Comienza el curso en el Gobierno, tras la vuelta de las vacaciones, y Unidas Podemos marca territorio frente al PSOE. Los ministerios de Consumo y de Derechos Sociales, cuyas carteras portan los líderes de las dos formaciones principales de la coalición, Alberto Garzón y Ione Belarra, respectivamente, han elaborado un plan de intervención del mercado "para bajar los precios de la luz" poniendo precios tope a la factura. Según las fuentes consultadas por este diario, los cálculos de Unidas Podemos "acarrearían un ahorro de entre 1.500 y 3.200 millones de euros al año" para los consumidores.
La propuesta, que ya está en manos de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y responsable de la política energética, será compartida con el presidente del Gobierno en esta semana en la que se retoman los Consejos de Ministros. El plan urgente varía el discurso sostenido hasta ahora por Unidas Podemos, pues elige la energía nuclear como fórmula para salvar la situación y olvida la creación de una empresa pública de energía. La vicepresidenta Ribera ya ha contestado que "gracias, pero no".
En todo caso, significa la apertura efectiva de una batalla interna dentro del Gobierno. Recordará el lector que una de las excusas de la vicepresidenta Ribera para explicar la ineficacia de sus medidas para contener las subidas récord de los costes eléctricos ha sido que "el precio de la luz se fija por parámetros europeos". Y que ella lleva tiempo "insistiendo a los socios de la UE" para que se cambie el modelo.
Pues bien, según fuentes de la banda morada del Ejecutivo, su plan intervencionista no se sale de los parámetros comunitarios y, sin embargo, aplicándolo no sólo sería posible detener la escalada incesante, que ha multiplicado la factura en los últimos dos meses, sino que sería eficaz para producir "una bajada inmediata" de la factura.
Es más, según fuentes de Unidas Podemos, la propuesta se basa en "precios tope", pero no difiere mucho de regulaciones a las que ya se somete a ciertas energías en España.
"Valientes para intervenir"
La vicepresidenta segunda y líder de los morados en la coalición, Yolanda Díaz, ya reapareció desde sus vacaciones hace diez días para reclamarle "valentía" a Ribera y al presidente Pedro Sánchez. Díaz apuntó la necesidad "de intervenir en el precio de la energía y caminar hacia los precios regulados", además convertir en "permanentes" las medidas ya aplicadas. Es decir, que la también ministra de Trabajo estaría a favor de consolidar la bajada del IVA -que sólo rige hasta finales de diciembre- del 21% al 10% y la suspensión del impuesto eléctrico del 7%.
Así, los departamentos de Belarra y Garzón abren la brecha con Moncloa y la cartera de Transición Ecológica, pasando de las palabras a los hechos, como reclama la líder de Unidas Podemos desde su ascenso tras la salida de Pablo Iglesias. Después de un verano en el que el propio portavoz parlamentario, Pablo Echenique, amenazó al Gobierno al que su grupo da soporte con sacar a la gente a las calles, el Consejo de Ministros se presentará caliente este martes... no por la ola de calor, sino por el nuevo enfrentamiento interno en el seno del Ejecutivo.
Según ha podido saber este periódico, la propuesta ya se ha hecho llegar al Ministerio para la Transición Ecológica. La reforma, en detalle, pretende bajar la factura de la luz con carácter inmediato y "abordar la situación límite que vive nuestro país con precios históricos". El plan, apuntan las fuentes, "tiene carácter estructural, puede aprobarse a través de un Real Decreto-Ley y así estar en marcha en un periodo de tiempo muy breve".
Los puntos clave
Unidas Podemos plantea dos líneas de acción específicas. Por un lado, el establecimiento de un "precio fijo para la energía nuclear, tal y como ya hace Francia".
Las comercializadoras podrían adquirir la energía nuclear a este precio de referencia y, de esta manera, los consumidores quedarían "protegidos frente a subidas en los costes de otras tecnologías" que, con el sistema actual, se transfieren a la nuclear en forma de "beneficios caídos del cielo".
Y por otro, el establecimiento de "un máximo para la energía hidroeléctrica" mediante un sistema similar al actualmente utilizado para algunas energías renovables. Así, cuando el precio de otras energías, como el gas, sea muy elevado, éste "no podría encarecer el de otras energías más baratas como la hidroeléctrica".
Renuncias moradas
El primero de los puntos -el que se basa en las acciones del país con más centrales atómicas de Europa, Francia- significa que Unidas Podemos admite, implícitamente, la necesidad de contar con la energía nuclear, hasta ahora un tabú en sus postulados. Los morados son los más activos actores políticos contra este tipo de generación eléctrica y lucharon contra la renovación de las concesiones. La última vez, sólo el pasado mes de marzo, con la de central de Cofrentes.
El segundo, pretende aplicar la excepcional regulación favorable a las energías renovables a la tradicional hidroeléctrica. Y es también una renuncia por debajo de la mesa a las posiciones tradicionales de Unidas Podemos.
Hasta ahora, según la doctrina morada, la solución a los problemas de la subida del precio de la luz descansaba en "la creación de una empresa pública" que se hiciera cargo de las concesiones hidroeléctricas que van caducando. Un plan a larguísimo plazo que, paradójicamente, fue rechazado por la vicepresidenta Ribera y después contemplado como "posible" por la socialista... hasta que fue desmentida por el hombre fuerte de Moncloa, Félix Bolaños.
Pero ahora, según el plan de Ione Belarra y Alberto Garzón, los precios de ambos tipos de energía "serían fijados a través de una auditoría de costes de generación", labor para la que designarían a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Según Unidas Podemos, "la caída de precios en el mercado regulado provocaría automáticamente un efecto arrastre en el mercado libre". Así, todos los consumidores se podrían ver beneficiados de bajadas significativas en el precio de la luz, no sólo los particulares, sino también las empresas.