Un informe independiente revela "carencias" en la gestión de los menores en la etapa de Mónica Oltra

Esta petición del defensor del Pueblo valenciano llega como resultado de la primera investigación realizada por la institución para diagnosticar la realidad social y administrativa sobre las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunidad Valenciana, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales.

Entre las conclusiones de esta queja de oficio, que se abrió en junio de 2022, destaca que no existe un protocolo de actuación común ni consenso o coordinación técnica sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo.

[Una nueva investigación revela graves deficiencias en los centros de menores que gestiona Mónica Oltra]

Por ello, relata la investigación, el trabajo de los servicios sociales municipales es "poco homogéneo" y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo.

El informe, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, manifiesta que la Conselleria de Igualdad, liderada por Mónica Oltra entre 2015 y 2022, era la "competente en materia de infancia y adolescencia" y "tiene la obligación legal de poner a disposición de las entidades locales un protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo".

Solo así se puede "garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de menores en todo el territorio".

"Es notable la carencia de protocolos de intervención en gran parte de los municipios, pero especialmente en los más pequeños", recoge el informe.

Además, el informe califica de "deficitaria" la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, la fiscalía y juzgados, la Conselleria de Igualdad y las entidades de protección de la infancia y la adolescencia.

Respecto al personal, la investigación aclara que "se ha manifestado intensamente, por un lado, la existencia de bolsas de empleo caducadas y, por otro, la existencia de dificultades de tipo administrativo a la hora de crear nuevas bolsas".

La investigación arrancó en junio del año pasado, el mismo mes en el que la exlíder de Compromís presentó la dimisión por su imputación por la gestión del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que ha sido condenado a 5 años su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, cuyo ingreso en prisión está pendiente de un último recurso ante el Tribunal Supremo (TS). 

El síndic abrió las diligencias para analizar la situación en la que se encuentra la implantación del modelo de protección de menores impulsado por Oltra tras las criticas de la oposición.

El informe admite que el nuevo modelo "sin duda está suponiendo mejoras en la prestación de los servicios sociales y de atención a la infancia y adolescencia". Pero critica las "carencias" que a su juicio arrastra la gestión de los últimos años.

El informe y la investigación se iniciaron y finalizaron con la estructura de gobierno autonómico anterior a las elecciones de mayo de 2023. El defensor del Pueblo valenciano propone ahora hasta 17 recomendaciones para resolver las deficiencias que deberá de implementar la actual vicepresidenta segunda, Susana Camarero, del PP.

Esta investigación se suma a las que ya había abierto el defensor del Pueblo por la situación de los centros de menores, posibles casos de abusos sexuales o los pagos por la ley de dependencia.

La nueva consellera de Igualdad y Servicios Sociales, Susana Camarero. EFE

Sin planificación

En la Comunidad Valenciana, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a los ayuntamientos aunque la Conselleria debería disponer de datos que permitan el diseño de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo.

El informe remitido por la antigua Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a la Sindicatura señala que sólo cuenta con los datos aportados desde los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), pero no con los de los equipos de atención básica municipales.

De esta manera, también desconoce el grado de eficacia de las intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia.

El síndic considera que la Administración valenciana "no puede eludir la responsabilidad de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir y atender a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que puedan encontrarse en situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales". Por ello, recomienda que asuma la responsabilidad de obtener también los datos de las intervenciones de los servicios sociales municipales.

"El hecho de que la entidad competente en materia de infancia y adolescencia desconozca esta información no solo refleja que la Conselleria obvia que la protección a la infancia y la adolescencia arranca, como marca la normativa, desde el momento en el que se detecta una posible situación de riesgo y se comienza la intervención, sino que impide una adecuada planificación de los servicios", apostilla.

En esta investigación ha participado el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante; 109 ayuntamientos y 11 mancomunidades que representan a otros 87 consistorios contestando cuestionarios, además de las consellerias de Educación, Cultura y Deporte, Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanidad Pública y Salud Universal.