La Guardia Civil investiga si el PSOE se financió con contratos de Acuamed en la época de Narbona

Cristina Narbona fue ministra de Medio Ambiente entre 2004 y 2008, durante la primera legislatura del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Una etapa ahora en al cual algunas empresas públicas y otras privadas se encuentran en el punto de mira de la justicia.

El juzgado del caso Azud, la macrocausa contra la corrupción que ha aflorado 20 años de pillaje de PP y PSOE en la Comunidad Valenciana, ha certificado que los socialistas cobraron una supuesta mordida cercana a los 500.000 euros para la campaña de las elecciones autonómicas y municipales de 2007 a cambio de favorecer los intereses de las empresas bajo sospecha.

Pero la recaudación final obtenida a costa de Acuamed con estos métodos podría superar los 2 millones de euros, según apunta la información a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. La Guardia Civil ha localizado entre los documentos que halló en casa del extesorero del PSOE en Valencia y exvicepresidente de Bancaja, José María Cataluña, unas notas con supuestos pagos en B bajo y las condiciones de adjudicación de Acuamed en contratos de grandes infraestructuras hidráulicas.

[El PSOE montó su propia 'Gürtel' en Valencia con el mismo sistema y empresas que financiaban al PP]

El trasvase del Júcar-Vinalopó, una obra adjudicada por Aguas del Júcar SA -empresa pública que más tarde fue absorbida por Acuamed- y que superó los 150 millones de euros, está bajo la lupa de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción. Cataluña guardó en su casa de Gilet (Valencia) documentos escritos a mano con las adjudicaciones de al menos cinco de los tramos y las empresas escogidas.

Documento hallado en casa del tesorero del PSOE Valenciano sobre el Júcar-Vinalopó.

En el listado aparecen sociedades como Acciona, Construcciones Luján, Facsa o Cleop, todas grandes compañías que también figuran en diversos procedimientos judiciales como financiadores del PP en la misma época en la que el PSOE habría manejado su propia caja B en Valencia.

Los pagos de las empresas no están reflejados en la facturación y contabilidad oficial del partido. Y el sistema imita el modelo que la Gürtel desplegó en Valencia: empresas de comunicación y marketing que facturan a terceros por servicios que en realidad habrían sido prestados al PSOE valenciano.

Algunas de las notas de Cataluña recogen comisiones de hasta el 6% y en los últimos días agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han desplazado a Valencia para interrogar a nuevos imputados y testigos, entre ellos destacados dirigentes del PSOE valenciano. Estos hechos motivaron una decena de registros la semana pasada y se investigan en una pieza separada del caso Azud que permanece secreta a la espera de que la Guardia Civil complete sus diligencias.

1.797 millones en desaladoras

Durante la etapa de Narbona en la cartera de Medioambiente, el Gobierno de España desplegó una política de construcción de desaladoras como alternativa al trasvase del Ebro, y supusieron una inversión de 1.797 millones de euros gestionados por Adrián Baltanás, director de la empresa pública Acuamed, uno de los colaboradores de confianza de Narbona.

"Más agua, en menos tiempo y más barata", era la frase a la que recurría Narbona para justificar la inversión pública.

No es la primera vez que la gestión de Acuamed y los contratos de las desaladoras aparecen vinculados a supuestos casos de corrupción. En los últimos años, Narbona ha reconocido los sobrecostes y despilfarro en la empresa estatal, pero ha negado cualquier irregularidad en su gestión.

Una de las empresas que se benefició de los contratos de publicidad de Acuamed fue Crespo Gomar, la agencia que también desarrolló la campaña de las elecciones municipales y autonómicas del PSOE en Valencia en 2007. El tesorero del PSOE valenciano guardó unas notas con saldos bajo el epígrafe de Crespo Gomar que también han sido intervenidas por la Guardia Civil.

La juez ya ha imputado en esta investigación a Joan Navarro, el que fuera director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la sociedad pública Acuamed entre 2006 y 2008. Navarro también fue jefe de gabinete del exministro Jordi Sevilla y la Guardia Civil ha encontrado correos electrónicos que confirmarían su participación en la trama.

7 millones en efectivo

Entre ellos está uno enviado por Joan Navarro al empresario valenciano Jaime Febrer, uno de los principales investigados del caso Azud, en el que adjuntó un listado con las últimas licitaciones de la sociedad pública estatal y en el que se refería, remarcado en rojo, a la obra de la desnitrificadora de L'Eliana (Valencia).

Este proyecto contó con un presupuesto de 16,8 millones de euros y Navarro le trasladó que era "interesante" y que su firma de obra pública se presentara. La juez acusa al empresario Febrer de utilizar sus empresas para generar hasta 7 millones de euros en efectivo para corromper a cargos públicos.

"Al menos para que empiece a ser conocida en la casa. Hablamos la semana próxima, pero sería bueno que tu gente se ponga a trabajar ya en ello", trasladó Navarro en el correo. 

La UCO consideró "significativo" este mensaje de Navarro y en la mecánica habría colaborado José Luis Vera, un exmagistrado del cuarto turno que el PSOE colocó en 2015 en la Diputación de Valencia para perseguir la corrupción del PP tras la derrota de la derecha en las urnas.

José Luis Vera, exmagistrado vinculado al PSOE investigado en la trama.

La trayectoria jurídica de Vera daba apariencia de legalidad y solvencia a todas las operaciones, pero la Guardia Civil cree que en realidad actuaba de conseguidor de contratos públicos y le atribuye el cobro de más de 1 millón de euros en comisiones

Esta actividad en Acuamed se expandió por Administraciones públicas gobernadas por el PSOE y "utilizando para ello sus importantes vínculos e influencias dentro de ese partido", según expone la juez instructora en uno de los autos iniciales que motivó la investigación.

Joan Navarro ya fue interrogado por la Guardia Civil al inicio de la investigación. En su primera declaración afirmó que su trabajo en Acuamed era de carácter técnico y no tenía capacidad de decisión en el ámbito de los convenios.

Según su declaración, conocía a Vera desde 1994, debido a cuestiones profesionales relacionadas con el PSOE y únicamente dijo que había gestionado con él en un proyecto en Xixona, en Alicante, donde intervino para verificar la necesidad de comprar agua de los regantes pero no negoció nada.

Tras esta operación en Xixona, según los investigadores, el PSOE de Valencia recibió más de 100.000 euros que usó para financiar una campaña de Unión Valenciana, un partido regionalista, y robar votos al PP.

Tras el hallazgo de los papeles de José María Cataluña, los hechos se han articulado como un supuesto cohecho, cuyo delito no estaría prescrito. El extesorero del PSOE de Valencia ha presentado un escrito al juzgado en el que ha solicitado la destrucción inmediata de estos documentos.