Pilar Alegría ha vuelto a dar marcha atrás. La ministra de Educación y Formación Profesional ha decidido seguir los pasos de su predecesora, Isabel Celaá, y eliminar este mismo curso los exámenes de recuperación. Una medida que se ha aprobado este mismo martes en el Consejo de Ministros, pero que tras un diálogo con las Comunidades Autónomas más reticentes, se había atrasado al año que viene.
La polémica está servida porque ya han sido varios los gobiernos regionales, como Castilla y León, Murcia o Madrid (todos ellos gobernadas por el Partido Popular) que han rechazado la propuesta nada más conocerla. De hecho, han acusado a Alegría de ejecutar una gestión "caótica y desordenada".
Para entender el enfado de las Autonomías populares es necesario retrotraerse a septiembre, cuando se conocía el borrador del proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación, promoción y titulación en la Educación Primaria, Secundaria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP). El documento, que se ha aprobado hoy finalmente, no preveía la realización de exámenes de recuperación en la ESO.
La medida no gustó nada a las consejerías de numerosas autonomías, pero en realidad seguía la senda de la ley Celaá (LOMLOE). Los tiempos se le echaban encima a la nueva ministra, puesto que la LOMLOE entró en vigor en septiembre de este curso 2021/2022. De modo que Alegría paró la eliminación y dio a las CCAA la potestad de atrasar un año más la eliminación de las pruebas de recuperación.
Sin embargo, ahora las cosas han cambiado radicalmente. Alegría ha decidido quitar los exámenes de julio y septiembre este mismo curso. Durante la rueda de prensa, Alegría ha calificado este RD como un proyecto "integrador" que pone el foco en la "evaluación continua".
"Damos un paso más en reforzar la personalización de los procesos de aprendizaje. El sistema de evaluación debe hacer una detección temprana en adoptar medidas de refuerzo tan pronto como sea necesario", ha insistido.
Plazas de 0 a 3 años
En otro orden de cosas, Alegría también ha anunciado la aprobación de más de 65.000 plazas de educación infantil de 0 a 3 años, "una de las asignaturas pendientes en nuestro país" que es sinónimo de pobreza infantil y de desigualdad de oportunidades.
"En estos momentos la población escolarizada es del 38%. Es un porcentaje muy diferente dependiendo de la renta familiar. Las de renta más baja el porcentaje es del 26%, mientras que con rentas altas es de un 63,5%", ha insistido.
La ministra de Educación ha añadido que estas plazas aliviarán la situación económica de muchas familias y ayudará a la conciliación familiar, sobre todo de las madres. "Esta medida nos permite crear estas plazas y también puestos de trabajo".
El presupuesto concreto para este próximo año es de 200 millones de euros, "que permitirán a las Comunidades Autónomas disponer de 21.794 nuevas plazas".
Consejo de Estado
La decisión la toma después de conocer el informe del Consejo de Estado al proyecto de Real Decreto de Evaluación, Promoción y Titulación. El dictamen afirma que no se puede crear una desigualdad entre Comunidades Autónomas. O lo que es lo mismo, que en unas regiones los alumnos tengan exámenes en septiembre y en otras no.
Alegría tiene ahora a las CCAA del PP y al colectivo educativo en contra. Como aseguraron a EL ESPAÑOL, los profesores creen que eliminar este tipo de exámenes hace que los alumnos afronten el curso como si se tratase de un "regalo".
Además, tampoco los estudiantes están de acuerdo. Al final, lo que viene a proponer el Real Decreto es que, al eliminar las pruebas de recuperación de materias no aprobadas, son los profesores los que dicen si el alumno suspende esa asignatura (y repite) o aprueba y pasa de curso.
Evaluación continua
La idea es que la promoción educativa se base en una evaluación "continua". Y que si un alumno suspende, pueda tomar clases de refuerzo, para que la calificación negativa no le atrase un año. El Real Decreto establece que en la ESO no existen límites de suspensos para obtener el título y en Bachillerato se daría la posibilidad de promocionar con un suspenso.
Castilla y León, Murcia, Galicia y Madrid denuncian que Educación haya cambiado de opinión cuando el curso ya está empezado y, prácticamente, ha terminado la primera evaluación. Todos hablan de "improvisación" y de falta "grave". Pero sobre todo, exigen conocer el informe del Consejo de Estado que todavía no es público.
Estas mismas fuentes autonómicas recuerdan que la LOMLOE entró en vigor en enero de 2021 y los docentes "ya han empezado a evaluar a sus alumnos del primer trimestre". A su parecer es un grave incumplimiento que afecta a "alumnos, profesores y familias".
"En otra muestra más de improvisación, el Ministerio de Educación y FP cambia las reglas del juego en mitad del partido propiciando un estado de inseguridad a los equipos directivos y de docentes", denuncian.
Por su parte, fuentes de la Comunidad de Madrid adelantan que ya han solicitado a Educación aplazar esta decisión. Además, retrasar al curso escolar 2023/24 la entrada en vigor de los nuevos currículos educativos prevista para el de 2022/23 en 1º, 3º y 5º de Primaria, 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato.
"Desde el Gobierno madrileño dudamos que los nuevos contenidos lleguen a tiempo, teniendo en cuenta los plazos que se prevén, puesto que hay que elaborar los currículos autonómicos, las editoriales tienen que transformar la normativa en recursos didácticos (libros, materiales…) y los docentes deben tener un conocimiento de las materias para poder llevar a cabo una adecuada programación para, entre otros aspectos, adaptar los nuevos materiales", afirman.
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