La Universidad Politécnica de Valencia (UPV) cargó gastos irregulares por valor de más de 100.000 euros a los fondos aportados por una empresa de venta de semillas de cannabis para desarrollar un proyecto de investigación sobre el cáñamo.
La compañía Sweet Seeds llevó a los tribunales el uso indebido de los fondos que aportó a la institución y un juzgado de Valencia acabó condenando en 2020 al centro al pago de 122.166,46 euros en concepto de daños y responsabilidades.
La sentencia dictada por un juzgado de Primera Instancia, desconocida hasta ahora, recoge que la institución académica utilizó el dinero para "gastos de comidas, cortinas, personal ajeno al proyecto, publicación de artículos que nada tenían que ver con el proyecto, etc.".
Además, ocultó a la empresa de las semillas "la obtención de subvenciones imputando la totalidad de su retribución a los fondos aportados" por Sweet Seeds.
Según la sentencia, también "repercutió el pago de las nóminas cuando el trabajador se encontraba de baja por enfermedad, siendo que durante ese período las nóminas fueron pagadas por la Seguridad Social en su gran mayoría".
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El responsable del proyecto fue J.M.S.S., catedrático del departamento de Biología y autor de diversos libros de referencia. El docente "emitió facturas y se realizó pagos a sí mismo, autorizados a su vez por él mismo, por importe de hasta 27.000 euros, sin que en el contrato suscrito se hubiere previsto ningún salario de esta naturaleza".
El juzgado acordó la resolución del contrato ante las graves negligencias. "El contrato se cumplió irregularmente en cuanto a su gestión económica" y la institución omitió su deber de asegurarse que se invertía "lo presupuestado según lo expresamente pactado".
"De modo que acreditado que no se efectuaba así y siendo esta una obligación esencial a juicio de este tribunal, cabe estimar la resolución contractual por incumplimiento que frustra la finalidad del contrato, que no es sólo efectuar una investigación sino que ésta se ajuste a lo calculado a modo de presupuesto y no de precio definitivo y que lo abonado se destine a fines del proyecto", concluyó la sentencia, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
El caso ha salido ahora a la luz después de que la Agencia Valenciana de Antifraude emitiera un informe el pasado 15 de marzo en el que advierte que la gestión negligente del proyecto ha acabado costando más de 122.000 euros a las arcas públicas.
La Politécnica no inició a tiempo ninguna reclamación patrimonial contra el docente y autorizó la devolución del dinero a través del Fondo de Sostenibilidad del profesor, que también se nutre de fondos públicos.
La UPV conocía las irregularidades al menos desde 2017, según la documentación incluida en la investigación, pero no ordenó abrir un expediente de reclamación patrimonial hasta junio de 2022. Finalmente, acabó archivando sus actuaciones internas porque la infracción del profesor había prescrito.
"Queda claro que, si la UPV hubiera sido diligente y hubiera iniciado el procedimiento en el momento de tener conocimiento de las irregularidades detectadas por la empresa, las presuntas infracciones cometidas por el profesor no habrían prescrito", ha estimado Antifraude.
La UPV defendió este jueves al papel del docente durante el desarrollo del proyecto y rechazó las consideraciones de Antifraude. Además, fuentes oficiales atribuyeron a una "cuestión de interpretación" las negligencias denunciadas. El proyecto se inició con Juan Juliá como rector, se desarrolló con el rector Francisco J. Mora y la resolución de Antifraude se ha conocido con el catedrático José Capilla como rector.
Ximo Puig y el rector José Capilla en la XX edición del Foro de Empleo de la UPV.
El profesor no ha figurado en ningún momento como investigado ni se ha analizado a fondo el movimiento del dinero porque el caso se ha tramitado como un procedimiento civil y no como penal. La empresa optó por presentar una demanda para recuperar cuanto antes el dinero y la UPV no denunció.
El convenio
Sweet Seeds SL suscribió el 26 de junio de 2013 con la institución un contrato para el desarrollo de un proyecto de investigación en concreto rubricado como 'Desarrollo de un procedimiento para la producción de plantas doble haploides androgénicas en cáñamo'. El presupuesto total ascendía a 301.183 euros y debía llevarse a cabo en un plazo aproximado de 5 años, es decir, hasta agosto de 2018.
El proyecto estaba cofinanciado por Sweet Seeds (al 63%) y por la UPV (37%), y ambas instituciones participarían en los beneficios que se obtuviesen por la explotación de los resultados.
Así, si el proyecto hubiera sido exitoso, el Centro de Transferencia de Tecnología de la Universidad Politécnica de Valencia habría recibido un canon del 7,5%, sobre los ingresos generados durante el primer año de explotación comercial de métodos o productos en los que se hubieran aplicado los conocimientos obtenidos con el proyecto.
En caso de que la empresa no hubiese iniciado la explotación en el plazo de 7 años, se habrían cedido a la UPV la titularidad de todos los derechos de propiedad sobre los resultados.
Sweet Seeds aportó 188.597 euros, cumpliendo con el convenio, pero el plazo espiró y no se presentaron resultados de la investigación sobre el campo.
Después de surgir "graves desavenencias" en relación con la publicación en abierto de dos artículos científicos en revistas de divulgación relacionados con el proyecto, la empresa descubrió "que la UPV había hecho un uso indebido de los fondos aportados al proyecto, destinando los aportados por Sweet Seeds a cuestiones ajenas al propio proyecto".
En este sentido, trasladó al juzgado que se atribuyeron "personalmente pagos el propio director del mismo" e incumplió "correlativamente su obligación de aportar hasta 112.586 euros, extremo que la UPV no atendió".
Ante los incumplimientos, en 2017 la empresa solicitó una primera reunión al comprobar que los resultados de la investigación no eran los esperados y se intentó llegar a un acuerdo. En esa reunión, según la sentencia, el profesor "exigió más fondos para la publicación de los artículos en abierto, además de exigir que en la autoría del artículo no podía figurar el nombre de la empresa" pese a que había financiado la investigación.
Los meses siguieron pasando sin que la UPV aclarara qué estaba sucediendo. En 2018, la empresa de semillas pidió cambiar al responsable del proyecto y requirió "a la UPV para que se procediese a la designación de un experto independiente que revisase y verificase que los gastos asociados al proyecto se habían llevado a cabo conforme a lo dispuesto en el contrato".
Sin embargo, la respuesta dada por parte del rector de la UPV fue que "la comunicación remitida no había sido acompañada de ningún documento que acreditase la representación de Sweet Seeds, dado que había sido remitida directamente por los abogados".
De igual modo, precisó que "las universidades públicas están obligadas a rendir cuentas de su actividad ante la Sindicatura de Cuentas y que el control financiero de las universidades públicas dependientes de la Generalidad Valenciana se efectúa mediante auditorías anuales bajo la dirección de la Intervención General de la Generalitat", por lo que no era necesario abrir una investigación.
Pese a que el plazo espiró, el trabajo no se finalizó y el catedrático atribuyó el retraso en el informe final de proyecto a la baja por enfermedad de un compañero.
"Por nuestra parte se están tomando las medidas oportunas para tratar de solucionar este problema y tan pronto dispongamos de los resultados, nos comprometemos a elaborar y hacer llegar a la empresa una segunda versión del informe en laque podamos incluirlos y ponerlos a su disposición para consulta si la empresa lo estimara oportuno", expuso.
Imagen del campus de la UPV.
Cuenta vaciada
Empleados de la UPV que declararon en el juicio como testigos apuntaron que "los cargos a cuenta del proyecto son responsabilidad del profesor encargado sin que entre las funciones de sus servicios esté la de controlar si están o no relacionados los cargos con la actividad contratada".
Además, indicaron que "no es habitual el contrato firmado en cuanto en colaborativo aportando fondos propios de la Universidad" y que "la cuenta del contrato se nutrió de las aportaciones económicas de Sweets Seeds de las que iban detrayéndose los cargos efectuados" por el catedrático. A la finalización del proyecto, tan solo figuraba en la cuenta un saldo de 503 euros.
El tribunal subrayó expresamente en la sentencia que, ante la gravedad de los hechos, "se revelaba esencial la testifical del profesor, encargado del proyecto y de su gestión económica, quien podía argumentar el importe de lo presupuestado, los cargos efectuados". Sobre todo, "cuando su informe de 14 de febrero de 2018 arrojaba a esa fecha un saldo de más de 20.000 euros y a la finalización el proyecto tan sólo de 503 euros".
Pero la UPV "renunció a su declaración en el acto de juicio, limitándose a aportar una explicación del profesor en cuestión pero sin que compareciera para poder defender lo afirmado en el documento, contrastar la veracidad de sus respuestas y declarar bajo juramento debidamente advertido de sus responsabilidades".
El perito que examinó la documentación en el juicio estimó que la subvención concedida de la Generalitat se incluyó como un ingreso. Sobre las facturas electrónicas incluidas en el expediente, precisaba "que son válidas pero no están apoyadas en documentos que las justifiquen por lo que no permiten depurar su contenido".
Por ello, apreció "en la gestión económica de este proyecto los criterios de imputación no están normalizados, no se aplican con rigor y sobre todo no se vigilan, estando siempre al criterio del profesor encargado".