lenguas. También se ha consensuado un impuesto del 5% para la producción audiovisual y un 10% de este irá para financiar la producción de las lenguas cooficiales a través del Instituto de Cinematografía de Artes Audiovisuales.
Mossos, pensiones, peajes...
Otra de las cuestiones que ERC ha acordado es equiparar las condiciones de jubilación de los agentes de Mossos d'Esquadra a los de la Policía Nacional y de la Ertzaintza, a partir de los 60 años o de los 59 años si se acreditan al menos 35 años de actividad efectiva y cotización en el cuerpo.
Otro de los acuerdos a los que ha llegado ERC es que el Gobierno encargará una auditoría para medir la factura de gastos impropios en el sistema de pensiones. Se eliminarán también los peajes en la AP-7, previa compensación económica.
Sánchez tiene los apoyos
Pedro Sánchez aprobará las cuentas públicas en la votación de este jueves con holgura, al lograr al menos 178 'síes' de EH Bildu, PDeCAT, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Nueva Canarias y el Partido Regionalista de Cantabria. El BNG se abstendrá al no cumplirse ninguno de los compromisos pactados con el Gobierno, como Alcoa. La confirmación que aún faltaría sería la del PNV, que sigue negociando, aunque casi se da por hecho.
El sí de ERC llega sólo 24 horas después de que Arnaldo Otegi anunciara este lunes el apoyo de EH Bildu a los Presupuestos tras conseguirse "grandes avances" en las negociaciones en "la defensa de los intereses" del País Vasco.
El primero de los acuerdos al que ha llegado la izquierda abertzale es que el Gobierno se comprometa a convertir el escudo social "en permanente", es decir, que las medidas de protección social adoptadas durante la pandemia de Covid se mantengan sine die "por ley".
Así, las medidas de este escudo social serán derechos sociales adquiridos, entre ellos la paralización total de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional y la suspensión temporal en el pago de la renta del alquiler para personas en situación de vulnerabilidad.
El segundo acuerdo de EH Bildu son 25 millones de euros para indemnizar a las víctimas de la exposición al amianto. Se trata de una enmienda presentada por EH Bildu, a la que se sumó ERC y apoyaron otros partidos como Unidas Podemos y PNV.
El tercer y último acuerdo a cambio del sí será que la televisión pública vasca, ETB3, se emita "en todo el territorio navarro" antes de que finalice 2022. El canal emite íntegramente en euskera y su programación está dirigida para el público joven e infantil. "Así cumplimos con nuestro compromiso de proteger y fomentar nuestra lengua en toda Euskal Herria", ha explicado.
Más País y Compromís
A EH Bildu se sumó también este lunes el apoyo de Compromís y Más País. Su portavoz, Íñigo Errejón, ha logrado del Gobierno compromisos en materia laboral o de salud mental.
En los Presupuestos habrá una primera partida de 10 millones de euros para el proyecto piloto de la reducción de la jornada laboral sin reducción de sueldos para los trabajadores para aquellas empresas que voluntariamente se acojan al mismo.
Además, se creará una Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que se encargará de controlar que no haya fraudes en el uso de los algoritmos.
Las próximas cuentas destinará cinco millones de euros a aumentar los psicólogos y orientadores en los centros públicos de enseñanza secundaria y en formar al profesorado en la detección temprana de la depresión y conductas homicidas.