Ucrania, Covid, inflación...: las excusas de Ximo Puig para no derribar las torres que son ilegales por 4 m

La Generalitat valenciana, cuando estaba encabezada por el socialista Ximo Puig, también ralentizó la demolición de dos rascacielos en Benidorm, que fueron declarados ilegales por invadir, por apenas cuatro metros, una zona urbanística protegida.

El anterior Gobierno autonómico, en un informe de agosto de 2022, alegó que la guerra de Ucrania, la inflación o la crisis de la Covid-19 habían retrasado notablemente las gestiones para derruir las dos lujosas torres del Residencial Gemelos 28, ubicadas en la primera línea de costa.

Al no ser una cuestión urgente, la Administración optó por posponer estas gestiones y priorizó "la movilidad de forma segura", la "compensación de los sectores económicos más afectados" y "la gestión de los Fondos de Recuperación y Resiliencia".

Con ese documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad respondió al auto del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) que le ordenaba la demolición de los rascacielos, de 22 pisos cada uno.

En 2017, además, el Supremo ya obligó a la Generalitat valenciana a derribarlos, pero el Gobierno de Puig se excusó en 2022 en "la crisis sanitaria provocada por la pandemia", "la subida de precios de materias primas y combustibles" y "la crisis derivada de la guerra de Ucrania, cuyas consecuencias persisten hoy en día".

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"Circunstancias ambas que han tenido y están teniendo una incidencia muy significativa en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, (...) tanto en el desarrollo de su actividad como en el señalamiento y atención de las prioridades, que ha hecho inevitable la cautelar ralentización de cuestiones que no fueran de primerísimo orden para atender de forma ordinaria los servicios públicos (...); especialmente los referidos a la protección de la salud y la economía", señaló la Consellería.

Las dos torres de Gemelos 28 albergan 171 viviendas, de las que 84 son propiedad de ciudadanos rusos y otras 13 pertenecen a compradores árabes, según los datos más recientes a los que ha podido acceder EL ESPAÑOL. A ello hay que sumar 153 plazas de garaje, a lo largo de cuatro plantas, y una piscina.

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Las indemnizaciones a los propietarios alcanzarían los 58.981.085,32 euros, más un 20% extra que obligó a sumar la Justicia. En total: 70.777.302,38 euros, que la Generalitat ya tiene aprovisionados por si se produce la demolición, cuyo coste habría que añadirlo a la cantidad anterior, lo que podría arrojar un montante, según las fuentes consultadas por este periódico, de 100 millones de euros.

Los dos rascacielos invaden, por cuestión de entre cuatro y seis metros, una pequeña área medioambientalmente protegida. Se trata de la zona de servidumbre de protección del dominio público-terrestre. De hecho, si fueran derribados, podrían volver a construirse otra vez las mismas torres cuatro metros más lejos del mar, ya sin infringir la Ley de Costas.

Ayuntamiento de Benidorm

La Generalitat valencia de Ximo Puig indicó en su informe que para proseguir con las gestiones del derribo era necesaria la "adecuada coordinación" con el Ayuntamiento de Benidorm, al que solicitaron información. De hecho, el consistorio benidormense trató, sin éxito, de frenar el derribo mediante la declaración de las dos torres como "de interés general de carácter municipal".

El informe de la Consellería, además, recalca "la complejidad de la intervención" al tratarse de la demolición de dos bloques ubicados en plena costa, al lado de un acantilado, que limitan con un parque natural, y por "la ingente cantidad de escombros" que se preveían.

La Generalitat también alude a "la subida constante de los precios de las materias primas y combustibles", lo que obligaba a revisar los contratos en vigor de cara a la demolición y encarecería las gestiones futuras.

También se quejó de la falta de respuesta de la Administración municipal en cuestiones como el tráfico, los ruidos, los periodos de trabajo, la ocupación de la vía pública, la necesidad de licencia urbanística... "Estas serias deficiencias podrían hacer fracasar la completa ejecución de las obras de derribo", concluyó la Generalitat de Puig.

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Precisamente, tal y como reveló este martes EL ESPAÑOL, el consistorio benidormense ha solicitado que "la autoridad medioambiental competente" redacte un informe para evaluar el "impacto ambiental" del hipotético derribo. "Máxime cuando, al margen de otras consideraciones, la demolición puede afectar gravemente al litoral, por la inevitable caída de cascotes, con posible contaminación de las aguas por el polvo y otras sustancias", expuso en un escrito, fechado el pasado día 6 de septiembre.

Quien sí solicita "el cumplimiento inmediato de la sentencia en sus estrictos términos" es el dueño de una vivienda situada justo detrás de Gemelos 28, a quien los edificios tapan las vistas al mar. "Por más que [la demolición] suponga costes económicos elevados y perjuicios para los propietarios que adquirieron las viviendas de las dos torres", exige el titular del inmueble en otro escrito.

La promotora Terras de L'Horta SL, filial de Edificaciones Calpe SA, fue la encargada de la construcción de ambas torres en 2005. Pertenecía al valenciano Andrés Ballester Ríos y la empresa matriz tuvo que declararse en concurso de acreedores a final del proceso judicial que concluyó que los edificios eran ilegales.

Ahora bien, tal y como señaló en 2018 la entonces concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, si las torres fueran demolidas, podrían volver a construirse inmediatamente después si respetan la zona protegida. Es decir, unos cuatro metros y medio más atrás.

"Roza el sainete"

"Es totalmente absurdo que planteemos dedicar decenas de millones de euros del erario público —además del potencial perjuicio ambiental de un derribo a tan escasa distancia del mar— para obtener un resultado inapreciable a la vista y que no beneficia a nadie", critica el abogado Víctor Soriano i Piqueras, defensor de los propietarios de una de las viviendas de las torres.

"El Derecho está para resolver problemas y no para crearlos, la interpretación de las normas no puede conducir a situaciones rayanas del sainete como ésta, en la que dedicamos el coste entero de construir un hospital, simplemente, a retranquear, de cuatro a seis metros, un edificio", añade Soriano en declaraciones a EL ESPAÑOL.

Vista de los rascacielos de la ciudad de Benidorm.

De derribarse los bloques, el letrado solicita que sea la Generalitat la que asuma los costes íntegros, que podrían alcanzar los 100 millones de euros, dada la extraordinaria complejidad de efectuar la demolición al filo del mar.

"Además del derribo, tendrá también que indemnizar a los propietarios, quienes, de buena fe, confiaron en que existiría una autorización a las viviendas", añade. "Aunque la indemnización —cuando llegue, si llega— no va a cubrir una década, si no es más tiempo, de espera hasta que puedan recuperar la vivienda", advierte.

Como alternativas al derribo, se podría introducir una disposición adicional en la Ley de Costas para legalizar la situación de este edificio en concreto. E incluso, según señala Soriano, se podría plantear, como el Ayuntamiento de Benidorm puso sobre la mesa, que se amplíe el paseo marítimo mediante una pasarela, con lo que el edificio ya no ocuparía terreno protegido.