El Gobierno de coalición ha llegado a un acuerdo. La Secretaría de estado de Comunicación anunciaba a priemra hora de este martes que "en la mañana de hoy, se ha alcanzado un acuerdo en el seno del Gobierno de coalición en relación a la Ley de Presupuestos Generales del Estado y la Ley de Vivienda".
Es decir, que el PSOE ha finalmente aceptado que en la norma que copropondrán el Ministerio de Transportes y el de Derechos Sociales se incluirá la intervención del mercado del alquiler "para bajar los precios" en las zonas declaradas de mercado tensionado... pero menos.
Y que las cuentas públicas incluirán un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades para las grandes empresas. Si bien, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha negado a dar más detalles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Esto es importante porque el acuerdo de coalición contemplaba que el suelo sube hasta el 18% para la banca y en el caso de las empresas de hidrocarburos.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Así se cumplen las dos únicas exigencias que Unidas Podemos había mantenido como "líneas rojas" para dar el sí a los PGE de 2022 en el seno del Gobierno, para llevarlos al Consejo de Ministros. La negociación política final fue llevada por Bolaños (PSOE) y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra (Unidas Podemos).
En todo caso, Bolaños confirmaba que el proyecto de las cuentas públicas se aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves 7 de octubre. Según fuentes de Moncloa, no estaba previsto que el Ministerio de Hacienda introdujera los Presupuestos en el orden del día de la reunión del Gobierno de este 5 de octubre, a pesar de que era la fecha tope que puso la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, hace tres semanas.
Y es que el acuerdo final, según fuentes de la negociación, se ha cerrado minutos antes el Consejo de Ministros. Según ha revelado un ministro implicado en la negociación, Pedro Sánchez ha llamado a capítulo en Moncloa a Yolanda Díaz, Ione Belarra, Félix Bolaños y María Jesús Montero para ordenar el cierre de las discusiones. Lo ha hecho, en un café previo a la reunión oficial, convocada para las 9.30 horas de la mañana.
Las dos partes del Gobierno estaban impelidas por la necesidad de cerrar ya este capítulo y centrar sus fuerzas en las tres reformas legales de calado que debe tener aprobadas antes del 31 de diciembre. Dos de ellas, incluso, que exige la Comisión Europea para librar los 27.000 millones de euros del año que viene, correspondientes a los Fondos Europeos Next Generation EU.
Estas leyes son la de la reforma laboral, la de la reforma de las pensiones y la de la subida del Salario Mínimo para 2022, que Yolanda Díaz exige que llegue a los 1.000 euros al mes en 14 pagas.
La confirmación del acuerdo pilló a Nacho Álvarez -el negociador económico de Unidas Podemos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero- en una entrevista en directo en el 24 horas de TVE. Cómo será la desconfianza entre las dos partes de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, que el secretario de Estado de Derechos Sociales no terminaba de creerse una nota oficial de la Secretaría de Estado de Comunicación: "Hasta donde yo sé, no hay acuerdo, ya veremos a qué se refieren", afirmó.
Prisas... o no
El hecho de que no vayan las cuentas públicas de 2022 al Consejo de Ministros de este 5 de octubre tiene tres explicaciones principales. La primera de ellas, es la premura del pacto, que, a pesar de negociarse en la noche del lunes al martes hasta altas horas, llegó esta mañana, en el café posterior a la reunión ordinaria del Gobierno.
Tras la negativa de Yolanda Díaz a elevar las conversaciones a un cara a cara de ella con Pedro Sánchez y la advertencia pública de la vicepresidenta segunda de este lunes, el ambiente se enrareció tanto como para que el presidente instara a cerrar ya el pacto.
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales.
A pesar de la última oferta de Belarra a Bolaños -que sólo estén obligados a bajar los alquileres por ley los propietarios de más de 10 pisos-, el PSOE seguía sin admitir la intervención de los alquileres (y Podemos advertía de que "lo firmado obliga"... además de que lo exigían todos los grupos parlamentarios que el PSOE necesita para aprobar las cuentas). Hasta anoche, unos se negaban a aceptar lo firmado hace un año -ley de Vivienda con alquileres a la baja por ley- y la de los otros a seguir avanzando sin "redactar los artículos de la norma y dejarlos cerrados".
Ahora, según ha podido saber este diario, la cesión de Podemos es aún mayor: la diferencia principal no estará entre ser "gran tenedor" de pisos o no, sino en ser persona física o jurídica. Es decir, que cualquier particular, tenga una o 150 viviendas no se verá obligado a bajar los precios de sus alquileres ni siquier en el caso de que la Comunidad Autónoma en la que éstas estén ubicadas pida la declaración de "zona de mercado tensionado".
Eso sí, tal como apuntan las fuentes, "sólo se podrá acoger a los beneficios fiscales si baja el precio de todas las casas... una sola que no baje y pierde la exención en todas las viviendas".
La segunda es que este mismo martes, el Ministerio de Hacienda tiene convocada una reunión con los representantes sindicales de los funcionarios, que debe incluirse en el proyecto de los Presupuestos. Con ellos debe pactar la subida salarial para el año que viene, y las posiciones están lejanísimas.
Los trabajadores públicos, según las fuentes sindicales, reclaman un alza no menor al 3% "por la subida de la inflación", que ya está en el 4%. El Ministerio de Montero, por su parte no llegará siquiera al 2% en su oferta, según ha podido confirmar este diario en fuentes cercanas a la ministra.
Y la tercera razón es que las prisas de Calviño no eran tanto por aprobar las cuentas públicas en el Consejo de Ministros como para pasar página en la negociación interna. Y es que la inclusión de la "reforma fiscal limitada" -como ya informó este periódico hace una semana- que supondrá que todas las grandes empresas paguen un mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades se aprobará, pero su anuncio debe esperar.
Ésa es una reforma que ya proponía el PSOE en su programa electoral. También venía recogida en los Presupuestos alternativos de 2018, los que promocionó el equipo de Pedro Sánchez antes de la moción de censura como alternativa a los últimos que logró tramitar Cristóbal Montoro.
La armonización fiscal para las empresas se acordó en el pacto de coalición progresista entre PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. Y también lo defendió la propia Calviño el pasado mes de julio en la reunión ministerial de la OCDE. Pero la vicepresidenta quiere poder anunciarlo como una propuesta de los socialistas, liderada en el seno de la Unión Europea, y cerrada de cara a la reunión del G-20 que se celebra a finales de este mes en Roma.