El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, -huido en Bélgica desde la fallida declaración de independencia de Cataluña de octubre de 2017- ha presentado este viernes una nueva petición de medidas cautelares al Tribunal General de la UE (TJUE) con el objetivo de que le devuelva su inmunidad como eurodiputado, que le fue retirada el pasado mes de julio, según ha confirmado el propio TJUE.
Esta solicitud se produce después de que el juez del Supremo, Pablo Llarena, se haya dirigido al Tribunal de Apelación de Sassari (Cerdeña, Italia) para dejar claro que la euroorden contra Puigdemont "está activa" y para reclamarle que inicie el procedimiento de entrega a España con el fin de que pueda ser juzgado por sedición y malversación de fondos públicos.
El expresidente catalán fue detenido la semana pasada en Cerdeña durante unas horas por la orden de busca y captura del Supremo, pero la jueza italiana decidió ponerlo en libertad sin medidas cautelares y convocarlo a una vista el próximo lunes 4 de octubre para decidir sobre su entrega a España.
Puigdemont asegura que tiene intención de viajar a Cerdeña para la vista, pero a la vez intenta recuperar el escudo de la inmunidad parlamentaria con el fin de frenar de nuevo la euroorden. No hay plazos formales para que el TJUE se pronuncie sobre esta petición de cautelares.
El abogado del expresidente, Gonzalo Boye, asegura que esta solicitud, "por su proceso de tramitación y duración, no afecta a la vista señalada para el próximo lunes ante los tribunales italianos toda vez que debería darse traslado de la misma tanto al Parlamento Europeo como al Reino de España para que se pronuncien al respecto".
En todo caso, la resolución del TJUE será muy probablemente favorable a Puigdemont. El vicepresidente del Tribunal General, Savvas Papasavvas, ya decidió el pasado 2 de junio devolverle provisionalmente la inmunidad, a la espera de que haya una sentencia definitiva sobre si el suplicatorio contra él aprobado por la Eurocámara en marzo se tramitó correctamente o no.
El fallo admitió el argumento del expresidente catalán de que existía un riesgo real e inminente de que pueda ser detenido y encarcelado, lo que le causaría un perjuicio grave e irreparable y vulneraría además su derecho a desempeñar su función de diputado europeo.
En un auto posterior del 30 de julio, el TJUE decidió retirar la inmunidad a Puigdemont, pero usando argumentos muy similares. El dictamen sostenía que el expresidente catalán no había demostrado que que corriera el riesgo de una "detención inminente". El motivo es que la Abogacía del Estado había informado al Tribunal General de que la euroorden contra él estaba congelada a la espera del fallo sobre las cuestiones prejudiciales presentadas por Llarena sobre la actuación de Bélgica en este caso.
Con posterioridad, Llarena ha desmentido esta interpretación de la Abogacía del Estado, ha confirmado que la euroorden está activa y ha pedido al tribunal de Cerdeña que la ejecute. Por tanto, el riesgo de detención y entrega inminente sí existe.
"En la hipótesis de que, una vez dictado este auto, el daño alegado pudiera plantearse con una probabilidad suficiente, en particular en el caso de una detención de los demandantes por una autoridad de ejecución de un Estado miembro o la activación de un procedimiento para su entrega a las autoridades españolas, les quedaría la posiblidad de presentar una nueva solicitud de medidas cautelares", señala el auto. Este es precisamente el camino que está siguiendo ahora Puigdemont.
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